El reparto socialista de la miseria

El Gobierno formado por el PSOE y Podemos es completamente inoperante para gestionar y crear las bases de prosperidad, porque no está preparado para ello, sino para administrar grandes dosis de populismo, sustentadas en un uso millonario del dinero público, es decir, de los contribuyentes.

A cada problema que surge en la economía, muchos de ellos creados o agravados por la mala gestión gubernamental, tratan de darle respuesta con un cheque, un impuesto o una intervención del equilibrio del mercado, generando problemas adicionales que, a su vez, tratan de tapar con más cheques, más impuestos y más intervención del equilibrio del mercado, y así, una y otra vez.

Si suben los precios de los alquileres, limitan el precio. Si suben los tipos de interés, se trata de obligar a la banca -al menos, desde la perspectiva podemita- a que no lo aplique e incluso a que devuelva, con carácter retroactivo, los intereses cobrados por la subida de tipos. Si sube el precio de la luz o del gas, se impone un límite. Si todo ello confluye, se crean impuestos, con independencia de que sean dudosamente constitucionales, puedan suponer doble imposición o invadan competencias regionales.

Todo ello, provocará el efecto contrario: habrá menos pisos puestos en alquiler en el mercado; habrá menos concesión de préstamos; el tope en luz y gas se repercutirá a los consumidores de alguna manera; los nuevos impuestos probablemente terminarán siendo anulados por inconstitucionalidad, por doble imposición, por invasión de competencias o, en algún caso, por todo ello. Es decir, en lugar de mejorar la situación, la empeorarán, aunque probablemente les dé igual, porque, para entonces, es posible que ya no estén en el Gobierno y habrán empeorado la situación pero les habrá servido en el corto plazo de manera populista.

Ahora, la ministra de Trabajo quiere subir, de nuevo, el salario mínimo interprofesional, que tendrá efectos negativos en el medio plazo, porque muchas personas que perciben dicho salario no podrán generar un valor suficiente como para que la empresa pueda costearlo y perderán su empleo o se generará la perniciosa economía sumergida, que hay que perseguir, pero que el Gobierno incentiva con el salario mínimo.

Y como última ocurrencia ha llegado a querer limitar los márgenes y beneficios de las cadenas de supermercados, interviniendo de nuevo los precios. Es tal la atrocidad que pretendían hacer que la limitación habría provocado un quebranto mayor que la suma de los beneficios de todas las cadenas de supermercados, que motivaría su cierre. Por otra parte, con la limitación de precios, escasearían muchos productos y se incentivaría el mercado negro, elemento nocivo para la economía.

Una y otra vez, la izquierda, envolviéndose en el celofán de la preocupación por los más necesitados, empobrece a todos, especialmente a quienes menos tienen, pues al empobrecer la economía limita las oportunidades de que dichas personas encuentren un puesto de trabajo. Parece que, incluso, van a lanzar una campaña para contar las bondades de los impuestos, ante el rechazo creciente de la población hacia los mismos. Nadie discute que tiene que haber unos servicios esenciales, que han de financiarse con impuestos, pero de ahí a que se malgaste el dinero en los caprichos ideológicos del Gobierno, en subvenciones que no tiene  sentido y en cheques con tinte electoral, hay un trecho muy grande. La imposición casi confiscatoria que están llevando a cabo no es para sostener el Estado del Bienestar, al que el propio Gobierno está poniendo en riesgo con su disparatada política de gasto, déficit y deuda, sino para poder intervenir más en la economía y emplear ese dinero de los contribuyentes en las subvenciones que ideológicamente más les conviene de cara a las elecciones. No es ilegal, pues estará respaldado por la técnica presupuestaria, pero sí que es inmoral.

Así, la izquierda, el intervencionismo, busca subsidiar a partir de lo que hay, renunciando a generar riqueza. Busca la igualdad por abajo, aunque eso suponga que todos estén peor, por más iguales que sean. La economía de mercado pretende generar cuanta más riqueza, mejor, para crear prosperidad y que todos vivan mejor, incluso aunque hubiese más desigualdad, pero sobre la base de una prosperidad mayor para todos. Es la diferencia entre el intervencionismo y la economía de mercado; entre el reparto de pobreza y la generación de prosperidad para todos; en definitiva, es la diferencia entre Venezuela y Estados Unidos, respectivamente, por ejemplo. El Gobierno español ha optado por el peor de los modelos: repartir miseria en lugar de por generar prosperidad y permitir que los ciudadanos mejoren. Ésa es su política catastrófica en materia económica.