El juez investiga la persecución del Govern de Armengol a la empresa denunciante de la corrupción

El Juzgado de Instrucción número 7 de Palma instruye una causa por supuesta falsedad documental y persecución de tres funcionarios de la Conselleria de Industria de Baleares a la empresa denunciante del ‘Caso Varadero’, cuando el actual portavoz socialista del Govern, Iago Negueruela, era conseller en la pasada legislatura. 

Todo ello se habría cometido, según el denunciante, con el objetivo de proteger a una serie de sociedades del sector náutico afines al pacto de izquierdas y excluir de los puertos de Baleares al Grupo Fabkina que, en 2016 denunció las supuestas irregularidades cometidas por estos trabajadores públicos.

En su denuncia, este grupo empresarial revela la persecución vivida desde los despachos de esta Conselleria viéndose por ello abocada a ejercer su actividad, reconocida posteriormente a nivel internacional, fuera de los varaderos de las Islas.

Y todo ello tan solo por exigir el cumplimiento de la normativa medioambiental y de seguridad laboral a las empresas competidoras. La respuesta que habría recibido por parte de los tres funcionarios defendidos por la Abogacía de la Comunidad Autónoma, fue la de permisividad absoluta con estas supuestas irregularidades y de acoso contra el denunciante, según se expone en la querella.

En concreto, esta empresa relata en su denuncia que hasta 2016 la sociedad denunciante, y otra compañía, eran las dos únicas que suministraban equipos de extracción para su instalación en las cabinas de pintado para embarcaciones.

Fue ese año cuando los varaderos exigieron a las empresas que, en cumplimiento de la normativa europea esos equipos fueran modelo ATEX. Ese mismo año, y al ver que no se cumplía esta instrucción, el Grupo Fabkina interpuso denuncias en la Conselleria de Industria presidida por Negueruela por el incumplimiento sistemático de la normativa exigiendo que se retiraran del mercado los equipos irregulares.

Todo ello, lógicamente, en salvaguarda de la seguridad de los trabajadores y en aras de evitar seguir sufriendo competencia desleal.

Sin embargo, entre 2016 y 2018, los funcionarios querellados permitieron su uso irregular y para «encubrir la permisividad hacia ese incumplimiento han venido emitiendo documentos injustos que faltan a la verdad», expone el denunciante.

Aunque este grupo empresarial era la única empresa que cumplía la normativa, y a pesar de haber sido premiada a nivel internacional tras ser excluida del mercado náutico balear donde no instala equipos desde 2016, ha sido, según el querellante, «discriminada por los querellados y perseguida administrativamente».

La consecuencia de su exclusión de Baleares es la lógica en estos casos: su principal competidor «ha gozado de un cuasi monopolio en lo que respecta a equipos de extracción de pintado de embarcaciones». Por ello el denunciante apunta que el dolo e intencionalidad de los querellados es claro, y que «por alguna presión política, o trato de favor de algunas empresas pertenecientes al sector náutico de Baleares», los querellados habrían permitido el uso irregular de estos equipos, vulnerando la normativa medioambiental y de seguridad hacia los trabajadores.