La auditoría que destapa contratos sin control de Armengol en Baleares en pandemia: 45 millones en el aire

Una auditoría independiente encargada por el propio Servicio de Salud de las Islas Baleares -IB-Salut- ha sacado a la luz un patrón sistemático de deficiencias graves en la contratación de emergencia realizada durante la pandemia de la COVID-19 por parte del Ejecutivo de izquierdas que presidía la socialista Francina Armengol.

El informe, que analiza 60 expedientes adjudicados sin concurrencia pública, describe una gestión marcada por falta de control previo, ausencia de documentación esencial, opacidad en las adjudicaciones y escasa trazabilidad del dinero público, todo ello bajo el paraguas de un procedimiento excepcional pensado para situaciones límite.

La investigación, elaborada por la firma auditora NETADIA EUROPA S.L.P., no cuestiona que la pandemia justificara inicialmente el uso del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público. Lo que sí cuestiona, de forma reiterada y documentada, es cómo se utilizó ese instrumento, hasta el punto de que, en muchos expedientes, la emergencia parece haberse convertido en una coartada administrativa para relajar controles que la ley no elimina.

Uno de los hallazgos más contundentes del informe es que en más de la mitad de los expedientes las actuaciones comenzaron antes de que existiera cualquier informe técnico o de necesidad. Pedidos realizados, material entregado y facturas emitidas preceden, en numerosos casos, a la justificación formal de la emergencia. Es decir, primero se actuó y después se intentó justificar la actuación. Para los auditores, esta inversión del procedimiento vacía de contenido la motivación exigida por la ley y pone en cuestión la legalidad misma de la tramitación.

La auditoría también detecta una ausencia absoluta de controles sobre conflictos de intereses. No existe en ningún expediente la declaración de ausencia de conflicto del órgano de contratación ni de otros intervinientes, ni rastro alguno de mecanismos alternativos de prevención. Este vacío resulta especialmente significativo en un contexto de adjudicaciones directas, donde el riesgo de decisiones discrecionales sin contrapesos es mayor. La ley es clara: la prevención de conflictos de intereses es una obligación transversal, también en la contratación de emergencia. Aquí, sencillamente, no se aplicó.

Otro punto crítico es la práctica inexistencia de contratos formalizados. En la mayoría de los casos no consta contrato firmado ni documento equivalente que defina con claridad qué se contrató, en qué condiciones, con qué alcance y bajo qué responsabilidades. Aunque la normativa permite la contratación verbal en situaciones extremas, la auditoría recuerda que esa excepción no exime de documentar posteriormente el acuerdo. En muchos expedientes, esa documentación no aparece en ningún momento, dejando operaciones millonarias sin un soporte contractual mínimo que permita su fiscalización.

Especialmente grave resulta la falta de actas de recepción en contratos de suministro sanitario. El informe constata que, en numerosos expedientes, no existe ningún documento que certifique que el material fue recibido conforme a lo pactado. No hay comprobación de cantidades, ni validación de la calidad, ni firma de un responsable. En algunos casos, la «recepción» se limita a un registro genérico de entrada de material sin valor probatorio. Para los auditores, esta carencia impide saber con certeza si lo que se pagó fue realmente entregado y si cumplía la finalidad sanitaria alegada.

El seguimiento económico tampoco sale bien parado. La auditoría detecta lagunas en la trazabilidad de los pagos, con facturas abonadas parcialmente, pagos sin reflejo claro en el expediente o dificultades para vincular cada abono con una prestación concreta. Este desorden documental compromete la rendición de cuentas y dificulta cualquier control posterior por parte de los órganos fiscalizadores.

Uso continuado de la contratación de emergencia más

A todo ello se suma un incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad y transparencia. Las adjudicaciones se publicaron fuera de plazo y, en muchos casos, la formalización del contrato ni siquiera llegó a publicarse en el perfil del contratante. Este déficit resulta especialmente relevante porque la contratación de emergencia se apoya en procedimientos opacos por definición, como la adjudicación directa o el negociado sin publicidad. En estos casos, la transparencia posterior no es opcional: es el principal mecanismo de control público. Sin embargo, según la auditoría, no se garantizó.

El informe también pone el foco en un hecho especialmente delicado: el uso continuado de la contratación de emergencia más allá de los momentos más críticos de la pandemia, incluso en 2021, cuando el mercado ya estaba estabilizado y el suministro de material sanitario era habitual. En algunos expedientes se agrupan compras ordinarias que difícilmente encajan en los criterios de imprevisibilidad y urgencia extrema exigidos por la normativa europea y nacional.

Lejos de tratarse de errores aislados, la auditoría dibuja un problema estructural en la gestión del procedimiento, con deficiencias repetidas expediente tras expediente. Por ello, el informe no se limita a enumerar fallos, sino que advierte de los riesgos sistémicos derivados de una contratación de emergencia sin controles suficientes: pérdida de garantías, debilitamiento del principio de transparencia y mayor exposición a irregularidades.

La conclusión es contundente: la contratación de emergencia no puede convertirse en un régimen paralelo permanente, ajeno a las reglas básicas del control del gasto público. La rapidez no justifica la ausencia de motivación, la falta de contratos, la inexistencia de actas de recepción ni la opacidad en las adjudicaciones.

La auditoría insta al IB-Salut a corregir de forma urgente estas prácticas, reforzar la documentación, limitar estrictamente el uso de este procedimiento y garantizar la máxima transparencia posible si quiere evitar que una herramienta excepcional se consolide como una vía de gestión sin controles.