Detenida una funcionaria del Ayuntamiento de Santa Pola a la que se acusa de 19 delitos de cohecho

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una funcionaria del Ayuntamiento de Santa Pola, en Alicante, a la que se imputan 19 presuntos delitos de cohecho, que habría cometido en los últimos 10 años. La mujer, supuestamente, se apropió de una cantidad en torno a los 40.000 euros de forma indebida, según han constatado los investigadores. Hay 2 empresarios investigados como los supuestos responsables de numerosos ingresos en la cuenta privada de la funcionaria, presuntamente a cambio de que sus empresas fueran contratadas por el citado consistorio. Todo ello, según se desprende del comunicado emitido por la Guardia Civil.

Santa Pola es un importante municipio turístico de la Provincia de Alicante, donde viven poco más de 33.000 habitantes, que se multiplican en verano. Está próximo tanto a la capital de la provincia como a Elche, la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, y a Guardamar. Hoy, el escándalo ha saltado en Santa Pola, al conocerse que la Guardia Civil había detenido a una funcionaria del Ayuntamiento, de 52 años, española, a la que se imputan un total de 19 delitos de cohecho.

Las investigaciones que han derivado en esa detención fueron iniciadas a finales de 2020 por la Guardia Civil de Santa Pola, tras tener conocimiento de que una funcionaria que trabajaba en una de las concejalías del ayuntamiento de la localidad podía haberse apropiado de forma indebida y aprovechándose de su cargo de una parte de una subvención concedida a una asociación local. Fue el propio ayuntamiento, gobernado por la popular Loreto Serrano, el que promovió el inicio de la investigación: había recibido la queja de una empresa y de un particular sobre esa misma subvención.

Según informa la Guardia Civil, una de las tareas de la funcionaria era la de informar las solicitudes de autorización que los empresarios presentaban ante el Ayuntamiento para realizar determinadas actividades en Santa Pola. Según corroboraron los investigadores, la mujer, supuestamente, pedía dinero a cambio de informar positivamente. Las cantidades, siempre según la Guardia Civil, oscilaban entre los 500 y los 2.500 euros, en función del beneficio que iba a obtener la empresa solicitante en caso de obtener la autorización pertinente.

Siempre según el comunicado de la Guardia Civil, la presunta autora se quedaba, supuestamente, con parte o la totalidad del dinero de algunas subvenciones, para lo que habría falseado documentación, contratos o incluso la firma de los beneficiarios. La detención, que no ha trascendido hasta hoy, se produjo a principios del pasado mes de diciembre. A la mujer se le imputan 19 presuntos delitos de cohecho pasivo, además de otros 2 supuestos delitos de falsificación de documentos, un presunto delito de apropiación indebida de cantidades económicas y un delito de supuesta usurpación. Además, en el momento de su detención, los agentes supieron que la mujer estaba reclamada por un juzgado de Murcia por una presunta estafa a un prestamista.

En el marco de esta operación, la Guardia Civil ha investigado también a dos directivos de empresas con sede en Cox (Alicante) y Molina de Segura (Murcia), a los que se les imputa un presunto delito de cohecho activo. Las diligencias han sido puestas ante los juzgados de Elche. Los presuntos autores se encuentran en libertad con cargos. La funcionaria, que se encontraba en situación de baja médica desde hacía unos meses, ya ha sido retirada de sus funciones.