Sánchez ofrece más competencias sanitarias sólo al País Vasco, dejando fuera al resto de autonomías
La sanidad vasca se enfrenta a importantes carencias: falta de médicos, listas de espera cada vez más largas o déficit tecnológico


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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido este miércoles al ejecutivo autonómico vasco «mano tendida», diálogo y respeto al autogobierno para mejorar la sanidad vasca, después de que el PNV se haya quejado del rechazo a sus propuestas y haya asegurado que «llueve sobre mojado». Sánchez ha afirmado que la necesidad de «fortalecimiento del autogobierno» en materia sanitaria. Sin embargo, estas concesiones exclusivas a esta región española, dejan al resto de comunidades autónomas sin ningún avance, generando críticas sobre un trato desigual motivado más por intereses de apoyo político que por criterios sanitarios.
España no puede conducirse a golpe de votos y acuerdos puntuales con un partido en particular en asuntos tan sensibles como la salud pública, especialmente cuando faltan presupuestos, leyes clave como la ELA y la incorporación de medicamentos innovadores que llegan a nuestro país a cuenta gotas.
Sánchez respondió en el Pleno del Congreso a la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, sobre las propuestas que el ejecutivo vasco ha trasladado en materia de sanidad. Vaquero recordó que el consejero de Sanidad del Gobierno vasco, Alberto Martínez, anunció que el País Vasco no participará en futuras reuniones del Consejo Interterritorial de Salud, donde el PNV siempre ha presentado propuestas para paliar las necesidades del sistema sanitario, rechazadas «sin argumentos convincentes».
Durante años, muchos habían pensado que el País Vasco contaba con un sistema sanitario ejemplar, pero la realidad es otra: la gestión del PNV ha confundido a la ciudadanía, mostrando un aparente éxito que en realidad es desgobierno sanitario. La sanidad vasca se enfrenta a importantes carencias: falta de médicos, listas de espera cada vez más largas y un déficit tecnológico que limita la calidad y rapidez de la atención. La política de no airear las instituciones y de mantener una imagen de eficiencia ha ocultado problemas estructurales que ahora resultan imposibles de ignorar.
Medidas para el País Vasco
Entre las iniciativas del ejecutivo vasco se incluyen medidas como retrasar la edad de jubilación hasta los 72 años en atención primaria, incrementar las plazas de formación especializada, convalidar títulos extranjeros, facilitar el acceso de residentes de cuarto año en atención primaria y valorar el conocimiento del euskera en las pruebas de acceso al MIR para formar médicos bilingües. Estas propuestas, formuladas en reuniones y por escrito, han recibido negativas que la portavoz considera «difíciles de entender».
En su réplica, Sánchez defendió que su Gobierno ha incrementado la inversión pública en sanidad, cifrando el 54 % más para en el País Vasco en plazas de formación sanitaria especializada. «Sabemos que queda mucho por hacer», afirmó, aunque Vaquero replicó que esperaba una respuesta «un poco más extensa para no sentirse decepcionada».
Consejo Interterritorial de Salud
El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, anunció que su Departamento no participará en el Consejo Interterritorial de Salud mientras el Ministerio de Sanidad que dirige, Mónica García, mantenga lo que considera una «actitud arbitraria» hacia el País Vasco. En una reciente intervención ante la comisión parlamentaria, explicó la reestructuración del Departamento de Salud y de Osakidetza, y acusó a Mónica García de «desatender sus competencias» y, al mismo tiempo, «interferir en lo que no le corresponde».
Martínez recordó que el País Vasco ha planteado al Ministerio medidas como ampliar las unidades docentes, aumentar las plazas y orientaciones MIR o retrasar la edad de jubilación, siempre con el objetivo de «favorecer la formación en proximidad y reforzar el arraigo del euskera». Sin embargo, denunció que el Gobierno central ha rechazado de plano la posibilidad de valorar el conocimiento del euskera en las convocatorias MIR, pese a que —según defendió— la legislación lo permitiría. «Se nos ha dado un portazo de manera arbitraria», lamentó.
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