Sánchez defiende que Cataluña tenga competencias de Estado

Las respuestas parlamentarias del Gobierno son, en ocasiones, auténticas perlas, piezas únicas que habría que guardar como oro en paño. Algunas son tratados de hipocresía, otras, ejemplos de escapismo y algunas, como esta, una portentosa exhibición de indecencia con unas gotas de surrealismo. Para justificar el traspaso o delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña, incluido el control de las fronteras, el Ejecutivo socialcomunista riza el rizo y dice textualmente que «las diferencias entre las competencias que ostentan y ejercen las Comunidades Autónomas es consustancial a nuestro modelo constitucional», lo que viene a significar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez justifica el traspaso a Cataluña de las políticas migratorias -que son, no se olvide, competencia exclusiva del Estado- sugiriendo que hay autonomías que pueden ejercer el control de las fronteras porque tienen un mayor marco de competencias.
Que el marco competencial de los distintos territorios no sea igual es una obviedad, pero en su respuesta el Gobierno elude de forma torticera la gran cuestión de fondo: que el control de las fronteras es una competencia exclusiva del Estado, imposible de traspasar, ceder o delegar por mucho que Pedro Sánchez pretenda vendernos la moto. La justificación del Ejecutivo es que Cataluña tiene mayores competencias que otras autonomías y que por eso puede tener una política migratoria propia. Eso es una aberración constitucional al más puro estilo sanchista. Porque aquí de lo que estamos hablando es de una cuestión nuclear del Estado que no se puede poner en venta por siete votos.
Resulta grimoso comprobar cómo el Gobierno es capaz de apelar a las diferencias entre autonomías -poniendo a Cataluña por encima del resto- para justificar lo que no tiene justificación posible. Ya se sabe que no todas las comunidades son iguales en materia de competencias, pero con Sánchez el problema es que hay comunidades con competencias del Estado. Y eso sí que es inconstitucional de la cruz a la raya.