El Ayuntamiento de Palma admite que el concesionario de las notificaciones de multas incumplía los plazos

El Ayuntamiento de Palma admite que el concesionario de las notificaciones de multas incumplía los plazos, tal y como expone el jefe de los servicios jurídicos municipales en un reciente informe justificativo del expediente de resolución de la contrata de servicios postales, adjudicada el 5 de septiembre de 2019 a la mercantil Correo Inteligente Postal, S.L.

La resolución municipal del contrato se produjo, según este documento, a causa del «sistemático incumplimiento de los plazos en que debían practicarse las notificaciones de los actos administrativos de esta corporación».

Y es que de acuerdo con el pliego administrativo de la contrata, la reducción de los plazos máximos de notificación fue ponderada como criterio de adjudicación. Si según los pliegos del concurso las notificaciones debían practicarse en el plazo máximo de cuatro días hábiles, en su oferta técnica, la empresa adjudicataria se comprometió a llevarlas a cabo en el plazo máximo de tres días hábiles.

Pero como se indica en la propuesta de acuerdo de inicio de expediente de resolución contractual durante el 2022, el tiempo medio de notificación por mes siempre fue ampliamente superado cada mes, en una ocasión fueron 13 días, otro 12, 18, 25, 17, etcétera.

Por ello, el letrado municipal reconoce no sólo que se han incumplido sistemáticamente los plazos máximos de notificación a que obligaba el pliego, sino que ni siquiera se ha respetado el plazo legal de diez días del artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

La consecuencia de esta demora, tal y como recoge el informe, es que la falta de notificación, la notificación defectuosa y la mora en la notificación de los actos administrativos del Ayuntamiento «compromete los intereses identificados en todos y cada uno de los expedientes afectados».

Téngase en cuenta, a título de ejemplo, que en los procedimientos sancionadores –que acaparan la mayor parte de notificaciones presenciales practicadas en el término municipal- entran en juego brevísimos plazos de caducidad y prescripción, por lo que la falta de notificación, la notificación defectuosa y la mora en la notificación «comprometen el principal interés protegido –disuadir la comisión de conductas tipificadas como infracción administrativa-, así como las arcas públicas municipales».

Por ello, las alegaciones registradas por la contratista en el trámite de audiencia han sido desestimadas íntegramente por el «sistemático incumplimiento de su obligación principal (notificar en el plazo legal de diez días), así como de los plazos a que se comprometió contractualmente (realizar el primer intento de notificación en el plazo de tres días)».

Un informe del Consell Consultiu de fecha 4 de julio también ha informado favorablemente a la resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista y concluye que el procedimiento municipal de resolución contractual es conforme a derecho.

El informe jurídico municipal, por tanto, respaldaría los argumentos de la plataforma de afectados Stop Multas Sin Notificación que en un estudio cifró en 170.000 las multas cobradas y no notificadas por el Ayuntamiento de Palma entre 2021 y 2023. En total serían, según la entidad, más de 39 millones de euros los sustraídos fraudulentamente a las víctimas por la hacienda municipal bajo el mando del ex alcalde socialista José Hila.

El pasado día 12 de julio el nuevo teniente de alcalde de Movilidad y Polígonos Industriales, Toni Deudero, y del director general de Movilidad, Antonio Román, se reunieron con representantes de la citada entidad, con el objetivo de buscar soluciones ante la polémica generada por la imposición de estas multas, durante la pasada legislatura, que los afectados consideran ilegales.

Para este colectivo de haber recibido los afectados la primera notificación en tiempo y forma, la inmensa mayoría de multados no se habrían encontrado nunca con una segunda, tercera, cuarta o quinta, pues esa primera notificación por infracción les habría permitido estar al tanto y rectificar y sanciones de 90 y 100 euros no se habría disparado hasta los 3.000 euros.