El objetivo es echar a Policía y Guardia Civil del País Vasco

PNV y Podemos pretenden reformar el actual Estatuto vasco para que la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en dicha Comunidad dependa en última instancia del Gobierno autonómico. Actualmente es el Gobierno de la Nación quien se reserva esa potestad, pero con la modificación que pretenden los nacionalistas y la izquierda populista, no habrá posibilidad de que la Policía Nacional intervenga en las tres provincias vascas si el Ejecutivo regional no da su visto bueno. La actuación no sería posible si la Junta de Seguridad del País Vasco, donde el Estado y el Ejecutivo autonómico tienen paridad de miembros, no está por la labor.

El cambio, obviamente, supone la exclusión de facto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del País Vasco, una vieja aspiración del separatismo radical. Por ahora, el PSE ha expresado sus reticencias a dicha modificación, pero a nadie se le oculta que, dadas las actuales circunstancias políticas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pueda dar su brazo a torcer, sobre todo teniendo en cuenta que la supervivencia de Pedro Sánchez depende del apoyo de los mismos que pretenden echar a la Policía del territorio vasco.

La medida puede tener consecuencias devastadoras, porque a nadie se le oculta que si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden intervenir en la totalidad del Estado, su papel como garantes de la Constitución se convertiría en papel mojado. Sería tanto como privarlas de ejercer su misión de proteger los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Para entendernos: sería tanto como configurar una zona de exclusión de la Carta Magna, arrojando fuera del País Vasco a quienes, precisamente, tienen como misión velar por el cumplimiento del orden jurídico.

Dada la realidad del panorama político nacional, la intención de nacionalistas e izquierda radical provoca escalofríos. Porque conviene no olvidar que quien tiene la obligación de defender el orden constitucional es el Gobierno de España. O sea, Pedro Sánchez. Para echarse a temblar.