Armengol desprecia a unos funcionarios que le exigen una reunión para subir el plus de residencia

Alrededor de 150 funcionarios y representantes de la denominada Plataforma por la Igualdad de los Servicios Públicos (Unisep) se han concentrado esta mañana frente al despacho de la presidenta socialista, Francina Armengol, en el Consolat de Mar en Palma, y por cuarta vez le han exigido una reunión con el objetivo de negociar un incremento del plus por residencia en Baleares fijado en un tope de 82 euros.

Entre los manifestantes, además de guardias civiles, policías nacionales, personal sanitario, educativo o de justicia, se encontraba el presidente del Sindicato Médico de Baleares (Simebal), Miguel Lázaro, que no entiende el desprecio de la dirigente socialista.

«Estamos aquí para recordarle a Armengol que nosotros somos los interlocutores de 1.200.000 ciudadanos de Baleares que quieren que haya una calidad en los servicios públicos, hablamos de sanidad, docencia, seguridad o funcionarios del Estado», ha expresado Lázaro.

La negativa de Armengol a reunirse con esta plataforma de representantes de empleados públicos contrasta con el talante de la delegada del Gobierno, la también socialista Aina Calvo, que como apunta el primer portavoz de los sanitarios de Baleares, «nos ha recibido y llama la atención que Armengol no nos reciba».

«La poca sensibilidad que tiene la presidenta balear nos llama la atención, porque lo que venimos a reivindicar son unos servicios públicos de calidad para 1.200.000 baleares. Vamos a seguir hasta que consigamos actualizar el complemento de indemnización por residencia para captar médicos, enfermeros, técnicos, profesores, jueces, funcionarios del Estado, policías y guardias civiles», ha apostillado Lázaro.

El plus de residencia que reciben los trabajadores públicos en Canarias está en una horquilla de entre los 190 y los 500 euros, dependiendo de la isla, mientras que en Mallorca es de 70 euros en Mallorca y de 82 euros en el resto de las islas.

Unas diferencias notables que provocan que cientos de funcionarios del Estado a las primeras de cambio abandonen Baleares y que muy pocos docentes, médicos, enfermeras, etcétera tengan las Islas como opción laboral preferente, si tenemos en cuenta que el precio de la vivienda, ya sea en el mercado de compra venta o alquiler es de los más caros de España, habiendo aumentado un 72% desde que Armengol aterrizó en el Consolat de Mar en 2015.

La consecuencia de este panorama son los centenares de plazas sin cubrir de médicos, enfermeras, guardias civiles o policías nacionales, entre otros, en toda Baleares.