Condenado de nuevo el ex vicepresidente socialista de la Diputación de Almería por prevaricación

El ex vicepresidente de la Diputación de Almería, Luis Pérez Montoya (PSOE), ha pactado una condena de cinco años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público tras admitir un delito continuado de prevaricación administrativa en la adjudicación a dedo de contratos de publicidad institucional entre 2007 y 2011.

La vista oral estaba fijada para febrero de 2026, pero no llegará a celebrarse. Su defensa, encabezada por el abogado José Miguel Ramos, ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y con la acusación particular ejercida por la propia Diputación Provincial. El fallo, dictado por el Juzgado de lo Penal n.º 5 de Almería, es firme e irrecurrible.

Pérez Montoya, que dirigió el Área de Coordinación y Relaciones Institucionales, ha reconocido que realizó reiterados encargos de forma verbal al grupo empresarial de uno de los principales medios de comunicación de la provincia de Almería con «desatención absoluta de la legalidad vigente».

La sentencia declara probado que el socialista actuó «apartado de la norma», adjudicando los contratos «a dedo» y a sabiendas de que los contratos menores no podían superar los 18.000 euros establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público vigente en aquel momento.

Las cifras de facturación de este grupo mediático a la Diputación superaron ampliamente ese límite, con más de 200.000 euros en 2008, 700.000 en 2009 y 350.000 en 2010. En total, 1.250.000 euros.

El acuerdo de conformidad ratifica que el condenado «omitió deliberadamente y de forma continuada sus obligaciones de incoar expediente», operando sin órdenes de trabajo, sin acto administrativo expreso y sin dotación presupuestaria previa. Sólo se formalizó un contrato escrito en julio de 2010, tras años de adjudicaciones irregulares.

La resolución judicial destaca que el ex vicepresidente «se aseguró el triunfo de su voluntad personal frente a la norma que defiende los intereses colectivos», impidiendo la competencia entre medios que podría haber abaratado el coste de la publicidad institucional. Para fijar la condena se ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Cabe recordar que Pérez Montoya ya arrastra una condena previa: en 2018 fue sentenciado a 7 años y 10 meses de cárcel por un delito agravado de malversación de caudales públicos en el caso Facturas. Ingresó en el centro penitenciario de El Acebuche, en Almería, en septiembre de 2020.