Armengol pagó 2,77 millones de euros de forma ilegal a 604 beneficiarios con la renta social

La Consejería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear ha detectado que la Renta Social Garantizada (Resoga), bajo la presidencia de Francina Armengol (PSOE), abonó indebidamente 2.770.434 euros a 604 personas entre enero de 2017 y mayo de 2025. Los datos, provisionales y agregados para los programas Resoga 16 y Resoga 20, los ha obtenido OKDIARIO tras una revisión extraordinaria que aún continúa en marcha.

En documentos a los que ha tenido acceso este periódico, la consejera Sandra Fernández Herranz desvela un marasmo de presuntas irregularidades en la gestión de estas ayudas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad económica.

La principal causa de los cobros indebidos han sido ingresos laborales por encima del umbral máximo permitido. Le siguen decenas de casos por ingresos procedentes de otras prestaciones que superaban el límite establecido y una treintena de beneficiarios que percibían el Ingreso Mínimo Vital (IMV) por cuantía igual o superior a la Resoga.

Entre las irregularidades detectadas también figuran cuatro casos de salidas del territorio de las Islas Baleares superiores a un mes en un período de 12 meses, seis incumplimientos de inscripción en el padrón y tres renuncias a la prestación no comunicadas. Además, se han identificado ocho casos de variaciones en la unidad de convivencia que disminuían el importe a percibir.

Suspensiones masivas

La revisión ha afectado a 6.437 expedientes suspendidos: 2.380 de Resoga 16 y 4.057 de Resoga 20. Destaca especialmente que 1.208 expedientes de Resoga 16 percibían simultáneamente el IMV por importes incompatibles, mientras que 505 presentaban altas en la Tesorería General de la Seguridad Social.

En Resoga 20, todavía quedan 2.977 expedientes pendientes de determinar por la revisión en curso. El documento revela que 763 beneficiarios han obtenido ingresos laborales por encima del umbral permitido y 117 han recibido otras prestaciones incompatibles.

La documentación oficial reconoce que las suspensiones masivas de junio de 2023 carecieron de procedimiento formal. «No existe documentación sobre esas suspensiones masivas, simplemente se llevó al cabo el cruce de datos con TGSS y se procedió a suspender los expedientes en la aplicación informática, sin más trámite», admite textualmente la resolución.

Además, «no consta que se remitiesen notificaciones en ninguna de las suspensiones analizadas hasta ahora, ni el motivo por el que no se cursaron», según el mismo documento.

Ausencia de protocolos

Una de las revelaciones más significativas es la inexistencia de protocolos escritos de control y supervisión durante la gestión anterior, que abarcó de 2015 a 2023. El documento señala expresamente: «Protocolos de control y supervisión: no consta su existencia por escrito».

Tampoco se han localizado informes de seguimiento más allá de los datos publicados en el Portal de Estadísticas de la Consejería. La resolución confirma que «no consta la existencia de informe de seguimiento alguno» durante ese período.

Los cruces de datos con la Seguridad Social comenzaron el 30 de junio de 2023, pero no se realizaron comprobaciones sistemáticas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria ni con otros organismos hasta fechas recientes.

El primer protocolo escrito no llegó hasta el 8 de mayo de 2024 –ya con Marga Prohens en la Jefatura del Ejecutivo balear–, con la Instrucción 1/2024 del director general de Asuntos Sociales. Desde noviembre de 2023 se realiza una revisión mensual antes de confeccionar las nóminas.

Recuperación de fondos

Hasta el 30 de diciembre de 2025, la administración autonómica sólo ha podido recuperar 30.023,32 euros de los 2,77 millones adeudados. Se han iniciado 446 expedientes de reintegro: 45 de Resoga 16 y 401 de Resoga 20.

La Consejería ha contratado a la empresa NTT Data por 167.910 euros (IVA incluido) para agilizar la revisión de expedientes, con un plazo máximo de ejecución de seis meses desde noviembre de 2025.

El documento advierte que «no puede precisarse un plazo siquiera estimado para el reintegro total» porque la revisión aún está en curso. Los derechos a favor de la comunidad autónoma prescriben a los cuatro años, según establece la Ley de Finanzas de Baleares.

Evolución presupuestaria

Los datos presupuestarios revelan importantes desviaciones. Entre 2018 y 2023, el gasto ejecutado superó sistemáticamente lo presupuestado, con un pico en 2022 cuando se gastaron 17 millones más de lo previsto.

El número de beneficiarios ha descendido progresivamente desde el máximo de 12.563 en 2019 hasta los 3.601 registrados en noviembre de 2025. El total ejecutado en la década analizada asciende a 206,2 millones de euros, con un sobrecoste agregado de 4,8 millones respecto al presupuesto inicial.

Actualmente, 13 de los 47 empleados del Servicio de Resoga se dedican en exclusiva a tareas de control y revisión. El Govern prevé aprobar el primer plan anual de revisión en enero de 2026 y reformar la ley para recuperar el requisito de tres años de residencia legal, entre otras medidas.

La magnitud de las irregularidades detectadas plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control de las prestaciones sociales en las Islas Baleares, un debate que promete extenderse mientras continúa la revisión de miles de expedientes aún pendientes de análisis.