Sánchez quiere endosar a ONG no especializadas los 1.000 menas que el Supremo le exigió acoger en marzo
Algunas de estas ONG no están acreditadas para trabajar con menores
Seis meses después, Sánchez sigue sin cumplir con la orden del Supremo de acoger 1.000 menas de Canarias
El Gobierno sólo ha asumido el cuidado de 67 de estos 1.000 menores


El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya no sabe qué hacer con todos los menores inmigrantes que han llegado a España en el último año porque el Estado no cuenta con recursos necesarios para dar asilo a todas estas personas. Hace unos meses, el Tribunal Supremo ordenó al Gobierno hacerse cargo de 1.000 menas no acompañados en Canarias, que se encuentran bajo la tutela de los servicios autonómicos, pero el Ejecutivo no ha cumplido con la orden.
El Supremo ha reiterado su exigencia hasta en dos ocasiones, señalando que el Gobierno sólo ha asumido el cuidado de 67 de esos 1.000 menores y advirtiendo con medidas coercitivas y multas si no se cumplen las órdenes judiciales.
Ante esto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha enviado un correo electrónico a casi una treintena de asociaciones y ONG pidiéndoles ayuda para acoger a estos menores. Entre ellas están Cruz Roja o CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) o ACCEM, pero hay otras muchas que no están ni siquiera acreditadas para acoger menores, tal y como han confirmado a OKDIARIO fuentes del sector.
«Siguiendo indicaciones de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela Rodríguez, se remite escrito con el objetivo de conocer vuestra disponibilidad para la apertura de nuevos dispositivos adaptados a las específicas necesidades de infancia en el marco del SAPI. Os agradecemos que nos informéis lo antes posible de vuestro interés en participar», dice el correo.
La petición de ayuda llega casi 6 meses después de que el Supremo pidiera al Gobierno que se hiciera cargo de estos menores solicitantes de asilo.
En concreto, el Tribunal emitió en marzo un auto en el que obligaba al Gobierno de España a garantizar, en un plazo «improrrogable» de 10 días, el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de los menores inmigrantes no acompañados que hayan solicitado o manifestado su voluntad de solicitar protección internacional y que actualmente se encuentran a cargo de los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Canarias. Un anuncio que llegaba en plena polémica por el trato preferente de Pedro Sánchez a Cataluña y País Vasco en el reparto de menas.
Según el Gobierno, la mayoría de los menores irán a Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, con esta última comunidad autónoma como receptora de 647 menas. Por su parte, Cataluña y País Vasco, regiones a las que pertenecen algunos de los socios parlamentarios separatistas de Pedro Sánchez, no recibirán ninguno.
A día de hoy, los menores inmigrantes procedentes de Canarias llegan a cuentagotas a la península. Los primeros traslados se produjeron en agosto con nueve malienses y un senegalés que se alojaban en Las Palmas de Gran Canaria.
Ese mismo mes, el propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reconocía que «hay cierta improvisación y quizás falta de concreción» por parte del Ejecutivo central en el reparto a la península de los menores extranjeros no acompañados que llegaron al archipiélago con protección internacional de asilo durante la última crisis migratoria.
A su vez, Clavijo informó de que solicitaron más información sobre el reparto, pero que el Gobierno de Pedro Sánchez «no comunicó la identidad de los cuidadores que tienen que acompañar a estos menores» e instó a la administración encabezada por Sánchez a tener un protocolo para el traslado de estos menores.
El presidente canario considera que, desde la petición del Supremo hace ya 6 meses, se han estado «vulnerando derechos e incumpliendo tratados internacionales por parte del Gobierno de España».
Los menores procedentes de Canarias serán trasladados a distintos territorios de la península a centros pequeños de responsabilidad estatal.