El Govern de Armengol privatiza la oficina de información de las ayudas y prestaciones sociales

El Govern de Armengol privatiza la oficina de información de las ayudas y prestaciones sociales, en concreto, el denominado Servicio de Información y Atención a la Ciudadanía que depende de la Conselleria de Asuntos Sociales liderada por la consellera independentista de Més per Mallorca, Fina Santiago.    Desde septiembre será gestionado por la empresa Intress, la única que se ha presentado a un concurso adjudicado por más de cuatro millones y medio de euros, y que lo gestionará durante los próximos seis años.

Este servicio que tramita las ayudas y prestaciones sociales autonómicas a las que tiene derecho la población más vulnerable, caso de la renta social garantizada o las relacionadas con la dependencia, contaba actualmente con siete empleados públicos en plantilla que atienden de media a unas 42.000 personas por año, casi 30.000 de ellas, de manera presencial.

A finales de julio, desde la dirección política de esta Conselleria se les comunicó que pasarían a realizar tareas administrativas en otros departamentos, sin que se haya informado de este proceso de externalización a los representantes sindicales en la mesa sectorial de servicios generales.

Por ello desde UGT Servicios Públicos, lamentaron en un comunicado la externalización del servicio de información porque «la privatización va en dirección contraria al modelo de apostar por lo público que, hasta ahora, ha mantenido el Govern», criticó el sindicato que expresó su temor a que el servicio pierda el carácter social y la sensibilidad con la que se trata a la ciudadanía más vulnerable, y se sustituya por «prioridades de rentabilidad económica»

Junto a ello, UGT criticó que la consellera «debería haber informado a los sindicatos porque estas personas verán modificadas de manera sustancial sus condiciones laborales», censuró la central que denunció el «oscurantismo» de la Conselleria por no informar a la plantilla hasta la semana pasada, coincidiendo con el periodo vacacional y hacerlo de forma verbal, y sin que existiera participación sindical alguna en el proceso.

Otra de las críticas es que esta externalización se ha realizado de forma paralela al proceso de estabilización de las plantillas y ha «interferido» en su desarrollo.

El proceso de privatización de este servicio de información de la Conselleria de Asuntos Sociales se habría realizado, además, de manera «improvisada» y «precipitada» porque el pasado marzo salieron las bases de la adjudicación, y hace menos de un año, que se convocó el concurso de traslados con el que se han adjudicado plazas para este servicio.

Tras señalar que privatizar «no es la solución», ya que supone «delegar» la responsabilidad de la Administración y «desentenderse» a través del pago a una empresa con dinero de la ciudadanía, UGT aseguró en un comunicado que «lo realmente eficiente y estable es aumentar las plantillas del personal para dar mejor servicio a la ciudadanía».

Por todo ello, instó a la consellera Fina Santiago a replantear la decisión de privatizar este servicio de información del Govern dado que aún no es una decisión «firme», porque de lo contrario, significará «reconocer el fracaso de su gestión en la Conselleria de Asuntos Sociales», zanjó el sindicato.