Pedro Sánchez tiene que cesar a Irene Montero

«En política no se pide perdón, en política se dimite», le decía Pablo Iglesias a Mariano Rajoy en mayo de 2014. Pero claro, en aquella época el padre de los hijos de Irene Montero sólo era el representante de los acampados del 15-M que aspiraba a un cargo de eurodiputado y ni tan siquiera soñaba con cambiar su pisito prestado en Vallecas por un casoplón en Galapagar junto a la que ahora es ministra de Igualdad, pero por entonces aún seguía de becaria, sin pensar que llegaría a ser portada del Vanity Fair. Y no es lo mismo dimitir de una beca y un pisito en un barrio obrero, que hacerlo desde un chalet de lujo y la portada de una revista de moda.

Ni Irene Montero, ni su secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, Pam, ni su delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, tienen ninguna intención de dimitir después de que, por su culpa, las condenas de cerca de 400 violadores hayan sido rebajadas, más de 30 de ellos excarcelados. Y lo que es peor, las rebajas de penas se van a seguir produciendo, aunque se reforme ahora tan nefasta ley, y hasta 3.600 violadores ya condenados seguirán solicitando reducciones de penas, ya que siempre podrán acogerse a la ley más favorable publicada tras sus condenas, según establece el artículo 2 del Código Penal. Así, corregir ahora la ley, como pretende hacer el Gobierno, sólo afectará a las nuevas condenas.

A principios de noviembre, cuando todos les advertían de lo que iba a suceder, Irene Montero decía en el Congreso que «todavía no se conoce una sola reducción de pena, y no se va a conocer, es propaganda machista». Un par de semanas más tarde, cuando empezaron a producirse las revisiones de condenas, la ministra acusaba a los jueces de prevaricar: «Están incumpliendo la ley por machismo». Y ahora que sus excusas infantiles se han quedado sin recorrido y ven que en la campaña electoral de las autonómicas y municipales sólo se va a hablar de cuantos violadores han visto reducidas sus condenas cada día o incluso empecemos a encontrarnos con víctimas de los excarcelados, ya no tienen más remedio que ceder y aceptar reformar su bodrio de ley, pero pretenden hacerlo sin reconocer sus errores.

Dice ahora Ángela Rodríguez, Pam, que del Consejo de Ministros que aprobó esa ley, de la que su ministra Irene Montero tanto ha presumido, «era vicepresidenta Carmen Calvo y ministro de Justicia Juan Carlos Campo», a los que hace responsables del cuadro de penas aprobado. Y remata su ataque contra el PSOE diciendo que «ni un grupo parlamentario, ni un solo informe de los órganos consultivos, ni un solo Ministerio, ni un solo medio de comunicación adivinó que esta (que hubiera un problema de rebajas de penas) era una posibilidad». Igual que el niño pequeño al que se le olvidan los deberes y le dice a su maestra que el perro se los ha comido. Por su parte, Pablo Iglesias dijo ayer en la Ser que «si la ley no estaba bien, ¿cómo es posible que tres jueces del ala socialista no se dieran cuenta y que el ministerio de Justicia no se diera cuenta y que Pedro Sánchez elogiara públicamente la ley?».

La cuchipandi de Irene Montero no va a dimitir, igual que antes le echaron la culpa de las excarcelaciones de violadores a los jueces, a la prensa y hasta a la oposición; ahora van a hacer responsable a Pedro Sánchez y al PSOE. El presidente del Gobierno, que tantas veces ha alabado esta ley del sólo sí es sí, debe decidir si asume su responsabilidad y la del PSOE en estas excarcelaciones, o, por el contrario, hace responsable de ellas a la ministra de Igualdad y su equipo. O dimite Pedro Sánchez o tiene que cesar a Irene Montero, no le han dejado otra opción.