Armengol ocultó a la Oficina Antifraude de Baleares que las mascarillas del ‘caso Koldo’ eran una estafa

El Govern de Armengol ocultó a la oficina antifraude del Parlament balear, la denominada oficialmente Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción de las Islas Baleares, que los 1,4 millones de mascarillas adquiridas a la empresa principal de la trama del caso Koldo eran fake y que había pagado por ellas 3,7 millones de euros. Ocultó, en definitiva, el fraude de las mascarillas.

En octubre de 2020 este organismo público creado por el anterior Govern publicó un informe de fiscalización del impacto de la crisis de la Covid en el sistema de contratación pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

El objetivo, como se expone en la justificación del informe, era conocer si los recursos públicos destinados a combatir la crisis han sido «expoliados por personas o grupos que se aprovechen ilícitamente de la reducción de los controles sobre el gasto público; resaltar qué aspectos de la gestión de compras debe ser mejorado, y efectuar las recomendaciones oportunas, con la intención última de desarrollar la resiliencia de los recursos públicos para una prolongación de la pandemia o emergencias futuras».

Un informe en el que se incluye la partida de 1,4 millones de mascarillas adquirida por el Ejecutivo de las Islas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL vinculada a Koldo García, mano derecha del ex ministro socialista José Luis Ábalos, y al que se investiga en una supuesta trama de mordidas vinculadas a la compra de material sanitario.

A la hora de analizar la adquisición y el pago de esa partida de mascarillas, en ningún momento la oficina antifraude hace mención al hecho de que el 8 de junio de 2020 el centro estatal que analizaba el material había dictaminado y remitido al Govern un dictamen que concluía que no cumplían los requisitos de una mascarilla FFP2 y que, por tanto, eran inservibles pese a haber abonado ya el Ejecutivo balear 3,7 millones de euros a la citada empresa.

No es de extrañar por ello que la oficina antifraude concluya su informe afirmando que «prácticamente no se observan sobreprecios significativos en los suministros adquiridos» por el Govern. Así lo sentencia el 22 de octubre de 2020 la Jefa del Área de Investigación e Inspección del citado organismo público.

Y ello pese a que, en este caso, el Govern pagó 3,7 millones por mascarillas FFP2, que a la hora de la verdad eran quirúrgicas, más baratas (1,5 euros frente a los 2,5 desembolsados por el Ejecutivo de Armengol) y de peor calidad, que las pactadas.

Pese a conocer lo sucedido, el Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut), en manos de los socialistas con la consellera Patricia Gómez al frente, hoy en la oposición, emitió en agosto de ese mismo año 2020 un certificado de conformidad con este pedido de mascarillas a la empresa clave del caso Koldo, a petición de esta sociedad.

Nada de ello aparece reflejado en el informe de la oficina antifraude del Parlament balear. En relación con esta polémica compra, este informe fiscalizador apunta, en primer lugar, que no se habían adjudicado contratos a Soluciones y Gestión de apoyo a empresas con anterioridad a la declaración del estado de alarma, para el suministro de material de protección sanitaria.

A continuación indica que esta empresa contactó con el IbSalut para avisar que habían fletado un avión repleto de mascarillas FFP2, y que si estaban interesados, ellos se encargaban del transporte hasta Palma, pero el IbSalut se tenía que hacer cargo del gasto del flete y del seguro de transporte desde Madrid hasta Palma.

Este encargo es de fecha 29 de abril mediante un informe justificativo de solicitud de tramitación de emergencia.

Una vez revisada la documentación técnica y revisado que el precio fuera ajustado al que se estaba pagando por las mascarillas FFP2, el Govern encargó 1.480.600 mascarillas de protección para vapores orgánicos FFP2 desechables por un importe total de 3.701.500 euros.

El proveedor emitió una primera factura (número 20.035) por el importe señalado y otra adicional de 56.715,24 euros correspondiente al flete aéreo y el seguro del vuelo Madrid-Palma. Todo, por tanto, se dio por válido, sin que el IBSalut comunicara a la oficina antifraude que las mascarillas no cumplían los requisitos, y habían sido almacenadas.