DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

La Delegación del Gobierno se declara incompetente para impedir el referéndum ‘fake’ sobre la monarquía

referéndum monarquía
La delegada del Gobierno en Madrid, la socialista Mercedes González.

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, con la socialista Mercedes González al frente, se ha declarado incompetente para «autorizar o prohibir» el referéndum fake sobre monarquía o república que una plataforma afín a Podemos e Izquierda Unida ha organizado para mañana  sábado en cientos de municipios de toda España, incluyendo decenas de madrileños.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, la Delegación del Gobierno en la región capitalina considera que la anunciada convocatoria de una «supuesta consulta popular» no puede entenderse como tal porque, para ello, «tendría que haber sido aprobada por los plenos de los Ayuntamientos donde vaya a tener lugar y autorizada por el Ministerio del Interior, extremos que en ningún caso han sucedido».

Además, el departamento que dirige la socialista González apunta que los organizadores, que reconocen que la «consulta» no será vinculante, no se han acogido «al derecho de reunión», entendiéndose como tal «la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada».

En el supuesto de que fueran más de 20 personas, la Delegación del Gobierno recuerda que «con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la Autoridad Gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquellas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo».

Además, agrega, que «cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación, […] podrá hacerse con una antelación mínima de 24 horas».

Asimismo, indica, la instalación de elementos como carpas o mesas en la vía pública debe ser comunicada a los ayuntamientos. Precisamente, los organizadores de esta «consulta popular» la han disfrazado como «mesas informativas» para colársela a los Consistorios, a pesar de que en sus redes sociales se están esforzando en jalear que se trata de un «referéndum».

Así, la Delegación del Gobierno insiste en que «no tiene competencias para autorizar o prohibir estas peticiones», más, teniendo en cuenta, apostilla, que «estas convocatorias no conllevan riesgo de alteración del orden público o para la seguridad de las personas o de las cosas. Aún así, toda la documentación que se reciba será enviada a Policía Nacional y Guardia Civil para su conocimiento».

Este departamento agrega que quien debe de autorizar este tipo de consultas es el Ministerio de Política Territorial y no el del Interior. Asimismo, indican que en Madrid tienen también que contar con informe de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad de Madrid, previo a la autorización de Interior.

Según los convocantes, mañana sábado se van a colocar más de 600 mesas repartidas por todas las comunidades autónomas de España, con la única salvedad de Aragón, donde los ciudadanos podrán votar si prefieren una monarquía o una república. Una «consulta popular» que están alentando desde el entorno de Podemos.

Mientras tanto, desde el Partido Popular han solicitado en diversos ayuntamientos madrileños gobernados por el PSOE que no permitan que se celebre esta consulta que consideran ilegal, peticiones a las que los alcaldes han hecho caso omiso.

Por su parte, Vox ha presentado un recurso en todos los ayuntamientos en los que tiene representación y subdelegaciones de Gobierno para solicitar que denieguen el permiso de utilización del dominio público por ser inconstitucional y por ir contra la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum y contra el Reglamento de Bienes de las corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio.

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