Moncloa alertó en un informe oculto de la rebaja de penas por la Ley del ‘sí es sí’ pero aun así la aprobó

Moncloa conocía las previsibles consecuencias judiciales por la polémica Ley del sólo sí es sí. Pese a ello, Pedro Sánchez la aprobó en el Consejo de Ministros celebrado el 6 de julio de 2021. Un informe interno del Ministerio de la Presidencia, al que ha tenido acceso OKDIARIO, revela las advertencias que fueron trasladadas a Igualdad sobre la rebaja de las penas que suponía la unificación de los delitos de abuso y agresión sexual. El Gobierno ha ocultado este informe, junto a otros remitidos por los distintos ministerios y comunidades autónomas, instituciones y organizaciones, impidiendo incluso su acceso al Congreso de los Diputados. Informes que recogen las críticas y alegaciones al texto y que se han hurtado durante la tramitación parlamentaria. La Ley del sólo sí es sí ha provocado ya más de un centenar de rebajas de condenas a delincuentes sexuales, muchos de ellos, excarcelados.

En el documento se analiza la reforma de los delitos sexuales del Código Penal, deteniéndose en la principal novedad, la eliminación de la distinción entre agresión y abuso sexual, pasando a considerarse agresiones sexuales «todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona».

Moncloa avisa en este punto, de que «con la reforma operada» en el anteproyecto «se aplican al nuevo tipo único de agresión sexual, cuando es calificado como violación, las penas actualmente previstas, no para la agresión sexual (prisión de 6 a 12 años) sino para el abuso sexual (4 a 10 años) y las penas previstas para los tipos agravados por la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 180 quedan sustancialmente reducidas al pasar de prisión de 5 a 10 años en el caso del tipo básico, a prisión de 2 a 6 años, y de 12 a 15 para la violación agravada, a 7 a 12 años en la nueva regulación».

Antes de la reforma, la violación estaba castigada con penas de cárcel de 6 a 12 años, como recuerda Moncloa en su informe pero, tras los cambios operados por Montero, la pena mínima se vio reducida, pasando de los 6 a los 4 años. Durante la tramitación, la pena máxima prevista inicialmente por Igualdad se elevó, quedando fijada finalmente en los 12 años.

Con la nueva ley, también cambian las penas para los casos con agravantes. Así, en el caso de la violación, como advertía Moncloa, los mínimos pasan de los 12 años de prisión a los 7. El máximo se mantuvo finalmente en 15 años. En el caso de la agresión sexual, las penas pasan de la horquilla de 5 a 10 años a otra de 2 a 8 años.

«No justificado»

En el informe, Presidencia avisa a Montero de que «con ello, pese al fin que persigue la ley de considerar agresión sexual todas las acciones que atenten contra la libertad sexual cuando no haya consentimiento de la víctima, con independencia de que haya o no violencia o intimidación, el resultado conseguido es que el reproche penal es notablemente inferior al actualmente previsto para las agresiones sexuales, que son los comportamientos más graves».

En este contexto, se destaca que «no parece estar justificado, a la vista del objeto del anteproyecto, ni un incremento, ni una atenuación penológica de estas figuras, por lo que sería necesario revisar esta cuestión en el anteproyecto, de forma que las penas se mantengan de forma equivalente a su regulación actual».

El informe revela, pues, que Moncloa era perfectamente conocedora de la rebaja de penas de la ley, que intentó rectificar sin éxito. Las consecuencias judiciales son de sobra conocidas. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado ya habían advertido durante la tramitación de la ley que la rebaja de las penas tendría efectos indeseables.

Pese al evidente fracaso de la norma, Sánchez se ha negado a modificarla, lo que implicaría asumir el error del Gobierno. De hecho, el propio líder socialista ha defendido en público la ley, declarándose «orgulloso» de su aprobación. Tras prometer «ajustes técnicos», Moncloa se ha limitado por ahora a indicar a los jueces cómo tienen que aplicar la ley, evitando la rebaja de las penas cuando éstas sean imponibles también con la nueva legislación. En este tiempo, los socios del Ejecutivo han lanzado críticas y ataques a la Justicia, llegando Montero a acusar a los magistrados de machismo y falta de formación.

También Montero

Como reveló OKDIARIO, también la ministra de Igualdad era conocedora de la rebaja de las penas, que ha negado insistentemente en público.

La Memoria del Análisis de Impacto Normativo que fue remitida al Congreso de los Diputados señala que «esta rebaja resulta necesaria por el hecho de incluir en el nuevo delito de violación conductas que vienen siendo castigadas hasta ahora por el delito de abuso sexual con acceso, con una pena mínima de 4 años de prisión».