El PSOE cierra con Junts el pacto para ceder a Cataluña las competencias en inmigración

Tras más de un año de conversaciones, el PSOE y Junts han sellado este lunes un acuerdo que se formalizará en breve sobre la transferencia de competencias de inmigración a la Generalitat catalana, como adelantó el pasado martes OKDIARIO. Con este compromiso, el Gobierno de Sánchez asumió en su momento a cambio el respaldo de los siete diputados de Carles Puigdemont en el Congreso.

Ni  PSOE ni Junts ha revelado, hasta el momento, el contenido de un pacto en inmigración cuya negociación quedó paralizada hace unas semanas por la exigencia independentista de que el control de fronteras recayera en exclusiva en los Mossos. Ese escollo parece solventado a tenor de lo conocido esta tarde, tras acercar posturas ambas formaciones la pasada semana.

Con este acuerdo sin precedentes en Europa, el PSOE de Sánchez cede a la condición impuesta por Junts de renunciar a su proposición no de ley que obligaba al presidente socialista a someterse a una cuestión de confianza.

Sorprendentemente, el pacto de PSOE y Junts en inmigración cedería a la Generalitat aspectos que el Gobierno consideraba, hasta hace pocos días, innegociables, según adelantaba OKDIARIO: la gestión de las fronteras en territorio catalán y la autoridad para expulsar a extranjeros. Según ha avanzado la televisión autonómica catalana, el pacto se presentará, con toda probabilidad, esta misma semana en el Congreso como una Proposición de Ley.

Gracias a esta negociación, la Generalitat obtendrá la capacidad de decidir sobre la entrada y estancia de ciudadanos extranjeros. Además, el Gobierno catalán asumirá plenos poderes para iniciar y llevar a cabo expulsiones —una prerrogativa hasta ahora reservada exclusivamente al Estado— y gestionará el Número de Identidad de Extranjero (NIE).

Esta inédita concesión constituye el precio exigido por Junts para retirar su proposición no de ley que sometería a Pedro Sánchez a una cuestión de confianza. Lo más sorprendente es que el acuerdo traspasa a la Generalitat precisamente aquellos aspectos que hasta hace solo días el Gobierno definía como líneas rojas innegociables: el control fronterizo en territorio catalán y la capacidad de expulsión de extranjeros.

«Puesto que el acuerdo al que llegamos con el PSOE, que está escrito y firmado, es delegación integral, nosotros queremos delegación integral. Integral significa que los Mossos tengan competencias plenas en materia de inmigración», había advertido la portavoz parlamentaria de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. Junts exigía, explícitamente, a los Mossos d’Esquadra para ejercer el control de las fronteras catalanas.

Una vez el pacto sellado el pacto, debería quedar allanado el camino para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), según manifestaron fuentes del Gobierno.

Jupol pide la dimisión de Marlaska

Tras conocerse el pacto, el sindicato Justicia Policial (Jupol) ha denunciado la «cesión ilegal» de competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña acordada por PSOE y Junts y ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «si se atenta contra las competencias de la Policía Nacional».

El sindicato considera «inaceptable» que el Gobierno, «con la complicidad» del ministro, siga «regalando» competencias fundamentales del Estado «a cambio de favores políticos». «Este Ejecutivo ha decidido traicionar a los servidores públicos y ceder ante los chantajes de los independentistas, poniendo en grave peligro la seguridad y la soberanía nacional», critica el comunicado.

Según Jupol, el pacto en inmigración entre PSOE y Junts es una «maniobra para erradicar» a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Cataluña y cree que un traspaso supone un «ataque directo» a la labor y una «rendición vergonzosa ante el separatismo», informa Ep.

En este sentido, el sindicato policial avanza que sus servicios jurídicos van a estudiar todas las vías legales para «frenar esta cesión ilegal». Asimismo, solicitan explicaciones a Marlaska y su dimisión por su «absoluta incapacidad» para defender a los cuerpos de seguridad del Estado.