El alcalde de Palma abordará el escándalo de las multas cobradas pero no notificadas a 100.000 afectados

El nuevo alcalde Palma, Jaime Martínez (PP), abordará la problemática y el escándalo de las multas cobradas pero no notificadas a 100.000 afectados. Todo ello tras una primera reunión este martes del teniente de alcalde de Movilidad y Polígonos Industriales, Toni Deudero, y del director general de Movilidad, Antonio Román, con representantes la plataforma Stop Multes Sense Notificació con el objetivo de buscar soluciones ante la polémica  generada por la imposición de estas multas, durante la pasada legislatura, que los afectados consideran ilegales.

Durante la reunión, los representantes de la plataforma han expuesto al regidor la actual situación en la que se encuentran los más de 100.000 afectados y han solicitado que se busquen soluciones.

Toni Deudero, tras escuchar a la plataforma, ha explicado que «hemos recabado toda la información disponible sobre esta problemática para poder abordar el problema. Lo que vamos a hacer ahora es averiguar en qué estado se encuentran los diferentes expedientes que se están tramitando y en función de los resultados que obtengamos, se tomarán las medidas más adecuadas y convenientes».

El edil ha insistido en que «ahora lo que importante es conocer a fondo los hechos y sus consecuencias, y posteriormente, se actuará en consecuencia».

Un estudio de la plataforma de afectados cifraba el pasado mes de mayo en 170.000 las multas cobradas y no notificadas por el Ayuntamiento de Palma entre 2021 y lo que llevamos de 2023, y en más de 39 millones de euros los sustraídos fraudulentamente a las víctimas por la hacienda municipal bajo el mando del alcalde socialista, José Hila.

Según esta asociación, de un total de 53 millones que dice haber recaudado el Ayuntamiento de Palma entre 2021 y 2022 por este concepto, 39 millones «son un fraude y un robo: exactamente el 73,58 % de esos ingresos» obtenidos.

Para este colectivo de haber recibido los afectados la primera notificación en tiempo y forma, la inmensa mayoría de multados no se habrían encontrado nunca con una segunda, tercera, cuarta o quinta, pues esa primera notificación por infracción les habría permitido estar al tanto y rectificar. «O sea, habría permitido lo que se supone que es el objetivo de una sanción: avisar para prevenir a futuro», indicaban en el estudio.

Hay que tener en cuenta que sanciones de 90 y 100 euros se iban acumulando una detrás de otra, por no identificación -que duplican o triplican cada una de ellas el importe inicial- sin enterarse el afectado de nada. La mayoría de personas multadas se enteraban de lo ocurrido cuando el Ayuntamiento, a través de la Agencia Tributaria, procedía al embargo de sus bienes o nóminas.

Por ello la plataforma sostiene que era indispensable la participación de una empresa que ha fallado sistemáticamente a la hora de hacer los intentos de entrega (CI Postal), con detenidos, incluso responsables, por falsificación de firma y por irregularidades en la entrega y la colaboración de los responsables municipales, y un Ayuntamiento siguió que dando por válidos los falsos intentos de entrega. Todo ello pese a las reclamaciones, quejas y los procesos judiciales en curso, tras la primera detención de un trabajador de CI Postal a finales de 2020, y después de varios responsables más, a principios de 2021