Ultimátum del TSJC a la Generalitat: tiene 10 días para aplicar el 25% de clases en castellano

Diez días. Es el plazo que tiene la Consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña para aplicar el 25% de las clases en castellano en las escuelas catalanas dónde las familias lo hayan solicitado. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado firme la sentencia y ha otorgado ese plazo al Govern de Pere Aragonés para ejecutarla.

En el escrito, el tribunal declara firme la sentencia dictada el pasado 16 de diciembre de 2020 tras la inadmisión del recurso de la Consejería de Educación ante el Tribunal Supremo. Los magistrados han comunicado el contenido del fallo a fin de que «una vez acuse recibe de la comunicación en el plazo de diez días desde su recepción, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo».

Los profesores piden «desobedecer»

El principal sindicato que reúne al profesorado en Cataluña, USTEC-STES, ya ha reaccionado a la decisión del TSJC, escasos cinco minutos después de conocerse la interlocutoria. Los profesores separatistas hacen un llamamiento a la desobediencia y a la insurrección por parte de los centros y del profesorado docente. Reclaman al Gobierno catalán el apoyo necesario para cubrir legalmente las decisiones que tomen los funcionarios para defender la lengua catalana.

Centros insumisos

Tres institutos de la provincia de Gerona se han declarado insumisos y se niegan a impartir el 25% de las clases en español. Incumplen así la sentencia del Tribunal Supremo, ahora ya firme y de obligado cumplimiento en un plazo máximo de diez días, que obliga a que los alumnos que lo deseen puedan recibir la enseñanza en castellano.

Los institutos de Sarrià de Ter, Celrà y Salvador Espriu de Salt han decidido mantener el proyecto lingüístico «de forma íntegra». Eso supone que ningún alumno de estos centros educativos podrá pedir las clases en castellano, algo que choca frontalmente con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a las familias que quieren optar por la inmersión lingüística también en castellano.

Estas son las tesis que se han defendido desde la Generalitat y los independentistas más abyectos, tomando como ejemplo la violencia y el acoso que se ha producido a raíz del caso de la familia de Canet, que pidió que su hijo de cinco años recibiera las clases en castellano al amparo de la sentencia del Supremo.

Desde la Generalitat de Pere Aragonés se ha animado a la insumisión de los centros escolares ante una medida que deja únicamente una cuarta parte de las clases en castellano, como ahora hacen estos tres institutos de Gerona. El consejero de Educación, Josep González – Cambray (ERC), trasladó su apoyo a los funcionarios que decidieran desobedecer a los tribunales.