El ayuntamiento de Cercedilla hace un contrato «a medida» para los abogados que desocuparán a Mónica García

La contratación del bufete de abogados que debe defender al Ayuntamiento de Cercedilla en los litigios derivados de las denuncias de los vecinos de Puerto de Navacerrada y Camorritos, que tienen sus casas en situación ilegal en esos terrenos tras haber caducado la concesión, (entre ellos la ministra Mónica García), se está haciendo de manera «presuntamente irregular y en medio de un tremendo oscurantismo», tal y como ha denunciado el PP y Vox en este municipio.

El Consistorio de Cercedilla, gobernado por el Grupo Independiente (GIC), PSOE y Más Madrid ha otorgado la adjudicación del contrato a una empresa externa, al bufete Cases y Lacambra. Con ellos, el Ayuntamiento trabajó el año pasado en la elaboración de un informe sobre este tipo de contratación pública y era, por tanto, posible conocedora privilegiada de cómo se iba a sacar el concurso.

El alcalde buscó a esta empresa y la contrató sin publicidad ni competencia «a dedo» según denuncia la oposición para un asesoramiento previo derivado de la orden de caducidad de la OCU.23A Camorritos y Puerto Navacerrada. Se trata de una licitación de 3 millones de euros que representa casi el 40% del presupuesto municipal. 

A este bufete de abogados, Cases y Lacambra, el Consistorio ha otorgado 20 puntos sin explicar en qué se han basado para «beneficiar» a esta empresa, por encima de las 8 restantes, a las cuales ha dado 0 puntos, dejándolas fuera. El alcalde, David Martín Molpeceres, solo dijo que se había basado en la «interpretación de la fórmula definida en los pliegos». 

La actitud del Ayuntamiento ha provocado que las otras empresas que se presentaron al concurso hayan interpuesto varios recursos denunciando esta situación. Entre ellas Price Waterhouse y CDS Abogados Corporativos SL.

La empresa más valorada en el global fue Cases y Lacambra, pero en la puntuación de la memoria técnica quedó tercera y ha sido gracias a esa «interpretación» que ha podido quedar en primera posición.

Además, la elección de la misma incurre en un «conflicto de intereses» porque esta empresa ya firmó el año pasado un contrato menor, «a dedo» con el Ayuntamiento de Cercedilla para la elaboración de otro informe relacionado con este mismo asunto, el de la defensa jurídica para el desalojo de Camorritos y Puerto de Navacerrada (OCU.23A). Por Ley, el Consistorio no puede contratar a una empresa que haya participado con anterioridad en algo que tenga que ver con el caso de la 23A.

Ni siquiera el presidente de la mesa de contratación sabía que la empresa mejor valorada había sido previamente contratada para realizar un documento sobre la contratación pública de esta licitación.

Por todo ello, el Partido Popular ha pedido un informe al Secretario del Ayuntamiento para corroborar y denunciar este posible conflicto de intereses, pero desde el equipo del Gobierno no lo han querido solicitar al funcionario y así quedó en evidencia durante el transcurso del pleno extraordinario de contratación del pasado viernes.

La falta de transparencia e información y las numerosas dudas planteadas sin resolver, han provocado que tanto PP como Vox y Vecinos por Cercedilla hayan votado en contra de esta adjudicación. Sin embargo, el voto a favor del equipo de Gobierno (GIC, PSOE y Más Madrid), y la abstención de Juntos por Cercedilla ha permitido la adjudicación a este «procedimiento opaco y presuntamente irregular con polémica desde su inicio».

«No se han tenido en cuenta nuestras propuestas al pliego, como eliminar la valoración subjetiva, ya que esta podría ocasionar que estos abogados podrían tener ventaja respecto a los demás. Todo parece un contrato a medida», denuncia Javier de Pablo, portavoz del PP en Cercedilla.

Por su parte, Enrique Pérez de Vox Cercedilla, considera que llevan mucho tiempo reclamando transparencia y legalidad en este asunto, algo que es «imposible» con este gobierno de PSOE y Grupo Independiente.

«Faltan informes, ocultan datos, todo es oscuro y turbio porque solo han venido a regar con contratos públicos a familiares y amigos. Esta contratación es una prueba más de ello y de su afán por llenar el bolsillo de sus amigos con dinero público», dice Pérez.

En este sentido, la oposición tiene serias sospechas de que el Ayuntamiento de Cercedilla, con el alcalde David Martín Molpeceres al frente, quiere favorecer a esta empresa por «motivos personales», ya que se trata del contrato de mayor cuantía económica en la historia del Ayuntamiento. De perderse, podría llevar a la ruina al municipio.

La casa de Mónica García

Los residentes de las viviendas de Camorritos, (Cercedilla), situadas en suelo protegido, habían emprendido ya acciones judiciales para evitar el desahucio de sus viviendas en la Sierra de Madrid, después de que hubiera expirado la concesión que les permitía vivir en ellas durante el plazo de 99 años.

En esos terrenos se erige el chalet de Mónica García, afectado por una concesión pública que data de principios del siglo XX y que lleva caducada desde abril de 2019. Durante este tiempo, los vecinos incluso han quedado exentos de pagar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). La ministra de Sanidad es titular de una tercera parte de esta vivienda, heredada de sus padres, en una finca de más de 2.000 metros cuadrados y que está situada en una de las zonas más exclusivas de la Comunidad.

La Asociación de vecinos afectados de Camorritos ya anunciaron hace meses que «pelearán» por mantener sus casas y que recurrirán este expediente hasta llegar a los juicios que sean necesarios.