Prohens exige de nuevo a Sánchez abordar de forma urgente la financiación autonómica de Baleares

El Govern balear de Marga Prohens ha exigido al presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, abordar de forma urgente la financiación autonómica de Baleares, instándole a reunir a la Conferencia de Presidentes para negociar este aspecto crucial para el desarrollo autonómico nacional.

Entre sus principales reivindicaciones, Baleares quiere que se cumpla el principio de ordinalidad que asegura que su capacidad fiscal se mantenga después de aplicar los mecanismos de solidaridad en términos de financiación per cápita.

Todos los países de estructura federal cuyo sistema de financiación incluye el principio de solidaridad (Alemania, Canadá) resuelven este problema a través de este mecanismo. El archipiélago demanda que, siendo la segunda comunidad autónoma española en capacidad fiscal, también ocupe el segundo lugar en financiación después del proceso de nivelación.

Por su parte, los presidentes de Andalucía, Valencia y Murcia (gobernadas por el PP) y también, de Castilla-La Mancha (PSOE), exigen a Pedro Sánchez un fondo extra de financiación autonómica. Juanma Moreno, Carlos Mazón, Fernando López Miras y Emiliano García Page reclaman a Hacienda una compensación por la infrafinanciación que les depara el actual modelo y que, según cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), debería situarse en el entorno de los 3.000 millones de euros anuales.

En este asunto, la presidenta balear sostiene que no se trata tan solo de establecer un fondo, sino de afrontar y renovar, de una vez por todas, el sistema de financiación de las comunidades autónomas y recuerda que el marco vigente «se aprobó en 2009, se tenía que revisar en 2014 y estamos ya en 2024».

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció durante su última comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, que en el presente mes de febrero se iniciarían las reuniones con cada una de las comunidades autónomas de régimen común para negociar la aplicación en cada territorio de la condonación de 15.000 millones de deuda ya acordada para Cataluña.

Prohens ha afirmado que el Govern será reivindicativo en la condonación de la deuda, y no aceptará las migajas de los acuerdos de otra comunidad, en referencia el pacto del Gobierno central con Cataluña, tras el que se contempla la posible quita a diferentes autonomías.
Sostener los servicios

La Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament Balear aprobó el pasado 6 de febrero instar al Gobierno central a crear un nuevo marco de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para la sostenibilidad de los servicios esenciales de la Administración Pública en Baleares teniendo en cuenta el crecimiento poblacional, la población flotante, el coste de la vida y la insularidad.

La proposición, que ha recibido el apoyo unánime de los grupos del Parlament, demanda al Ejecutivo que realice las acciones necesarias para activar todos los mecanismos del Régimen Especial de Baleares que todavía no se han puesto en marcha. El Govern se compromete a enviar, dentro del primer cuatrimestre de cada año, una propuesta de selección y asignación de los proyectos que se tienen que financiar a cargo del factor de insularidad.

En Baleares, la cuestión de la financiación autonómica es un tema crucial. El crecimiento poblacional de las Islas Baleares ha aumentado significativamente en los últimos años. Esto implica una mayor demanda de servicios públicos, como educación, salud y transporte. A los residentes permanentes, hay que añadir la población flotante, la gran cantidad de turistas y trabajadores temporales que cada año reciben las Islas.

Una financiación justa con las Islas

Vivir en las Islas es más costoso que en otras regiones de España. Los precios de bienes y servicios son más altos, lo que afecta directamente a los ciudadanos y la sostenibilidad de los servicios públicos. La insularidad presenta desafíos logísticos y de infraestructura.

Los costes de transporte y comunicación son mayores, lo que requiere una financiación específica y, a diferencia de las Islas Canarias, que tienen un régimen fiscal propio, en las Baleares no hay exenciones fiscales ya que el sistema fiscal es el mismo que en la península.

Prohens, tras reunirse el pasado 8 de febrero con la Plataforma Insularidad Digna, formada por 21 sindicatos del ámbito de la Administración General, como Policía, Guardia Civil, funcionarios de prisiones, Tráfico, etcétera, ha reclamado al Gobierno que dote una partida mínima de 18 millones para aumentar el plus de insularidad de los funcionarios estatales destinados en Baleares, un complemento que lleva 18 años sin actualizarse y resulta absolutamente insuficiente para el coste de vida en la comunidad.

Prohens ha recalcado que ya trasladó esta petición en su primera carta al presidente del Gobierno, para que fuesetenida en cuenta en los Presupuestos Generales de 2024 que tenían previsto aprobarse en febrero, a más tardar en marzo, pero la hoja de ruta se ha visto alterada por las dificultades con la ley de amnistía.

La presidenta ha incidido en que la falta de actualización de este complemento se traduce en que muchos trabajadores cuando tienen que escoger destino descartan venir a Baleares. De hecho, las Islas se convierten en prácticamente una escuela de formación, ya que, tras formarse los funcionarios destinados a las Islas como primer destino, en cuanto pueden buscan otro lugar en la península donde el coste de la vida sea más asumible para el salario que reciben.

Prohens ha recalcado que las consecuencias las sufren los ciudadanos porque las vacantes repercuten en los servicios públicos, tanto en seguridad como en Justicia, Seguridad Social, Extranjería, etc.

De ahí la necesidad imperiosa para el Govern de que el Gobierno central tome medidas concretas para garantizar condiciones laborales justas y adecuadas para los trabajadores de la Administración General del Estado en las Islas Baleares, contribuyendo así al bienestar tanto de los empleados como de los ciudadanos que dependen de los servicios que estos proporcionan.