Zapatero usó a Garzón para negociar con Batasuna mientras prometía a ETA no hacer detenciones

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero utilizó al juez Baltasar Garzón como enlace con la ilegalizada Batasuna, para poner en marcha la «mesa de partidos» que debía decidir la posible anexión de Navarra al País Vasco, o incluso una eventual declaración de independencia de ambos territorios.

Así lo aseguró uno de los emisarios del Gobierno de Zapatero durante la reunión celebrada el 26 de septiembre de 2006 en Oslo (Noruega) con Josu Ternera y otros dos dirigentes de la banda terrorista ETA.

Según las actas que ya están depositadas en la Audiencia Nacional, uno de los representantes del Gobierno explicó en aquella reunión: «Garzón mantiene dos líneas de comunicación. Una con el Gobierno y la otra con Batasuna. En esta última se sitúan de antemano los límites de los actos, llamamientos o de la actividad que fuere para que Batasuna pueda gestionar/resolver los mismos. De esta manera, la situación ha cambiado en cuanto a la línea Garzón/Gobierno y Garzón/Batasuna. Es decir, las reglas del juego están claras».

En aquel momento, Batasuna era una organización ilegal: la Sala Especial del Tribunal Supremo había ordenado en marzo de 2003 su ilegalización y disolución, en aplicación de la Ley de Partidos, tras constatar que era un mero instrumento político controlado por la dirección de ETA para estar presente en las instituciones.

El futuro de Navarra

Pero al iniciar las conversaciones secretas con ETA en julio de 2005, Zapatero aceptó la exigencia de la banda terrorista de poner en marcha un doble canal de diálogo: una «mesa técnica» entre ETA y el Gobierno, que negociaría el fin de la violencia y el futuro de los terroristas encarcelados, y una «mesa política» entre el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y Batasuna, a la que luego se podrían sumar otras fuerzas políticas, que debatiría el futuro del País Vasco y Navarra.

ETA dejó claro desde el principio cuál era su principal exigencia para este segundo canal de negociación política: «cuatro territorios más el poder de decisión», sin ninguna interferencia de España o Francia. Es decir, unir el futuro político de Navarra y el País Vasco, y que los ciudadanos de ambas regiones pudieran decidir, sin ninguna cortapisa de la Constitución, si querían seguir formando parte de España.

En la reunión celebrada el 26 de septiembre de 2006 con miembros de la dirección de ETA, el emisario de Zapatero explicó que, aunque Batasuna seguía siendo ilegal, el Gobierno le permitía celebrar actos políticos siempre que no los convocara con su nombre. De hecho, recordó que «Batasuna ha podido realizar 90 y pico actos [durante el verano] y el Gobierno sigue trabajando en ello sin descanso».

«En la medida en que el proceso avance», apostilló otro de los representantes del Gobierno de Zapatero, «se podrá cambiar la legislación sobre ese tema. Mientras tanto, hay que fortalecer el funcionamiento de facto pero esto tiene un límite: Batasuna no podrá hacer llamamientos o convocar actos significativos. Es decir, ese tipo de actos tendrán que convocarse mediante firmas, no en nombre de Batasuna. Se puede hacer más, pero eso depende de la evolución de la otra mesa (del otro carril) y nosotros ahí no podemos hacer nada».

Prometió derogar la Ley de Partidos

Es decir, los representantes de Zapatero mostraba a ETA su disposición a derogar la Ley de Partidos, siempre que se produjeran avances en la «mesa política» entre el PSE y la ilegalizada Batasuna. Hasta entonces, Batasuna (es decir, el brazo político de ETA) podría celebrar actos públicos, siempre que no los convocara utilizando sus siglas.

En aquella reunión, Josu Ternera y los otros dos miembros de la dirección de ETA amenazaron con romper la negociación debido a las detenciones de miembros de la banda que se habían producido. Especialmente, las ordenadas por el juez Fernando Grande-Marlaska tras el chivatazo del bar Faisán.

Los portavoces del Gobierno se comprometieron a presionar a los jueces para evitar que se produjeran nuevas detenciones: «A nivel de Audiencia Nacional y de operaciones que puedan venir de lejos, es difícil pararlas totalmente. Lo intentaremos y en ocasiones lo conseguiremos, pero no siempre (…) Podemos minimizarlo, pero no podemos controlarlo todo».

Fue en este contexto en el que uno de los emisarios de Zapatero mencionó el nombre del juez Baltasar Garzón: «Garzón mantiene dos líneas de comunicación. Una con el Gobierno y la otra con Batasuna. En esta última se sitúan de antemano los límites de los actos (…) De esta manera, la situación ha cambiado en cuanto a la línea Garzón/Gobierno y Garzón/Batasuna».

Ruz le citó como «testigo protegido»

Cinco años después, el 22 de marzo de 2011, el juez de la Audiencia Nacional que instruía la investigación sobre el caso Faisán, Pablo Ruz, tomó declaración como «testigo protegido» al emisario del Gobierno de Zapatero que pronunció aquellas palabras. En su declaración, el representante de Zapatero se retractó de lo dicho en las conversaciones con ETA y negó que Garzón hubiera jugado un papel decisivo en las negociaciones secretas.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió cautelarmente a Baltasar Garzón como magistrado en mayo de 2010, debido a que estaba imputado en tres causas. Finalmente, el 9 de febrero de 2012 fue condenado a 11 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo, por grabar ilegalmente las conversaciones entre varios imputados del caso Gürtel y sus abogados.

En la actualidad, Baltasar Garzón mantiene una importante influencia política sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, debido a su estrecha relación personal con la ministra Lola Delgado.