Le Senne (Vox) lleva al Parlament balear que él mismo preside ante la Justicia por colgar la bandera LGTBI

El juez admite a trámite la demanda del presidente de la Cámara autonómica y le reclama toda la documentación

Le Senne considera que la bandera arcoiris no podía colgarse al no haber existido un acuerdo unánime

Le Senne bandera LGTBI
La bandera LGTBI en la fachada del Parlament balear.
Miquel Ángel Font

Gabriel Le Senne (Vox) lleva ante la Justicia el Parlament balear que él mismo preside por haber colgado la bandera LGTBI en la fachada de la Cámara autonómica. A finales de junio los servicios jurídicos de Vox presentaron la demanda ante los tribunales solicitando que se ordene la retirada de la bandera LGTBI de la fachada del Parlament balear como medida cautelarísima. La demanda la firmó Vox y el propio Le Senne a título individual como diputado autonómico.

Ahora, el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Palma ha  admitido a trámite la demanda y así lo ha comunicado a la Mesa del Parlament.

La demanda judicial contra el Parlament se presentó a finales de junio y justo después de que se colgara la bandera LGTBI en la fachada del edificio. La bandera se colgó en una de las venas de la fachada que da a la calle Conquistador con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo.

La decisión de colgar la bandera venía refrendada por un acuerdo de la Mesa de la Cámara autonómica a instancias de Més per Mallorca, con los votos a favor de PSOE y PP y en contra del único miembro de Vox, el presidente Gabriel Le Senne.

Éste calificó de «traición» del PP su voto a favor de colgar la bandera, argumentando que tenían un acuerdo por el que sólo se exhibirían símbolos distintos de los oficiales cuando se aprobara por unanimidad.

En el escrito ante el Juzgado, Le Senne (que aparece como promotor de la demanda como diputado de Vox) recalca que la bandera arcoíris «no corresponde con las banderas institucionales que prevé la legislación»

En el escrito al juez, Le Senne expone que su grupo parlamentario presentó una petición de reconsideración a ese acuerdo argumentando que «no es compatible con la normativa que rige la colocación de banderas en edificios públicos» y que por tanto el acuerdo no debía ejecutarse.

«Para evitar que se realicen lecturas que pudieran malinterpretar este recurso con interpretaciones políticas», el escrito apela a artículos de la Constitución y la Ley que regula el uso de la bandera de España y otras enseñas. El recurso habla del «uso de esta bandera para fines partidistas al querer identificarlo con posturas ideológicas».

«El hecho impugnado se aparta de la legalidad en cuanto a que en el imaginario del ciudadano se ha transmitido, (añadimos con todo nuestro respeto, de forma falaz) que con la pancarta, bandera o insignia del arco iris corresponde, en mor de una apropiación interesada, a la defensa realizada por algunos partidos políticos del que denominan colectivo LGTBI, como si otros partidos no realizaran defensa de las personas integrantes en el mismo», argumenta.

Por todo ello considera que mantener la bandera implica incurrir «en una clara ilegalidad». Para reforzar su recurso cita jurisprudencia del Tribunal Supremo y de otros órganos judiciales de diversas regiones.

El malestar de Vox por la exhibición de la bandera arcoíris también se extendió al Consell de Mallorca, donde sus colores se pudieron ver tanto en la fachada como en la escalinata principal, con una bandera alargada en cascada sobre los escalones.

El vicepresidente del Consell, Pedro Bestard (Vox), consideró entonces una «provocación» del PP este gesto, reprochándole su «cobardía» y «deslealtad», protestando además porque aseguraba que sus socios no les informaron de la intención de lucir este símbolo.

Bestard afeó al presidente del Consell, Llorenç Galmés, que hubiera «perdido la oportunidad» de traer al Consell la «neutralidad exigible en todas las instituciones» cediendo a «la presión ejercida por la izquierda y los complejos inherentes a su formación».

Para Bestard, «los elementos que generan crispación, división y que no son los oficiales no deben tener un sitio privilegiado en el Consell de Mallorca». «Queda clarísimo qué partido es el único que cumple con lo prometido: Vox. ¿Qué cambios aporta el PP? Ninguno», sentenció.

Ahora el jugado de los Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Palma ha iniciado la instrucción del recurso y ha solicitado al Parlament que le remita el expediente administrativos vinculados al recurso.

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