La secta republicana

Traigo a estas líneas el reciente ensayo del profesor Luis E. Iñigo, La secta republicana. La intransigencia ideológica de la izquierda y el naufragio de la primera democracia española (La Esfera de los Libros).

Se trata de un lúcido examen sobre la conversión del republicanismo español del primer tercio del siglo XX en una forma de religión que «correspondía al ámbito de las creencias, al de la fe, no al de la ideología», según el autor.

La izquierda burguesa española encaró el proyecto republicano «con el radicalismo y la intransigencia propios de una secta», lo que demuestra que «sus dirigentes, Azaña en especial, no eran verdaderos demócratas», en palabras del historiador.

Para quien se pueda escandalizar ante este juicio sobre una figura hoy totémica de la llamada «memoria democrática», el libro recuerda las palabras del propio Azaña en 1930: «No temáis que os llamen sectarios. Yo lo soy. Tengo la soberbia de ser, a mi modo, ardientemente sectario». Una declaración que parece también un flamígero vaticinio.

Como señala Luis E. Iñigo, la cuestión religiosa sería la piedra de toque de esta Segunda República excluyente e intolerante, tanto que incluso empezaría por dinamitar el Gobierno provisional que había asumido el poder a partir del 14 de abril de 1931.

Alcalá-Zamora, partidario de la separación entre Iglesia y Estado como un elemento modernizador, pero sin dejar de reconocer el peso del catolicismo en la sociedad española, dimitió como jefe del Gobierno provisional precisamente por la forma en que la Carta Magna abordó la cuestión. «Se hizo una Constitución que invitaba a la Guerra Civil», sentenciaría. Por su parte, Ortega y Gasset calificó de «cartuchos detonantes» los artículos constitucionales sobre la materia.

Al echar la vista atrás desde el exilio a aquellos años republicanos, el mismísimo Azaña reconoció que fue en la persecución a la Iglesia y a los católicos donde «se jugó el porvenir de la política republicana».

Fue esta cuestión, por tanto, uno de los más importantes factores del fracaso del proceso democratizador y modernizador que se esperaba de la Segunda República por una buena parte de la sociedad, incluido muchos católicos como su primer presidente, Alcalá-Zamora.

La visión negativa del hecho religioso, la identificación automática de la Iglesia y el catolicismo como enemigos de la República, llevaría a la izquierda republicana incluso a considerar el asunto como una «cuestión de salud pública», como la definiría Azaña.

Tal definición llevaba unas claras resonancias revolucionarias, que muy pronto se materializarían con la quema de iglesias y conventos de mayo de 1931, a la que siguió en años siguientes, sobre todo en los de la Guerra Civil, la peor persecución religiosa de la Historia, con más de 7.000 sacerdotes y religiosos asesinados.

Del ambiente contra el catolicismo que generó el advenimiento de la República, es muy ilustrativo que su primer ministro de Gobernación, Miguel Maura, recibiera a las pocas horas de la caída de la Monarquía el siguiente telegrama del alcalde de un pueblo: «Proclamada la República. Diga qué hacemos con el cura».

Es cierto que se evitó el extremismo absoluto del primer dictamen de la Comisión Constitucional, que establecía la disolución de todas las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes.

Después del discurso de Azaña del 14 de octubre de 1931, con el famoso «España ha dejado de ser católica», se aprobó la disolución de la Compañía de Jesús, siendo expulsados los jesuitas en enero de 1932, así como la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas y la anulación en el plazo de dos años del presupuesto del clero.

Esta última medida no era una concesión gratuita, sino una indemnización del Estado a la Iglesia por los bienes desamortizados, contemplada en el Concordato de 1851.

Con la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, Azaña completa en 1933 su obra legislativa contra la Iglesia y los católicos. Se instauraba la propiedad estatal de los inmuebles y muebles de la Iglesia y se sometían a autorización gubernativa especial las manifestaciones de culto en la calle, pero sin criterio alguno.

Otras medidas fueron las de limitar a las órdenes religiosas su capacidad de adquirir y poseer bienes que no fueran los que habitaban o servían a sus fines privativos, o prohibir a los monasterios y conventos cualquier actividad de comercio e industria porque ¡las yemas de Santa Teresa o los mazapanes de San Clemente resultaron, ay, ser antirrepublicanos!

Con todo ello, se impuso la excepcionalidad contra los eclesiásticos, considerados ciudadanos de segunda a los que se les limitaban sus libertades y derechos.

Una idea del alcance desastroso de la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas lo da el cálculo de lo que se ahorraba con ello el erario público: 5.000 millones de pesetas, más que el presupuesto anual de todo el Estado, que ascendió a 4.727 millones en 1933.

La deriva sectaria de Azaña que Luis E. Íñigo retrata objetivamente en su ensayo resulta muy llamativa vistos los antecedentes del pensamiento del político alcalaíno.

En enero de 1902, cuando el joven Azaña contaba con 22 años recién cumplidos, pronunció un discurso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación sobre la libertad de asociación.

Conservo en mi biblioteca un ejemplar de aquel discurso, que ese mismo año publicó la madrileña Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, afincada en Libertad 16. Una auténtica joya bibliográfica, por su extraordinario valor histórico, como el lector apreciará.

Las palabras de Azaña entonces serían un colosal autozasca como se dice ahora en las redes sociales, a la vista de su futura postura contra la presencia de las órdenes religiosas en la enseñanza, pues afirmaba literalmente:

«La libertad de enseñanza, más que un principio filosófico, es una garantía, una prenda de paz, en la que se afianza la libertad de conciencia y la dignidad de los ciudadanos. Contra ellas se trabaja (…) cuando se sustituye la infalibilidad de la Iglesia por la del Poder civil y se uniforman por decreto los entendimientos y las creencias; cuando se fomenta el antagonismo entre el individuo y el Estado, huyendo de la cooperación que debe mediar entre ambos».

Toda una declaración de principios liberal de la que Azaña renegaría años más tarde con su pensamiento y actuación políticos en aras, como señala Luis E. Íñigo en su ensayo, de la imposición sectaria de la nueva fe republicana.

La voluntad de la izquierda burguesa por construir un régimen a su imagen y semejanza hizo que desdeñara las fórmulas de consenso con las fuerzas conservadoras republicanas. El resultado fue un Estado excluyente y, en consecuencia, débil frente a las pulsiones revolucionarias y reaccionarias que desde los extremos amenazaron y terminaron quebrando la convivencia y la paz civil.

Inquietante es ver cómo, a pesar de la fiebre «memorialista» de los últimos lustros, algunos se empeñan en olvidar las lecciones fundamentales del fracaso de la Segunda República, para ofrecernos por ley una visión oficial falsamente edulcorada.

Hoy destaca una lección de aquel pasado por encima de todas: la escalofriante irresponsabilidad de quienes se obstinaron en engañar a los españoles haciéndoles creer que el orden constitucional podía garantizarse con el respaldo de quienes querían destruirlo.