El Gobierno crea una ‘Policía de Igualdad’ para combatir el acoso tras tapar las denuncias contra Salazar

El Gobierno de Pedro Sánchez ha regulado la figura del agente de Igualdad para convertirlos en una suerte de Policía de Igualdad. Todo ello tras ocultar las denuncias contra el estrecho colaborador del presidente en La Moncloa y quien estuviera a punto de convertirse en secretario de Organización del PSOE, Paco Salazar.

Estos agentes de Igualdad serán los únicos que podrán ejercer ciertas actividades: entre ellas, la evaluación de los protocolos antiacoso, como los que existen en La Moncloa y a los que no acudieron las víctimas de Salazar, ya que tenían que identificarse con nombre, apellidos, DNI y puesto de trabajo.

El Ejecutivo socialista anunció este martes que había iniciado la tramitación del anteproyecto de ley para regular la profesión del agente de igualdad. Para poder acceder a ellos, se tendrá que acceder a través de un grado de cuatro años o de máster.

La formación a la que tendrán que someterse estos futuros agentes de Igualdad, dependerá del propio Gobierno para el que trabajó Paco Salazar: «Los contenidos de los planes de estudio serán desarrollados y ya se está trabajando desde el Instituto de las Mujeres y del Ministerio y serán aprobados conforme a la legislación vigente a través de reglamento». Así lo expresó la titular de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Examinador de las empresas

Los agentes de Igualdad tienen una «reserva de actividad» sobre ciertas labores, es decir, sólo podrán realizar ciertos trabajos si tienen el título habilitante. En concreto, Redondo señaló que se encargarán del «asesoramiento técnico externo sobre la elaboración y el seguimiento de protocolos antiacoso y protocolos antiviolencia». Es decir, los protocolos a los que no acudieron las trabajadoras víctimas de Salazar en La Moncloa. Las mujeres, finalmente, lo denunciaron por acoso sexual en el canal interno del PSOE.

La ministra extendió esa limitación de funciones a «la asistencia técnica externa a las comisiones que evalúan y establecen los planes de igualdad en el seno de las empresas». Es decir, que serán los únicos expertos que se pueden encargar de verificar que una entidad privada está cumpliendo con sus obligaciones en materia de igualdad.

Por otro lado, ejercerán una labor en «lo que tiene que ver con la evaluación de políticas públicas de igualdad». En otras palabras, el cuerpo que ha regulado el Gobierno y cuya formación establecerá el propio Ejecutivo será el exclusivo garante de que esa administración esté cumpliendo con las exigencias en igualdad. También que las comunidades autónomas, que hoy son en su mayoría del PP, no se salgan de la línea marcada por el Gobierno de Sánchez.

En todo caso, la ley tendrá un periodo transitorio de 10 años desde que entre en vigor. Con ello, pretenden que «las personas que no cuentan con experiencia profesional o formativa en el ámbito de actuación de los agentes de igualdad puedan acreditarse oficialmente como tal».

Salazar, el ‘casi’ relevo de Cerdán

Varias mujeres que trabajaron para Salazar en La Moncloa aseguraron ser víctimas de acoso sexual por parte de su superior. Las quejas relataban cómo el político socialista le habría realizado comentarios obscenos sobre su vestimenta y su cuerpo, mensajes intempestivos con invitaciones para cenar a solas fuera del horario laboral o incluso ofrecimientos de quedarse a dormir en casa.

Las denuncias llegaron justo cuando Salazar iba a ser nombrado secretario de Organización del PSOE en sustitución de Santos Cerdán, en ese momento en prisión provisional por formar parte de una presunta trama corrupta en el seno del partido. Éste, a su vez, había reemplazado al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ahora entre rejas por su vinculación a ese mismo caso.

Sin embargo, estas denuncias desaparecieron del canal interno de denuncias del PSOE cinco meses después, apenas unos días después de que Salazar dejase de ser militante socialista. Desde Ferraz atribuyeron este incidente a un error informático y aseguraron que, aun así, continuarían investigando los hechos denunciados.

Rebeca Torró, actual miembro de la secretaría de Organización, subrayó que nunca hubo voluntad de proteger a Salazar: «Ni yo ni nadie de esta organización ha intentado tapar ningún caso y el PSOE ha actuado de manera contundente». «Solucionamos cualquier problema de comunicación cuando fuimos advertidos», ha insistido en la rueda de prensa de este viernes en Ferraz.