Las claves del pacto del PSOE con Junts: los Mossos podrán expulsar inmigrantes y controlarán fronteras

El PSOE de Pedro Sánchez se ha vuelto a plegar a las exigencias de Carles Puigdemont y le ha traspasado las competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña, tal y como adelantó OKDIARIO que pasaría hace una semana. Se trata de una nueva cesión a Junts como pago a su apoyo al último decreto ómnibus aprobado en el Congreso de los Diputados.

El PSOE justifica el acuerdo en un comunicado asegurando que era una «necesidad». Los de Pedro Sánchez explican que «el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% han nacido fuera de Cataluña» por lo que «estos datos expresan la trascendencia del fenómeno migratorio». Y es debido a esta situación por la que se «determina la necesidad de asumir la gestión de dicho fenómeno por parte de la Generalitat y las entidades locales que la integran, como administraciones más cercanas a la población».

En el comunicado el PSOE vende el pacto como una necesidad de la población catalana de asumir competencias de la inmigración ante un fenómeno que no para de crecer en la comunidad autónoma, pero ni rastro de nombrar que es una contrapartida a cambio del apoyo parlamentario que los independentistas catalanes ofrecen a los socialistas.

El comunicado no sólo recoge al detalle el acuerdo al que ha llegado el PSOE con Junts, también se aprecia que la pleitesía que Sánchez rinde a Puigdemont va más allá e incluso llega al lenguaje y a la forma de comunicación. En el texto los socialistas asumen el discurso independentista y hablan hasta tres veces de «Estado español».

Estas son las delegaciones de competencias estatales en materia de inmigración que recoge el acuerdo:

• Cataluña se configura como ventanilla única en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; así como expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español.
• Los Mossos de Esquadra gestionarán la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas en cooperación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional).
• Cataluña gestionará las devoluciones de extranjeros (cuando tengan prohibición de entrada).
• Para ello, los Mossos de Esquadra estarán en frontera, y actuarán, al objeto de cumplir las competencias de esta Ley, siempre en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
• Se procederá a incrementar el número de Mossos de Esquadra en Cataluña de 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.
• Cataluña ejercerá la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos (incluida la resolución y ejecución):

– Instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente (devolución).

– Las expulsiones que requieran expediente se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña.

• Cataluña gestionará integralmente los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
• En contrataciones en origen, Cataluña es quien determinará (junto a sus empresas y sindicatos) los perfiles y el contingente de trabajadores y trabajadoras extranjeras.
• En materia lingüística, se aplicarán las previsiones de la legislación vigentes al ejercicio de las competencias delegadas.
• Serán los Mossos de Esquadra quienes ejercerán la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata de y explotación de seres humanos.
• El Estado español transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Cataluña ejerza la competencia que se le delega.

El PSOE cierra su comunicado asegurando que «con esta Ley Orgánica de delegación de competencias en materia de inmigración Cataluña podrá desarrollar un modelo propio, una política integral, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del Estado español».