Llamando “okupación” al robo

España es un país de pequeños propietarios. Tener una vivienda en pertenencia que ofrezca seguridad ante los imprevistos, que pueda ser un respaldo en la vejez y algo que transmitir a los hijos ha sido una aspiración desde que empezó el boom de los años 50/60. No somos gente de aventuras con lo de comer y preferimos invertir en lo que podemos comprender y confiar. La casa propia y, ya más adelante, la segunda residencia son un típico patrón de inversión patrio, y algo por lo que los trabajadores y las clases medias han luchado durante lustros. Esto redunda en la fortaleza de los hogares y de las familias, que parecen tener algunos por periclitada cuando sigue siendo fundamental. Y también beneficia al país en su conjunto pues cuenta con un fondo privado de riqueza que amortigua las sucesivas crisis que le toca afrontar.

Pero ahora es una fuente de sinsabores. ¿Por qué el españolito medio, que ha sacrificado tanto en procurarse por sí mismo su pequeña isla de estabilidad sin importunar a terceros (pongamos que hablo del “estado”) y cuya vida ya es bastante complicada, tiene que aguantar que no se respete el fruto de su trabajo de tantos años? ¿Es justo que de manera tan gratuita sufra la inquietud de si en alguna ausencia o la casita de veraneo o el piso de la ciudad han sido profanados y tomados por otros?

Esta incertidumbre es uno de los mayores escándalos de esta sociedad. En teoría la Ley protege el derecho inalienable a la propiedad privada, y con nuestros impuestos pagamos a distintitos cuerpos judiciales y de seguridad que deberían velar por nosotros. Pero no es así. Y a la ocupación de toda la vida ahora tenemos que añadir la que viene con un marchamo que justifica el latrocínio con filosofías trasnochadas y lenguaje posmoderno. No, no se conforman con la ocupación oportunista, sino que lo esconden detrás de una supuesta “justicia social” y un modelo “autogestionario” que es una tomadura de pelo monumental.  Esta conquista de la vivienda por la “face” ha sido utilizada por los partidos políticos de los márgenes y les ha servido, incluso, para ganar posiciones en las instituciones públicas y en el poder político.

Esto sucede en cualquier lugar de España, pero en Cataluña nos llevamos la palma con esa bonita tradición anarquista que tan buenos momentos nos dio antes de la Guerra Civil. En los últimos años, entre 2018 y 2019 casi se triplicaron las diligencias, y de un total de 463 casos registrados pasamos a 1.004.

La Ciudad Condal es un paraíso. Es una de las ciudades con más okupas de España, y hasta la alcaldía la ostenta Inmaculada Colau, un personaje surgido de este movimiento. Y continúa tan inmersa en esta filosofía de “lo mío es mío y lo de los demás de todos” que su Ayuntamiento imparte talleres de “okupación” , pues si a la mangancia de siempre se le pone una “k” bien “radikal” parece que ya no sea lo mismo. ¡Ah, el cambiazo en las palabras! Si le llamas al robo ‘liberación de espacios’ y montas un “taller”, la Sra. Colau te presta local y subvención. El colmo de ellos tiene este título: ‘Autogestión y modelos de vivienda alternativos’. Cambia “alternativos” por mangados y te acercarás a la realidad.

Esto provoca constantes problemas.  Las okupaciones se han convertido en un auténtico sistema de chantajes de todo tipo. Algunos vecinos (recientemente en Premiá de Mar), que ya no soportan más la inoperancia y la permisividad municipal, empiezan a tomarse la justicia por su mano. ¿Hasta aquí tenemos que llegar? ¿Apurando al máximo? ¿Qué políticos se presentan y dan apoyo ante una “okupación”? Una cosa es contemplar todos los aspectos sociales y humanos de un desahucio, y otro desentenderse de los derechos a la propiedad y a la vivienda. La Ley debería saber conciliarlos. Pero con esa confusión en las ideas…