Baleares tiene más personas en lista de espera que beneficiarios de la Renta Social

Un total de 2.199 perceptores están en la lista de espera para acceder a la Renta Social Garantizada (Resoga) en Baleares, una cifra que, según datos actualizados hasta el pasado mes de septiembre, es superior al número de perceptores, 2.052.

Así lo ha detallado este jueves la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament.

Fernández ha comparecido de forma voluntaria para dar cuenta de la auditoría interna que detectó pagos indebidos de la Renta Social Garantizada (Resoga) que podrían oscilar entre los 1,6 y los 2,4 millones de euros y que ya presentó hace días en una rueda de prensa.

Estas cuantías, que los beneficiarios tendrán que devolver a la administración, se desprenden de una primera revisión de un total de más 4.000 expedientes correspondientes al sistema de gestión Resoga 20.

La consellera, a lo largo de su intervención, ha detallado las actuaciones que desde el departamento que dirige se han realizado para detectar, paliar y evitar que estas irregularidades administrativas se repitan en el futuro.

También ha explicado, con datos actualizados hasta el pasado mes de septiembre, la situación actual en la que se encuentran las prestaciones de esta renta social.

Según las últimas cifras de las que dispone la administración autonómica, hay 2.052 perceptores de estas ayudas, que se corresponden con un total de 3.759 beneficiarios.

Otros 2.199 perceptores se encuentran en unas listas de espera que, ha indicado Fernández, pueden demorarse hasta seis meses en los casos que no tienen requerimientos para completar datos.

«Sí que es cierto que estamos encontrando muchas dificultades en aquellas solicitudes en las que existen requerimientos, porque incluso en algunos casos no recibimos contestación», ha explicado.

Fernández, por otra parte, ha asegurado que la principal «preocupación» de su departamento en relación con los pagos indebidos detectados la Resoga es tener que pedir la devolución de estas cuantías a familias vulnerables.

«No es una cuestión de cantidad sino de cómo va a afectar a muchísimas familias que ahora les tenemos que solicitar un reintegro, y eso evidentemente es un problema para muchísimas familias, sea un euro o 5.000. Porque son familias que seguramente seguirán en situación de vulnerabilidad y esta es la principal preocupación que podemos tener ahora mismo», ha manifestado.

La consellera ha llamado a los diputados a «ponerse en la piel» de las personas que deberán devolver parte de las ayudas percibidas por la falta de revisión de los expedientes desde 2020.

«A mi desde luego que me cuesta mucho aceptar que la administración, por falta de diligencia, ahora esté perjudicando a tantas familias», ha señalado.

Fernández, contestando a las acusaciones lanzadas por parte de la oposición, ha considerado que en ningún momento el Govern ha «criminalizado ni puesto el foco» en las personas que han percibido los pagos indebidos.

«De hecho, en todo momento estoy hablando de pagos indebidos y no de cobros indebidos. Y es con toda la intencionalidad, porque las irregularidades y la deficiente gestión que nos hemos encontrado no es por culpa de los perceptores sino responsabilidad de una administración que no ha sido lo suficientemente diligente», ha subrayado.

También ha garantizado la continuidad de la renta social, negando cualquier tipo de intención del Govern por eliminarla. «De hecho, creímos en ella desde el primer momento», ha apostillado Fernández, quien fue ponente de una ley que ahora defiende que hay que modificar para evitar que puedan producirse nuevos fallos.