El ataque del Gobierno a la educación privada universitaria y no universitaria

El Gobierno actual es, posiblemente, el más ideológico y dogmático de todos los que se han formado en España desde la Transición, con el añadido peligroso de que aplica sus postulados gobernando para media España y, lo que es peor, contra media España. Tiene muy claro cuál es su objetivo y se dedica a ello con esfuerzo, especialmente su ala comunista.

Así, Podemos no deja de pedir la instauración de una III República, que volvería a ser un régimen excluyente, sin duda, como lo fue la II, como no deja de atacar a la Corona siempre que puede. Han prometido o jurado lealtad al Rey, al tomar posesión de sus cargos, y no hay día en que no rompan su juramento o promesa.

Del mismo modo, apuestan por una economía intervenida y subsidiada, donde los distintos ingresos mínimos vitales sean la única opción para un conjunto elevado de personas, a las que pretenden extirpar la capacidad para ganarse la vida por ellas mismas para que, así, dependan del subsidio que el Gobierno les dé, al que le deberán todo y, por tanto, votarán.

Controlan los medios de comunicación -e incluso quieren imponer una suerte de censura sobre lo que se puede decir y lo que no, basándose en la persecución de noticias falsas -¿las mentidas gubernamentales entran en esta categoría?-, pero no es suficiente con ello, pues lo más eficiente para sus intereses es instalar el pensamiento único que permita controlar las voluntades de las personas.

Por eso, la Ley Celaá, de la que ya comenté que pretende ser una ley totalitaria con todo lo que quiere imponer, trata de eliminar para siempre la cultura del esfuerzo, permitiendo obtener el título de bachiller con algún suspenso e incentivando que no sea posible repetir curso salvo en caso extremo. Con ello, el conocimiento de miles de alumnos bajará y su derivada terminará siendo una menor capacidad de análisis y de crítica, con lo que serán más fácilmente manipulables.

Y en ese proceso no les basta con rebajar el nivel de la educación, sino que también les gustaría acabar con los colegios concertados, a los que se asfixiará económicamente. Por otra parte, siendo todas las medidas espantosas y perniciosas para la educación, la más cruel es la que condena a la desaparición a la educación especial, con la obligación de la derivación de los alumnos con discapacidades desde sus colegios actuales, donde cuentan con medios y profesores especializados, a colegios ordinarios. ¿Cabe mayor atropello de los derechos de unas personas a las que hay que cuidar y proteger? ¿Es que la maldad de este Gobierno llega hasta tal punto como para arremeter contra estos niños?

Y como colofón de todo el esperpento de la ley, condenan a los alumnos sin recursos económicos que vivan en las regiones que tienen otra lengua cooficial diferente al español, a que no aprendan la lengua común de todos los españoles y de quinientos ochenta millones de personas en todo el mundo, levantando una barrera social que no tendrán probablemente sus hijos, pues pese a su odio ideológico a la enseñanza privada, cuando se trata de sus hijos suelen llevarlos a los mejores colegios privados o concertados.

Pues bien, la siguiente vuelta de tuerca se refiere a la educación universitaria, donde pretenden eliminar todas las universidades privadas que puedan basándose en unos requisitos que no aseguran ninguna calidad. Obligarán a las mismas, para constituirse en universidades privadas o mantenerse como tales, a contar con un 60% de profesores acreditados para asegurar, así, que se investiga y se transfiere conocimiento. Sería una buena medida si realmente la investigación en España fuese efectiva y no se limitase a publicar artículos en revistas indexadas que luego no se trasladan sus aplicaciones a la realidad. Somos líderes en publicaciones y pertenecemos al vagón de cola en aplicación y transferencia del conocimiento. Por tanto, todo parece indicar que esta medida sólo pretende ser una barrera para las universidades privadas, que no pueden contar con tantos acreditados debido a su más corta vida respecto de las públicas.

Adicionalmente, obligarán a contar con diez titulaciones, entre grado y postgrado, y tres programas de doctorado en tres de las cinco áreas de conocimiento. Esto también supone un ataque duro contra las universidades privadas, muchas especializadas en áreas concretas, pero sin capacidad -ni interés, porque su nicho de conocimiento es su especialidad- para poder ofertar una variedad más amplia. Adicionalmente, tampoco podrán remediarlo en el plazo de cinco años, porque el coste sería inasumible, ya que ellas no viven del contribuyente y tienen que velar por equilibrar sus cuentas.

¿Todo ello mejorará, realmente, la calidad de la docencia e investigación? Me temo que no, porque ni se busca, con ello, conseguir una auténtica aplicación de las investigaciones, más allá de lo publicado, ni una especialización en campos concretos, sino que con la obligatoriedad de ofertar tantas titulaciones se malgastarán recursos, dejando de ser brillantes en sus campos algunas universidades al distraer recursos para poder contar con otras titulaciones.

Lo que realmente sucede es que la universidad pública lleva años suicidándose. Antes, estudiar en la universidad pública era muestra de capacidad, de valía, pues la excelencia en ellas era muy superior, con carácter general, con el ámbito privado, entonces como centros adscritos. En la actualidad, la universidad pública se ha desviado de su función, que es enseñar e investigar para su aplicación práctica, y se ha dedicado a politizarse y a especializarse en la generación de artículos que mueren, en un altísimo porcentaje, en la revista en la que se publican, sin más recorrido. Por ello, las familias eligen las universidades privadas si se lo pueden permitir. Ante ello, las públicas se van vaciando de alumnos y aunque tienen la financiación asegurada por parte del contribuyente, les resulta más difícil justificar su dimensión. Como están perdiendo en el mercado, parece que no es muy bien recibido, de manera que el Gobierno prepara esta nueva normativa sectaria, que ataca a las universidades privadas. Una cosa es buscar la excelencia y otra atacar a los competidores sin motivo. Es obvio que las universidades han de ser serias, y eso hay que controlarlo, pero con indicadores que muestren la excelencia, no con arbitrariedades como ésta, pero tampoco se puede esperar mucho de un ministro que en diversas ocasiones no se ha mostrado muy partidario de suspender en algunas ocasiones y que incluso ha valorado positivamente que los alumnos copien bien. Con eso queda todo dicho.