Para un diccionario de la Ley de Memoria Democrática (I)

ADICIONAL DECIMOSEXTA. Los proetarras de Bildu acuerdan con el PSOE incluir una enmienda del BNG para establecer que los socialistas también han sido franquistas, de momento hasta el año 1983.

BILDU. La coalición proetarra es la gran triunfadora de la nueva ley. Ha sumado a Sánchez en la reivindicación del mito de la “ETA buena” para justificar los crímenes de los “años de plomo”, 388 asesinados entre 1976 y 1983, dado que, como decía un comunicado de la banda criminal en 1978, la joven democracia española era entonces “una seudodemocracia cuyas bases reales se fundamentan en una dictadura militar y reformada”.

CAMPOS DE CONCENTRACIÓN. El recuerdo de los campos franquistas para penados contrasta con el silencio acerca de los creados por los republicanos durante la Guerra Civil, como el de Tourón (Granada), donde murieron en solo cinco meses, construyendo una carretera, el doble de presos que en las obras del Valle de los Caídos durante veinte años.

DESAPARICIONES. El delito de detención ilegal sin dar razón del paradero, sobre el que se basa el carácter de delito permanente de las desapariciones, no estaba vigente en la Guerra Civil ni en el primer franquismo. Aparecía en el Código Penal de 1928, pero la Segunda República lo suprimió en 1932, bajo el bienio republicano-socialista. Hasta 1944 no fue reincorporado por Franco a la ley penal.

EXILIO. Se da entender en el preámbulo de la ley que Sánchez ha sido el primero en impulsar la conmemoración del exilio republicano. No se cita la gran exposición organizada bajo el gobierno de Aznar en 2002, que inauguró un español nacido en el exilio: el Rey Juan Carlos I.

FRANQUISMO. Se declara “ilegal” un régimen que desde 1978 ya quedó fuera de la ley al ser aprobada en referéndum por los españoles la Constitución democrática. Sin embargo, Sánchez se escuda en una norma del ilegal franquismo, la Ley de Secretos Oficiales, para ocultar el gasto de sus vuelos en Falcon.

GUERRA INTERNACIONAL. La ley de “memoria democrática” cita expresamente el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista al bando de Franco. Sin embargo, alude a la intervención de la Unión Soviética en la contienda española pero sin decir que apoyó al bando republicano, a cuyo auxilio acude Josif Stalin, uno de los más cruentos dictadores de la Historia, a cambio del oro del Banco de España y de poder asesinar en las filas republicanas a sus adversarios trotskistas.

“HUNOS” y “HOTROS”. La ley reconoce que las “políticas de memoria democrática” irán dirigidas exclusivamente al reconocimiento de quienes “lucharon por la libertad y la democracia”, incluyendo los que lo hicieron en nombre de la dictadura del proletariado o bajo las órdenes de Stalin. La excusa de que el franquismo ya reconoció a las víctimas de la represión republicana no es aceptable: una democracia no puede hacer distinciones entre las víctimas de violaciones de derechos humanos según el color del uniforme de sus verdugos. Quedan en el limbo 1.260 personas, incluidas 953 civiles, también mujeres y niños, asesinadas por el “maquis”, a quienes se considera luchadores “por la recuperación de la democracia”. Su acción más cruenta fue el descarrilamiento por un barranco del expreso Barcelona-Madrid en 1949, en el que fallecieron una treintena de pasajeros.

INVESTIGACIONES. La ley crea una nueva Fiscalía de Sala dedicada a investigar delitos cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Aún quedan 379 asesinatos de ETA sin resolver.

JORNADA CONMEMORATIVA. Se establece el 31 de octubre como día de las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura por ser la fecha de la sesión de las Cortes que aprobó la Constitución en 1978. Según Paul Preston, en ese mismo día, en 1936, en el Madrid republicano, llega por primera vez a la prisión de Ventas una orden del director general de Seguridad, bajo el gobierno del socialista Largo Caballero, para comenzar a sacar presos de las cárceles de la capital para asesinarlos, en lo que será la mayor matanza de civiles acreditada de la contienda fratricida.

LARGO CABALLERO. La ley, tan atenta a los periodos históricos en que se vieron conculcados los derechos y libertades ciudadanos, renuncia a considerar objeto de la ley los años 20, con la dictadura del general Primo de Rivera, y los 30, con la Segunda República, donde se aplicó una legislación de “defensa” del régimen que anulaba derechos civiles y en la que se produjeron cerca de 3.000 asesinatos por violencia política y antirreligiosa. Quizá tenga algo que ver con el olvido del régimen de Primo de Rivera el hecho de que Largo Caballero, líder de UGT y dirigente del PSOE, fuera miembro del Consejo de Estado de dicha dictadura.