¡Un respeto, señor vicepresidente!

Escuche cómo Europa nos marca el camino.

En los pasados días saltaba a la prensa la noticia de que Isabel Serra, diputada podemita en la Asamblea de Madrid, había sido condenada por los delitos de atentado, lesiones leves y daños. Le faltó tiempo al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para lanzarse al cuello del tribunal: «Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso». Tampoco se hicieron esperar las ministras Irene Montero y Yolanda Díaz, afirmando que su colega de militancia había sido condenada por ayudar a parar un desahucio o «por defender el derecho a una vivienda digna». Y Pablo Echenique, portavoz del grupo parlamentario morado, se despachó sin rubor diciendo que «el TSJ de Madrid ha condenado sin pruebas a Isa Serra por manifestarse pacíficamente para intentar parar un desahucio de una persona con discapacidad».

La coartada utilizada para arremeter contra el Poder Judicial ha sido la sagrada libertad de expresión. Pues bien, las sentencias se pueden criticar. Por supuesto que sí, pero antes hay que tener la decencia de leerlas. Y más aún si quienes lo hacen son nada menos que miembros del Gobierno del Reino de España y de su Parlamento.

Si estos próceres de la política española hubieran tenido a bien leer la sentencia habrían podido comprobar que su protegida no fue condenada por manifestarse pacíficamente, ni por defender el derecho a una vivienda digna, ni por protestar en un desahucio y menos aún fue condenada sin pruebas. Pero ajustarse a la verdad les hubiera estropeado su propaganda de desinformación y manipulación. Les interesaba más propagar un bulo dirigido a desacreditar a un poder judicial independiente, que aún no controlan.

En sus mensajes olvidaron intencionadamente, o por desidia, que, según expone la sentencia, la señora Serra increpó, insultó y acosó a los agentes de policía que daban cobertura a la comisión judicial. La señora Serra, además de arrojar, junto a otros manifestantes, objetos contundentes (en los hechos probados de la sentencia se mencionan botellines, macetas, papeleras, adoquines) que llegaron a causar lesiones a dos de los agentes, no ahorró exabruptos cargados de repugnante machismo. A una policía municipal le espetó: «Hija de puta, puta, zorra, que te follas a todos los policías municipales»; «vergüenza, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro». Y a otra agente le dijo: «Eres cocainómana», «mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros».

Como se ve, toda una sarta de lindezas atendiendo a la condición de mujer y madre de las agentes de policía; una actitud machista que parece no importar a ciertos políticos cuando la agresora protagonista es una de las suyas.

Pero el vicepresidente (segundo) del Gobierno fue más allá. Arrojó una andanada sobre la imparcialidad de todos los jueces, refiriéndose a la supuesta impunidad de corruptos poderosos, gracias a sus privilegios y contactos. No parece difícil apreciar aquí una disparatada descalificación generalizada, ayuna por completo de dato alguno que la avale. Propagar sospechas, manifiestamente infundadas, sobre la imparcialidad del poder judicial, únicamente contribuye al desprestigio de las instituciones democráticas; aunque, si bien se mira, quizás sea este precisamente el objetivo de las manifestaciones del vicepresidente segundo, de las ministras de su partido y del portavoz parlamentario. ¡Por cierto!, con la complicidad del ministro del Interior, que no ve falta de respeto alguno al poder judicial; y con la bendición del presidente del Gobierno, que justificó las declaraciones de su vicepresidente alegando que las hizo como secretario general de Podemos.

El Consejo General del Poder Judicial ha salido al paso, sacando al vicepresidente la segunda tarjeta amarilla del curso político. Ya le exigió «responsabilidad institucional» nada más aterrizar en el cargo por su intento de desacreditar a la justicia con bulos. Dijo entonces: «muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces», lo que supone «una humillación para el Estado español». Ahora, el Consejo ha expresado «su profundo malestar» respecto de las declaraciones del señor Iglesias «en las que no solo cuestiona una actuación judicial, sino que también propaga la sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles». Y le recuerda que «la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas».

Se ve que algunos miembros del Gobierno del Reino de España, y también de su Parlamento, pasan sistemáticamente por alto cuantas indicaciones vienen desde Europa sobre la obligada contención de los poderes legislativo y ejecutivo, a fin de velar por la independencia judicial y de no entrometerse en ella mediante críticas públicas cargadas de presión y de ataques despiadados a un concreto juez o tribunal, o a una concreta resolución judicial. Una primera y general aproximación a cuáles han de ser los límites de los otros poderes del Estado en sus comentarios sobre las resoluciones judiciales, la ofrece el apartado 18 del anexo a la Recomendación CM/Rec (2010)12:

«Al comentar las decisiones de los jueces, los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar cualquier crítica que pueda atentar contra la independencia del poder judicial o socavar la confianza pública en ese poder.»

Pero no es la única indicación europea al respecto. Convendría que quienes integran los otros poderes del Estado leyesen atentamente, con propósito de enmienda, lo que señala el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, dependiente del Consejo de Europa, y cuya opinión son reglas de oro consensuadas entre todos los países sobre la labor judicial. En su Informe núm. 18 (2015) sobre «La posición del poder judicial y su relación con los otros poderes del Estado en una democracia moderna» habla de las «críticas formuladas por los miembros de los poderes ejecutivo y legislativo» (apartado VII, B, 7). Parte de un principio claro: «el poder judicial debe aceptar las críticas como parte del diálogo entre los tres poderes del Estado y con la sociedad en su conjunto». Pero seguidamente efectúa una serie de precisiones.

1. En primer término, advierte que «existe una clara diferencia entre la libertad de expresión y la crítica legítima, por una parte, y la falta de respeto y presiones inadecuadas hacia el poder judicial, por otra parte».

2. Continúa recordando a los responsables políticos que «no deberían utilizar argumentos simplistas o demagógicos para criticar al poder judicial por simple controversia o para desviar la atención de sus propias deficiencias».

3. Y finaliza diciendo: «la crítica desmedida por parte de responsables políticos es algo irresponsable y supone un serio problema, ya que puede minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, involuntaria o deliberadamente. Ante ello, el poder judicial debe señalar que ese comportamiento es tanto un ataque contra la constitución de un Estado democrático como un ataque contra la legitimidad de otro poder del Estado. Ese comportamiento es también contrario a los estándares internacionales».

Tampoco les vendría mal a los miembros del Gobierno y del Parlamento tomar buena nota del Plan de acción del Consejo de Europa para reforzar la independencia y la imparcialidad del poder judicial (adoptado el 13/04/2016). Fíjense bien en las medidas correctivas que Europa reclama de España, como Estado miembro, para asegurar que quienes encarnan los poderes ejecutivo y legislativo sean respetuosos con las decisiones judiciales y que, en su comportamiento, den al público una imagen de respeto por tales decisiones y por la dignidad de los jueces a título individual (acción 1.4):

1. Deben abstenerse de criticar públicamente las concretas resoluciones judiciales, así como de toda crítica excesivamente dura o motivada políticamente de la justicia en general o de un juez en particular.
2. Los Estados deben adoptar códigos éticos para los poderes ejecutivo y legislativo, así como cualquier otra medida necesaria, legal y práctica, para restringir tales intervenciones y proteger la integridad del proceso de toma de decisiones judiciales de la presión política, la intimidación y los ataques indebidos.
3. Deben adoptarse medidas dirigidas a evitar que el poder ejecutivo o el legislativo utilicen los medios de comunicación de manera inapropiada para desacreditar a la judicatura, así como para proteger la reputación y los derechos de los jueces y para mantener la autoridad e imparcialidad del poder judicial, teniendo en cuenta las sentencias y decisiones pertinentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El objetivo es procurar que los integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo respeten la autoridad del poder judicial y se abstengan de críticas públicas inapropiadas, no objetivas o únicamente motivadas en razones políticas, tanto de los jueces y de sus decisiones a título individual como respecto de la judicatura en general [apartado C), numeral IV del Plan de acción]. Y, para «proteger la integridad del proceso de toma de decisiones judiciales de la presión política, la intimidación y ataques indebidos», el Plan impone como deber de los Estados miembros adoptar «códigos éticos para los poderes ejecutivo y legislativo». Nada de ello se ha tomado en consideración, hasta hoy, en el Reino de España.

Es más, el citado Plan de acción del Consejo de Europa ofrece su apoyo a los Estados miembros de cara a la elaboración y difusión de «programas de capacitación dirigidos a los poderes ejecutivo y legislativo sobre la importancia de la independencia e imparcialidad del poder judicial» (medidas de apoyo, apartado X). Quizás algún día tengan la humildad de implementarlos en el Reino de España; o tal vez no.

Alfredo de Diego Díez es magistrado, doctor en Derecho y profesor de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olvaide.