‘Derecho a la verdad’ estima que los fallecidos por la mala gestión del Covid tendrán derecho a una indemnización de 120.000 euros
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En sus dos primeras semanas de vida, ‘Derecho a la verdad’, la primera plataforma de afectados por el coronavirus cuyo objetivo es conseguir una indemnización justa para todas las personas físicas y jurídicas afectadas por las decisiones de la Administración responsable durante el estado de alarma, ha recibido miles de apoyos y, por ello, se ha convertido, gracias a la implicación de los afectados, en la gran plataforma de referencia para que se haga justicia con los muertos y afectados por la crisis sanitaria.
Al frente de la plataforma está un joven activista valenciano, graduado en derecho, Mariano Durán, cuya madre, médico, sufrió la Covid-19 y sigue sufriendo unas graves secuelas. Para Durán, y así lo ha explicado, “España ha sufrido el coronavirus con más dureza que ningún otro país del mundo. La cifra real de muertos nos acerca a los 50.000 fallecidos, una gran mayoría por la inoperancia de nuestros administradores públicos o simplemente por la consecuencia directa de sus decisiones, lo que sin duda genera una responsabilidad patrimonial del Estado en muchos ámbitos. Sólo en el caso de las personas que han muerto, la Administración se enfrenta a una potencial indemnización de 120.000 euros por persona, que multiplicado por los 50.000 muertos, nos lleva a una responsabilidad del Estado que puede superar los 6.000 millones de euros”.
Desde ‘Derecho a la verdad’, van a tener su altavoz social y judicial desde los familiares de personas que han fallecido sin recibir las atenciones necesarias por decisiones subjetivas, pasando por los contagiados al no poder contar con el material adecuado, los que han sufrido la enfermedad injustamente, y sufren sus secuelas, o las empresas que han visto como sus negocios eran cerrados por orden gubernamental.
El Presidente de la Plataforma, Mariano Durán, afirma “he vivido en primera persona como mi madre y sus compañeros médicos se contagiaron por no contar con los EPI’s necesarios para su trabajo sanitario. Veo las importantes secuelas que le han quedado, no puedo permitir que los responsables se vayan de rositas”.
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