Polonia enseña a España las consecuencias de disparar el impuesto a la banca: poco crédito y muy caro

El Gobierno de Polonia ha decidido dar un golpe de efecto que ha encendido todas las alarmas en el sector financiero europeo: elevará del 19% actual al 30% el Impuesto de Sociedades aplicado a la banca en 2026, para después reducirlo de forma gradual hasta el 23% en 2028. Una medida presentada como herramienta para financiar los crecientes gastos en Sanidad y Defensa, pero que podría convertirse en un boomerang económico con graves consecuencias para la inversión, el crédito y la estabilidad del sistema financiero. Una advertencia para el Gobierno de coalición en España de lo que podría suponer un nuevo cambio en este gravamen a la banca.

La noticia hundió la Bolsa de Varsovia en cuestión de horas: el índice WIG20 llegó a desplomarse más de un 4%, mientras las principales entidades (Bank Polska Kasa Opieki, Alior Bank, PKO Bank, mBank y Santander Bank Polska) llegaron a perder entre un 7% y un 10% de su valor en una sola sesión. Una reacción que ilustra el temor de los inversores a que esta nueva carga fiscal ponga en riesgo la rentabilidad del sector bancario y, con ello, su capacidad de sostener el crecimiento económico.

Asfixia de crédito y freno en la inversión

El hachazo fiscal en Polonia a la banca no es una cuestión técnica, sino un peligro real para familias y empresas. Los márgenes de rentabilidad de los bancos se verán erosionados, lo que inevitablemente endurecerá el acceso al crédito, como ya han anticipado varios portavoces de las distintas entidades en Polonia. Los primeros afectados serán los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, que dependen del financiamiento bancario para sobrevivir y crecer.

Un sector bancario debilitado por la presión tributaria puede volverse más selectivo a la hora de conceder préstamos, elevar tipos de interés y trasladar parte del coste al cliente final. El resultado es un círculo vicioso: menos crédito, menos inversión, menos empleo y una recuperación económica que se queda sin motor.

En un mercado europeo interconectado, el efecto llamada de países con menor carga impositiva es inmediato. Subir los impuestos a la banca hasta niveles confiscatorios amenaza con provocar fuga de capitales, deslocalización de operaciones y pérdida de competitividad frente a países que apuestan por un marco fiscal estable.

Los expertos advierten de que la medida llevada a cabo en Polonia, lejos de ser un caso aislado, puede alimentar la tentación de otros gobiernos de seguir el mismo camino en lo tocante a la banca. España ya ha aprobado prorrogar su impuesto “temporal” a la banca, Italia ensayó un gravamen del 40% sobre márgenes extraordinarios, y Rumanía eleva al 4% el impuesto sobre ingresos de las entidades con mayor cuota de mercado. El resultado: un cóctel fiscal que castiga al sector financiero justo cuando se necesita solidez para sostener la inversión y reforzar la solvencia frente a crisis futuras.

La incertidumbre regulatoria

Más allá de la subida en sí, la estrategia polaca introduce un problema añadido: la inseguridad jurídica. En apenas tres años, el tipo aplicable a la banca pasará del 19% al 30% para después descender al 23%. Este vaivén fiscal complica la planificación a largo plazo de las entidades, desincentiva la inversión en innovación tecnológica y genera un clima de incertidumbre que paraliza decisiones estratégicas.

Los bancos necesitan previsibilidad para reforzar su capital, desarrollar proyectos de digitalización o expandir sus servicios. Al castigar de forma errática al sector, los gobiernos ponen en riesgo no solo la estabilidad financiera, sino la propia competitividad de sus economías.

Detrás del concepto de “solidaridad” y “aportación extraordinaria”, en los que se amparan estos tipos, se esconde un hecho evidente: los impuestos a la banca terminan pagándolos los ciudadanos, ya sea en forma de crédito más caro, hipotecas más restrictivas o menor financiación a las empresas. Desde el sector lamentan que la medida no se haya sacado adelante mediante acuerdos, puesto que un gravamen puntual y extraordinario, consideran, es «más fácil si se mide sobre resultados reales posteriores que de manera anticipada».