El testigo protegido del ‘caso Nécora’ denuncia ante Marlaska y Delgado que el juez Garzón le engañó

El testigo protegido del caso Nécora Manuel Fernández Padín, cuya declaración fue fundamental para enviar a la cárcel a los grandes capos del narcotráfico gallego, ha remitido sendas cartas a los ministros Lola Delgado y Fernando Grande-Marlaska para pedirles que cumplan los compromisos que el juez Baltasar Garzón adquirió con él durante la instrucción de la causa.

«Garzón es un demagogo, un mentiroso y un traidor», afirma Fernández Padín en declaraciones a OKDIARIO, «nos prometió a Ricardo Portabales y a mí que el Estado nos daría una indemnización o un puesto de trabajo lejos de nuestra tierra, a la que no podemos volver. Nos dijo que podríamos trabajar en una embajada en el extranjero, para huir de los narcos gallegos, pero nada de eso se ha cumplido. El Estado nos ha dejado tirados, a pesar de que seguimos amenazados».

El testigo protegido explica que ha vivido «con escolta policial durante 20 años, las 24 horas del día. Nos prohibieron trabajar y dar nuestra identidad a nadie. El fiscal nos dijo que la Justicia podría realizar por nosotros unas cotizaciones de clases pasivas a la Seguridad Social, pero no ha sido así. Cuando declaré ante el juez Garzón tenía 30 años y ahora voy a cumplir 60. Pero no voy a poder cobrar una pensión de jubilación, porque me pasé 20 años sin cotizar».

«Todavía hoy, cuando voy a Galicia a ver a mi madre, tengo que tomar mis precauciones», añade, «tengo que dar las gracias a los Charlines por no haberme matado, son gente poderosa que puede liquidarte cuando quiera. El daño que les hice, las incautaciones de droga y dinero realizadas gracias a mi declaración, son cosas que nunca se olvidan. Pero el Estado nos ha dejado en sus manos».

«Sigo estando amenazado»

Hasta ahora, los escritos que Fernández Padín ha enviado al Gobierno no han dado ningún fruto. La ministra de Justicia se ha limitado a pasar la pelota al titular de Interior. Por su parte, Grande-Marlaska indica en su respuesta que no tiene competencias sobre la Seguridad Social y que no es responsable de las decisiones que tomaron en su día los jueces. El Gobierno de Pedro Sánchez no adquiere, por tanto, ningún compromiso para resolver la situación del testigo protegido.

«También he hablado dos veces con Garzón sobre este tema», explica Fernández Padín, «la última vez me dijo que no escriba más ni moleste a la ministra Lola Delgado, que no me va a contestar. No quieren saber nada, ni Garzón, ni Delgado, ni Marlaska ni el presidente Pedro Sánchez. Se hacen llamar socialistas, pero para mí son socialistas de pacotilla».

En la carta que ha dirigido a la ministra Lola Delgado, Manuel Fernández Padín explicaba lo siguiente: «Colaboré con la Guardia Civil y con la Audiencia Nacional en la desarticulación del clan de los Charlines, dedicado al contrabando y tráfico de tabaco, hachís y cocaína. Por este motivo, ya no puedo, ni debo, volver a mi tierra, Vilanova de Arousa, por las represalias que el clan tomaría contra mí».

Durante el juicio del caso Nécora, añade, «yo padecía una psicosis maniaco-depresiva crónica y, cuando se nos retiró toda la protección, sufrí un trasplante de hígado, por lo que dependo de un tratamiento médico crónico. Yo era marinero en Galicia y tuve que venir a Madrid, ciudad a la que me trajo el Ministerio de Interior en 1990. Por ese motivo no puedo conseguir ningún empleo, y sobrevivimos mi mujer, mi hijo con una discapacidad del 33% y yo con una pensión mínima de 400 euros y un subsidio de 360 euros».

Por este motivo, tal como le prometió la Fiscalía, pide que el Ministerio de Justicia asuma los 20 años de cotización a la Seguridad Social correspondientes al período en el que se le impidió trabajar, con el fin de que pueda cobrar en el futuro una pensión de jubilación.

Fernández Padín también se ha dirigido al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que le recuerda lo siguiente: «Mi colaboración con la Justicia supuso un grave varapalo para el clan de los Charlines a los que, además de ser condenados a grandes penas de prisión, se les embargaron bienes por valor de 30 millones de euros que, según manifestó en su día el ministro Rubalcaba, se utilizarían en la lucha contra la droga».

El testigo protegido concluye su escrito lamentando que «los narcotraficantes están en su tierra, disfrutando sus bienes en plena libertad, mientras yo seré siempre un amenazado y un exiliado lejos de su familia. ¡Que no salga tan caro colaborar con la Justicia, el Estado y la sociedad española!».

La Audiencia Nacional celebró el macrojuicio del caso Nécora, cuya causa recrea la serie Fariña de Atresmedia, en 1993 en la Casa de Campo, con 48 imputados en el banquillo. De ellos, 30 fueron condenados a penas que suman 305 años de cárcel y el resto fueron absueltos.

Las mayores penas fueron para el colombiano Alberto Vargas Vera (que controlaba los envíos de cocaína a España) con 23 años de cárcel y Gabriel Outón Caamaño (yerno de Manuel Charlín) con 20 años de prisión. Laureano Oubiña y su mujer, Esther Lago, fueron condenados a 12 años de cárcel. En cambio, resultó absuelto Manuel Charlín Gama, que estaba considerado como el patriarca del clan de los Charlines. Tres años después, el Tribunal Supremo redujo ligeramente estas penas y cuestionó la instrucción que había realizado Baltasar Garzón, quien ya había sido catapultado por los medios de comunicación a la categoría de juez estrella.