Endesa detecta 671 casos de fraude eléctrico en Baleares, 13 relacionados con plantaciones de marihuana

La empresa española de electricidad Endesa ha detectado en Baleares un total de 671 casos de fraude eléctrico en la red de distribución de las Islas, con más de  6.641.500 kWh defraudados durante el año 2023. Así, 13 de estos casos están relacionados con plantaciones de marihuana, con un total de 546.444 kWh de energía defraudada en el archipiélago.

Palma es el municipio de Baleares con más expedientes de fraude, con un total de 280 y 2.804.996 kWh de energía defraudada, de los cuales 7 son expedientes vinculados a plantaciones de marihuana. En segunda posición se encuentra Llucmajor con 52 expedientes de fraude e Inca con 29. En Ibiza destacan los municipios de Sant Antoni de Portamany y Santa Eulària des Riu, con 16 casos cada uno. En Menorca hay que resaltar el municipio de Ciutadella con 7 casos, y Maó y es Castell con 5 casos fraude.

Cabe destacar que el fraude eléctrico en España se ha incrementado de manera relevante a lo largo de los últimos años hasta convertirse en un problema grave con especial incidencia en algunas zonas del país. Los últimos cinco años, los casos de manipulación de las instalaciones eléctricas detectados por Endesa han aumentado un 35 % y los vinculados a plantaciones de marihuana casi un 70 %.

La filiar de redes de Endesa, e-distribución, desmanteló en el último año cerca de 150 fraudes al día, una práctica que supone una amenaza grave para la seguridad de las personas y genera perjuicios importantes para el conjunto de la sociedad. El fraude eléctrico cuesta al conjunto de los consumidores españoles aproximadamente más de 2.000 millones el año, que equivale a 69 euros el año por cada punto de suministro.

El director general de Redes de Endesa, José Manuel Revuelta, precisa que «la manipulación de las instalaciones eléctricas afecta a todos los ciudadanos y supone un riesgo físico que puede provocar incluso la muerte de los implicados o de terceros que no tienen nada que ver con esta práctica ilegal, afecta la calidad del suministro y cuesta dinero a todos los consumidores».

Cabe recordar que los cinco últimos años los casos de fraude de todo tipo detectados por e-distribución han aumentado un 35%: desde los 39.300 expedientes del 2019 a los cerca de 53.300 contabilizados el 2023. La energía recuperada vinculada a estos expedientes se ha disparado un 58 % hasta lograr los 662 GWh, cifra equivalente al consumo de 190.000 hogares.

Las plantaciones de marihuana y grandes consumos vinculados a la actividad industrial y los negocios acapararon el 74% de la energía defraudada detectada durante el último ejercicio por la filial de Endesa. La otra cuarta parte correspondió al sector residencial, a pesar de que es destacable que solo el 2 % se localizó a las viviendas con un consumo más bajo, con una potencia contratada inferior a los 3 kW.

Por otro lado, las instalaciones para cultivar marihuana en el interior de edificios, las conocidas como plantaciones indoor, concentran ya el 37 % de la energía recuperada en los fraudes detectados por Endesa, casi diez puntos más que hace un año. Los expedientes por enganches ilegales en la red eléctrica vinculados a plantaciones de cannabis en las zonas donde opera e-distribución han aumentado cerca de un 70 % los cinco últimos años, y la energía recuperada en estos expedientes se ha incrementado un 83 % en el mismo periodo. Además, cada día del 2023, los técnicos de e-distribución desconectaron de la red una media de siete plantaciones de marihuana.

Asimismo, cada plantación consume, de media, como 80 viviendas, y por eso el impacto de estas instalaciones fraudulentas en las pérdidas del sistema eléctrico y en el deterioro de la calidad del suministro en zonas con un porcentaje de fraude elevado es evidente.

Se estima que las plantaciones de marihuana consumen en España cerca de 2,2 TWh de electricidad, equivaliendo al consumo de Sevilla en un año. En algunas zonas, acaparan hasta el 80% del consumo eléctrico y los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan mediante conexiones ilegales que causan daños graves en la red eléctrica.

Por si fuera poco, generan sobrecargas que activan las protecciones de los centros de transformación provocando interrupciones de suministro que afectan todos los vecinos de la zona y, en casos extremos, llegan a originar incendios en líneas subterráneas o incluso en centros de transformación acabados de instalar. Durante el último año, se incendiaron 14 centros de transformación solo en Sevilla y Granada por sobrecargas derivadas del fraude.

La proliferación de estas instalaciones ilegales controladas por verdaderas organizaciones transnacionales con una potente actividad criminal, según los datos del Ministerio del Interior, supone, además, un riesgo para la actuación de los inspectores y técnicos de e-distribución, que tienen que actuar encapuchados para evitar ser identificados y desarrollan su tarea con acompañamiento policial.

En España la defraudación de fluido eléctrico está tipificada como un delito leve con pena de multa a diferencia de países como Francia, Alemania, Portugal o Italia, donde se considera un delito grave que puede implicar pena de prisión.