La reforma de la Ley Montero no evitará que hasta 3.600 violadores puedan ver rebajada su pena

El Ministerio de Justicia ha presentado este lunes su propuesta de reforma de la conocida como Ley del sólo sí es sí, impulsada por el Ministerio de Igualdad y que ha provocado ya 322 rebajas de condenas a agresores sexuales y 31 excarcelaciones. Pero la futura reforma de la Ley Montero no evitará que hasta 3.600 delincuentes sexuales hoy en prisión vean rebajadas sus penas, ya que siempre podrán acogerse a la ley más favorable publicada tras sus condenas. La reforma de la ley sólo afectará a las nuevas condenas.

El nuevo borrador del Ministerio de Justicia propone castigar con entre 1 y 5 años de cárcel las agresiones sexuales cuando exista violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima, pero las penas serán de entre 6 y 12 años cuando exista además penetración. En casos de agravantes, la horquilla que se propone va de los 5 a los 10 años cuando no haya penetración y entre 12 y 15 cuando sí la haya. Exactamente las mismas penas están recogidas también en la propuesta del Partido Popular, que fue registrada en el Congreso de los Diputados el pasado 16 de diciembre y desestimada por el Gobierno desde entonces.

Esta última propuesta del Ministerio de Justicia fue confirmada el mismo lunes por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al asegurar que se trata de corregir los «efectos indeseados» que se han producido desde que entró en vigor, es decir las rebajas y las excarcelaciones. La facción de Podemos en el Gobierno ya ha declarado su postura contraria a reformar la Ley. Emilia Zaballos, abogada penalista y presidenta de la única Asociación de Afectados por la ley del sólo sí es sí es tajante: «Cuanto más tarden en llevar a cabo su modificación más alargamos su error grave y más violadores se beneficiarán de este fallo. Por eso estamos indignados».

Preferencia a los presos

La población reclusa con penas relativas a delincuencia sexual fluctúa y a finales del año 2022, según la estadística oficial, quedaban 4.008 violadores, de los más que 322 ya se han beneficiado de la ley del sólo sí es sí. Por tanto, todavía 3.700 agresores sexuales podrían beneficiarse de la reducción de penas que conlleva la Ley Montero. De los 322 que ya se han beneficiado, 31 han sido excarcelados.

El 7 de octubre de 2022 entraba en vigor la reforma del Código Penal que incluía la Ley Orgánica de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual y con ella comenzó la carrera a contra reloj de los tribunales españoles en la aplicación de la nueva ley. ¿Por qué? Porque todas las condenas por delitos sexuales son del ámbito penal y, por tanto, tienen preferencia de revisión sobre el resto y porque en caso de tener derecho a una condena menor el preso tiene derecho a que se le aplique la nueva ley, según el artículo 2.2 del Código Penal. Además, según la ley estas revisiones deberían de ser de oficio, aunque la mayoría se están produciendo por petición de los propios condenados.

De esta manera, 322 de estos 4.000 condenados ya se han beneficiado. ¿Significa eso que los 3.700 violadores que quedan lo harán? No necesariamente, porque no todas las condenas son susceptibles de beneficiarse con la nueva ley, pero sí pueden plantear pedirlo. Por ejemplo, este mismo lunes las dos audiencias provinciales de Canarias han rechazado cuatro revisiones de pena solicitadas. El País Vasco ha rechazado también una decena de todas las vistas hasta ahora. En todos los casos, no sólo en Canarias y el País Vasco, las revisiones a la baja no se producen porque las penas actuales son mayores a las impuestas y la Ley española deja claro que siempre se aplicará la legislación más favorable al reo, independientemente de la Ley Montero.

«Ojalá el Ministerio de Igualdad o de Justicia escucharan a las víctimas, sobre todo cuando los procedimientos se quedan atascados por falta de medios o de recursos o simplemente falta de atención. Nosotros nos ponemos a su disposición. Al menos hemos conseguido el primero de los objetivos, que el Gobierno reconozca el error y que vayan a modificarla con urgencia. Hemos conseguido que con solo dos meses de vida y gracias a la repercusión en los medios hayamos tenido éxito, pero ahora falta la segunda parte, la exigencia de una responsabilidad civil al Estado derivada de estas rebajas y excarcelaciones», añade la letrada Emilia Zaballos, abogada de la familia de Romina Celeste.

Por este motivo, las estadísticas de las propias Audiencias Provinciales y de los Tribunales Superiores de Justicia varían incluso en cuestión de horas. Unos comunican sus rebajas cuando tienen varias acumuladas y lo hacen de manera conjunta y otros lo hacen casi a diario o semanalmente. A esto hay que añadir las decisiones que toma el Tribunal Supremo sobre los recursos en casación que se le presentan. Desde que comenzó el año las rebajas de penas que se han conocido se han disparado, en apenas 10 días hemos pasado de 200 a 300 y de 20 excarcelaciones a 31.

Tribunal Supremo

Todas las fuentes jurídicas consultadas durante los meses de aplicación de la ley Montero coinciden en que el número de casos en los que se aplican las rebajas seguirá creciendo ante las revisiones pendientes en todas las comunidades autónomas. El Tribunal Supremo ya dictó el camino a seguir -que no doctrina clara- al asegurar en su sentencia sobre el ‘caso Arandina’ que la aplicación de esta ley es «obligatoria» por ser «más favorable» al reo.

Además, Moncloa estaba avisada, ya que como reveló en exclusiva OKDIARIO, Presidencia del Gobierno era conocedora desde el primer momento de la rebaja de penas e incluso mostró su desacuerdo al Ministerio de Igualdad. «El resultado conseguido es que el reproche penal es notablemente inferior al actualmente previsto para las agresiones sexuales, que son los comportamientos más graves», aseveraba el Ministerio de la Presidencia en un informe. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y hasta el Consejo de Estado avisaban también en el mismo sentido. Todos esos avisos, sin embargo, fueron desoídos por Pedro Sánchez, que aprobó el proyecto de ley en el Consejo de Ministros del 6 de julio de 2021 y entró en vigor tres meses más tarde.

El primer excarcelado por la Ley Montero que se conoció fue en Madrid a principios de noviembre de 2022, un profesor de inglés de un colegio en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, Antonio S. I., que había sido condenado por tres delitos de abusos sexuales continuados, otro de abuso sexual y otro de tenencia de pornografía infantil. En total, 6 años y 9 meses de cárcel que quedaron reducidos a 15 años de cárcel por la Audiencia Provincial de Madrid que lo juzgó. Salió inmediatamente libre en octubre de 2022 porque estaba en prisión desde junio de 2019 cuando fue detenido por la Guardia Civil. Detrás de él llegaron otros 30. Su abogado, Álvaro García Olay, lo dejaba muy claro a OKDIARIO cuando se publicó la noticia a primeros de noviembre de 2022: «El mejor abogado de mi cliente es la ministra de Igualdad, Irene Montero».