El domingo, en Madrid, por un nuevo 8-O

Las patéticas justificaciones de Carmen Calvo respecto a la constitución de una mesa de diálogo a la que únicamente se sentarían el PSC y los partidos separatistas, y en la que se hablaría nada menos que del futuro de España, han llevado la legislatura, ya de por sí agónica, a un colapso irremediable. Ni siquiera hace falta insistir en la figura del relator, perteneciente a la semántica de la resolución de conflictos bélicos, y que significará lo que sus muñidores quieran que signifique, como sabe cualquiera que tenga no ya una mínima cultura política sino un resto de sentido común. Relator al margen, decía, el solo hecho de que el Gobierno confiera legitimidad a un conciliábulo extraparlamentario para negociar “una solución al conflicto”, da idea de hasta qué punto las añagazas de Sánchez han entrado en la senda peligrosa de la felonía.

Desmintiendo a la vicepresidenta, el único clamor que recorre España es el que afirma la absoluta desvergüenza de un individuo que está dispuesto a todo para evitar la convocatoria de elecciones y su inexorable consecuencia, a saber, la salida de Moncloa. Creo que ha sido Jorge Bustos quien, sagazmente, ha comparado el desprecio al Parlament que supone la ‘mesa de partidos’ con el puenteo a manos del chavismo de la Asamblea Nacional de Venezuela. No en vano, en ambos casos se trata de vaciar de sentido las instituciones vigentes para, en nombre de una incógnita voluntad “superadora”, poner en marcha un órgano de decisión alternativo. Algunas de las expresiones que han salido a flote a propósito de la enésima humillación a que el nacionalismo catalán somete a España nos resultan familiares. “Internacionalización del conflicto”, “solución política”, “mediador” o “contencioso entre dos entidades político-juridicas –en pie de igualdad–”, entre otras. El mismo lenguaje, en efecto, con que el orbe batasuno trazaba su hoja de ruta, otro palabro al uso.

Respecto a los puntos de Torra, baste decir que no hay uno solo que defraude. “Reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña, que se ha de hacer efectivo” [Reconocimiento, en fin, de un derecho inexistente]; “Necesidad de una mediación internacional para una negociación de igual a igual” [Siente a un Chomsky en su mesa]; “Respeto a la soberanía de las instituciones catalanas, y no amenazar más con la aplicación del artículo 155” [O lo que es lo mismo: que la Constitución deje de regir en Cataluña]; “La vía judicial tiene que quedar atrás.” [En plata, y parafraseando a Colau, cumpliremos las leyes que nos dé la gana sin que por ello debamos rendir cuentas ante ningún tribunal]; “Hay que impulsar un compromiso por la ética política.” [Por decirlo en su jerga: “A partir de ahora, de ética volveremos a hablar sólo nosotros”]; “Frenar el deterioro de la imagen internacional de España” [Puramente cómico, si tenemos en cuenta que los principales promotores de esa campaña de desprestigio son los políticos nacionalistas]; “Denunciar los privilegios derivados del franquismo” [Exigencia que acaso aluda a que el partido que más alcaldes franquistas llevó en sus listas durante las primeras elecciones municipales en Cataluña fue Convergència]; “Compromiso para aislar a los grupos neofascistas” [No tengo conocimiento de más grupos neofascistas que los que suelen actuar impunemente desde hace ya demasiados años contra los militantes de PP y Cs].

Irónicamente, la polémica ha estallado coincidiendo con la presentación del libro de Pedro Sánchez-Irene Lozano ‘Manual de resistencia’. Donde ‘resistencia’ designa en verdad su falta de reparos a la hora de poner a España en almoneda.