El Govern de Armengol pagó la Renta Social de forma indebida a medio millar de personas que tenían trabajo

Fraude en Baleares con la Renta Social Garantizada (Resoga). El anterior Govern del pacto de izquierdas que presidía Francina Armengol pagó de forma indebida la Renta Social Garantizada durante el año 2023 a medio millar de personas que estaban dadas de alta en la Seguridad Social y, por tanto, trabajaban y no tenían derecho a percibir las prestación. Sucedió todo esto cuando la consellera responsable de Asuntos Sociales era Fina Santiago, de Més per Mallorca, la formación independentista socia del PSOE del Armengol.

Según ha denunciado este miércoles la actual consellera de Familia y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, el 20% de los perceptores de la Renta Social no tenía derecho a la prestación al estar trabajando.

La Renta Social Garantizada de Baleares es una prestación periódica dirigida a cubrir las situaciones de vulnerabilidad social derivada de la carencia de recursos económicos de las personas, familias u otros núcleos de convivencia.

Cirer ha informado que una de las primeras sorpresas que tuvo al llegar a la Conselleria fue ver que de junio a julio de 2023 -cuando todavía la Conselleria estaba liderada por el anterior Ejecutivo- se dio una bajada de perceptores de cerca de 500 personas. En estos meses el Govern del pacto de izquierdas ya había perdido las elecciones celebradas en el mes de mayo y estaba en funciones.

Los perceptores de la Renta Social pasaron repentinamente de 3.332 en junio de 2023 a 2.842 en julio; por tanto, cayeron en 490 personas.

«Este hecho nos sorprendió, primero porque teníamos un desconocimiento global de cómo funcionaba la Conselleria y porque vimos que no había pasado esta bajada en esos meses en otros años», ha indicado Cirer.

En esta línea, ha mencionado que en junio se realizó un cruce de datos con la Tesorería de la Seguridad Social, detectándose este 20% de personas que cobraban la Resoga cuando estaban dadas de alta. Este es el dato, según la consellera, «que explica la bajada de junio a julio».

Cirer no ha  acusado de mala intención al anterior Govern de Armengol por el pago indebido de la Renta Social aunque sí se ha referido a la falta de rigor en la gestión y control de la prestación. «Se debe asegurar la rigurosidad en la gestión», ha afirmado. También ha lamentando que han tenido que pagar 500 euros en concepto de costes judiciales por la caducidad de un procedimiento de reclamación de ingresos indebidos.

La consellera Cirer ha destacado también la importancia de realizar un cruce sistemático de datos con la Seguridad Social que hubiera permitido saber si un perceptor ha tenido acceso a un lugar de trabajo y, por tanto, debe dejar de recibir la prestación. Este cruce de datos no fue realizado por la anterior Conselleria de Asuntos Sociales que presidía Fina Santiago.

Al respecto, la consellera ha matizado que a finales de junio sí se realizó este cruce, que permitió descubrir que un 20% de los perceptores estaban dados de alta. Con todo, no ha sabido explicar el motivo por el cual la anterior Conselleria decidió realizar este cruce. «Supongo que se hizo porque la intención era buena», ha opinado.

En enero de 2023 la Resoga contaba con un total de 3.387 perceptores, y el año acabó con 2.753. Además, entre enero y diciembre del año pasado se gestionó un importe total de 28,9 millones de euros, al que hay que sumarle una paga extra de cerca de un millón que entraba dentro de las medidas del equipo de gobierno anterior en el concepto de Escudo Social. En 2022, el importe gestionado fue de 29,3 millones de euros.

Aumento inexplicable del número de perceptores de la Renta Social

En cuanto a la evolución de estas ayudas a lo largo de 2023, el número de perceptores aumentó hasta el mes de mayo y, como se ha explicado anteriormente, de junio a julio se observó una bajada de cerca de 500 personas «que no había pasado otros años».

«A la vista de esta evolución inexplicable», la consellera anunció, en una sesión de control en el Parlament, que realizaría una auditoría interna para conocer cómo se llevaba a cabo esta prestación, cuyos resultados estarán listos «de aquí a unos meses».

La consellera ha mencionado, al respecto, una serie de circunstancias que bajo su juicio se deben corregir, al considerar que «no son correctas tal y como se estaban llevando a cabo».

No se hacían las revisiones anuales de la Renta Social

En primer lugar, ha hecho referencia al cumplimiento del artículo 32 de la ley, que establece una revisión anual de todos los expedientes para comprobar que se mantienen las condiciones que dan derecho a los perceptores.

«Según parece, no se ha hecho de forma sistemática; esto permitiría haber detectado cambios de domicilio, que suponen una modificación en la percepción», ha ejemplificado Cirer.

Entre las propuestas que la consellera ha hecho para mejorar el funcionamiento de la Resoga, se encuentran algunas como la reestructuración del departamento; la aplicación de programas de cruce datos con la Seguridad Social y otras instituciones como los ayuntamientos; la reactivación de la comisión técnica de la Resoga, y continuar colaborando con el servicio de auditoría y seguir sus instrucciones.

Preguntada por el motivo de la auditoría, Cirer ha asegurado que su objetivo es «de funcionamiento, para mejorar la gestión de la Resoga y hacerla más eficiente, y evitar problemas de los perceptores».

«Dije desde el principio que quería ser responsable de los errores y aciertos desde que llegué a la Conselleria, y creo que hay una serie de cosas que no funcionaban bien con esta prestación», ha reiterado.

Obligados a devolver el dinero

Asimismo, interrogada por si este 20% que recibió las prestaciones de manera indebida el año pasado está obligado a devolver estas cantidades, la consellera ha señalado que «la ley es clara en este sentido» y «establece que las prestaciones indebidas se tienen que devolver», aunque ha detallado también que una persona que es perceptora de esta ayuda no suele tener esa cantidad a devolver.

«Queremos, con la eficiencia de esta prestación, que se cumpla la normativa pero también evitar problemas a los perceptores», ha concluido.