El intervencionismo en el mercado: el incremento artificial del salario mínimo

El Gobierno, tras subir el salario mínimo en 2019 un 22,3%, hasta los 900 euros, y en 2020 un 5,6%, hasta los 950 euros, sigue empeñado en incrementar el salario mínimo a toda costa, sin pensar bien en los efectos perversos que tiene para el conjunto de la economía. De esa manera, ahora planea elevar a partir de septiembre dicho salario mínimo, probablemente, hasta los 1.000 euros, que supondría otro 5,3% de subida, con la vista puesta en llegar a los 1.200 euros que se había marcado como objetivo, al ser el 60% del salario medio en España, y que el PSOE recuerda de cara a su congreso federal de octubre de este año, como objetivo de la legislatura.

Esto es un auténtico despropósito económico en todo momento, especialmente en una coyuntura como la actual, en la que, tras un fuerte rebote técnico, el Gobierno debería tratar de incrementar el crecimiento potencial de la economía con reformas estructurales, y no socavarlo con está medida, que sólo puede hacer empeorar a la economía, al levantar altas barreras para la contratación, en un momento en el que el mercado laboral sigue en unos niveles de desempleo que alcanza al 15% de la población activa.

El Gobierno, en su afán buenista y socialista, pretende anestesiar a los ciudadanos y darles a entender que es factible subir la renta y riqueza de las personas por ley –en el caso de este Gobierno, preferiblemente por decreto-ley-, cuando la realidad va por otro lado. Pueden subir mucho el impuesto de Sociedades a las compañías, pero éstas no lo pagarán, porque se llevarán la producción a otra parte. Pueden hacer que los bancos paguen un impuesto, pero éstos lo repercutirán en sus clientes, con mayores comisiones y tipos de interés a cobrar. Pueden subir el IRPF, pero como habrán expulsado del mercado de trabajo a cientos de miles de personas, no aumentarán la recaudación. Pueden obligar a Madrid a subir Patrimonio y Sucesiones, pero sólo lograrán empobrecer a la región más próspera de España y, con ello, al resto de regiones vía la solidaridad que ejerce Madrid para ayudar al sostenimiento de los servicios esenciales de las regiones menos prósperas. Y pueden subir el salario mínimo, pero muchas empresas no lo pagarán, o, mejor dicho, se lo pagarán a menos trabajadores, porque contratarán a menos o se quedarán con menos, es decir, despedirán.

Es muy sencillo y es algo que entiende cualquier alumno de primero de económicas, incluso de secundaria y bachillerato que estudien economía: si se sube artificialmente un precio –y el salario es el precio del trabajo- los demandantes de ese bien –en este caso, el trabajo- demandarán menos de ese bien. ¿Quiénes son los demandantes de trabajo? Las empresas, al tiempo que los oferentes de trabajo son los trabajadores, que son quienes ofrecen su trabajo a cambio de cobrar un salario –de cobrar un precio-. Por tanto, si se sube el salario, muchos trabajadores querrán trabajar, pero las empresas estarán dispuestas a contratar a menos trabajadores, porque a ese precio no podrán cubrir los costes laborales –lo que les cuesta el trabajador- más el beneficio que tienen que obtener con su actividad para asegurar la continuidad de la actividad económica y el empleo. ¿Qué sucederá entonces? Que muchos trabajadores se verán despedidos o se verán condenados a la terrible y perseguible economía sumergida. ¿Cuánto habrá logrado el Gobierno que suba el salario de estos trabajadores? Nada; más bien habrá provocado que pasen de ganar el salario que tenían antes a no ganar nada, o a ganar un salario en la economía sumergida –que hay que perseguir y erradicar, pero que el Gobierno incentiva de manera absurda con estas medidas- y tener, por tanto, menores derechos sociales, como el devengo de los derechos para cobrar una pensión en el futuro. Al mismo tiempo, el Estado ingresará menos por cotizaciones sociales y por impuesto de la renta, así como por los indirectos, al bajar el consumo.

Por tanto, con esta medida demagógica el Gobierno sólo conseguirá destruir todavía más tejido productivo del ya destruido en esta doble crisis -sanitaria y económica-, generar, con ello, mucho más desempleo –especialmente, el de los trabajadores menos cualificados, que se unirá al ya existente, que roza los cuatro millones si tenemos en cuenta el riesgo cierto que hay de que quienes siguen en ERTE no puedan volver a su puesto de trabajo- y disminuir la prosperidad. El salario mínimo nos lleva al paro máximo, con un entorno económico muy debilitado. Eso es lo que sucede con un intervencionismo tan radical y profundo en la economía, que la misma se empobrece.