El Constitucional devolverá a Ayuso el control del edificio de Sol cuyo pasado franquista quiere señalar Sánchez

El Tribunal Constitucional devolverá a Isabel Díaz Ayuso el control del edificio de la Puerta del Sol sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid donde Pedro Sánchez quiere placas de memoria histórica. El Ejecutivo central quería señalar la Real Casa de Correos como lugar de torturas en el franquismo pero Ayuso aprobó una ley por la que toda placa en ese edificio tenía que contar con su visto bueno. La Corte de Garantías desautorizará a Sánchez y dirá que la ley regional se debe mantener en vigor por ahora.

Tras el recurso interpuesto por Pedro Sánchez contra la ley de Isabel Díaz Ayuso, que blinda la Real Casa de Correos frente a la instalación de placas de memoria histórica, el Constitucional empezará la deliberación este martes.

El orden del día del Constitucional recoge el tema como «asunto para primera deliberación» bajo la ponencia de María Luisa Segoviano. Fuentes jurídicas indican que el sentido de la votación será levantar la suspensión cautelar que había paralizado la norma autonómica desde su impugnación. Se prevé que por esta vez la mayoría progubernamental por esta vez no vaya a favor de los intereses de Sánchez.

La medida devolverá a la presidenta madrileña el control absoluto sobre uno de los edificios más emblemáticos de España ubicado a los pies del célebre kilómetro cero. Ayuso podrá así exigir autorización previa del Consejo de Gobierno para cualquier placa guerracivilista que se pretenda instalar en la sede de la Presidencia autonómica.

El recurso de inconstitucionalidad RI. 2287-2025, interpuesto por el presidente del Gobierno, había logrado la suspensión automática del artículo 4 de la normativa madrileña. Esta disposición establece que «la instalación con carácter permanente de cualquier placa o distintivo en la Real Casa de Correos requerirá la previa autorización del Consejo de Gobierno [madrileño]».

La ley, aprobada el 26 de diciembre de 2024 y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid al día siguiente, incorpora ese punto clave. Su preámbulo justifica la medida en la necesidad de «proteger y preservar la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia» del edificio histórico.

Protección institucional

El texto legal prohíbe expresamente las instalaciones que «puedan perjudicar o resultar incompatibles con la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional de la Presidencia». Esta redacción ha sido interpretada como una respuesta directa a las presiones del Ejecutivo central para colocar placas conmemorativas en edificios autonómicos.

La normativa establece que «los poderes públicos de la Comunidad de Madrid tienen la obligación de proteger y preservar» las características institucionales del inmueble. En caso de actuaciones incompatibles, ordena «el cese inmediato de aquellas y adoptarán las medidas oportunas para reparar el daño».

La Comunidad de Madrid ha fundamentado la ley en múltiples competencias autonómicas. Entre ellas, la «organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno» y el «patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico de interés para la Comunidad».

También se ampara en la «vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones» y en los «bienes de dominio público», según recoge el Estatuto de Autonomía madrileño.

La norma incluye una disposición adicional que permite a los ayuntamientos de la región adoptar medidas similares. Podrán «acordar la protección de la sede principal en la que se ubique la Alcaldía, en términos similares a los regulados» para la Presidencia autonómica.

Alcance territorial

El precedente podría extenderse por toda la geografía madrileña. Los 179 municipios de la región tendrían la potestad de blindar sus casas consistoriales frente a imposiciones externas sobre simbología o placas conmemorativas.

La Real Casa de Correos, construida entre 1766 y 1768, ha sido testigo de episodios transcendentales de la historia española. Desde la Puerta del Sol, el edificio ha albergado diferentes instituciones y ha sido escenario de acontecimientos que han marcado la evolución política del país.

El inmueble dieciochesco conserva elementos arquitectónicos de gran valor patrimonial. Su fachada neoclásica y su ubicación en el kilómetro cero de las carreteras radiales españolas le confieren un significado especial en el imaginario colectivo nacional.

La deliberación del Tribunal Constitucional no resolverá por ahora el fondo del asunto. El recurso de inconstitucionalidad seguirá su tramitación ordinaria, proceso que puede prolongarse durante meses. Sin embargo, el levantamiento de la suspensión permitiría la aplicación inmediata de la controvertida normativa. No levantar la suspensión cautelar o cualquier otra tesis era insostenible legalmente, indican las fuentes pulsadas.

La decisión se adoptará mediante auto, no mediante sentencia, al tratarse de una cuestión procesal. Los magistrados valorarán si existe riesgo de perjuicio irreparable que justifique mantener paralizada la ley autonómica mientras se resuelve su constitucionalidad. No se prejuzga el fondo de la cuestión.

La batalla jurídica a cara de perro entre Madrid y el Gobierno central por el control simbólico de los espacios públicos entra así en una nueva fase. La Real Casa de Correos se convierte en el epicentro de una pugna que trasciende lo meramente administrativo para adentrarse en terrenos nuevos.