La trama del ‘caso Puertos’ dilapidó patrimonio del Estado en un frustrado pelotazo urbanístico

El informe aportado por un empresario a la causa Puertos que instruye la juez de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca y que afecta a los socialistas de Baleares recoge entre su veintena de folios un asunto relativo a la demolición a mediados de 2018 de dos edificios de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) propiedad, por tanto, de Patrimonio del Estado. Según ese documento, la APB demolió dos instalaciones sin avisar a la Dirección General de Patrimonio, tal y como era preceptivo. Los socialistas mallorquines pretendían licitar un hotel en la zona dejada por los dos edificios e incluso una de las ofertas particulares fue aprobada, pero finalmente la APB alegó que Puertos del Estado no dejaba poner este tipo de instalaciones en los puertos, aunque el consejo de ministros podía haber levantado esa prohibición. A pesar de que el empresario acudió a la Justicia nunca se pudo llevar a cabo el proyecto. La zona ahora es un paseo y el informe concluye que la APB dilapidó el patrimonio del Estado al derribar esos edificios e incluso acusa a los responsables de «malversación» al dejar de percibir alquileres o tasas de ocupación por los mismos.

Este documento, fechado en septiembre de 2020, fue entregado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca en diciembre del mismo año por este empresario, que se quedó sin construir el hotel proyectado, y amenaza la reelección de la socialista Francina Armengol como presidenta del Gobierno de Baleares por las supuestas irregularidades recogidas en el informe y supuestamente cometidas por el presidente de la APB, Joan Gual de Torrella, impuesto por su Gobierno regional.

La investigación judicial tiene como imputados a varios directivos de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), dependiente del organismo Puertos del Estado aunque el presidente es impuesto por los líderes autonómicos de cada lugar. Puertos del Estado está a su vez bajo la órbita del Ministerio de Fomento. También los socialistas se han visto implicados tras la reciente declaración judicial de Rafael Ruiz, alcalde socialista de Ibiza y miembro del consejo de Administración de la APB en representación del Consejo Insular de esa isla.

El informe secreto del que está dando cuenta OKDIARIO lleva fecha «septiembre de 2020», dos meses después de que la Guardia Civil detuviese a la cúpula de la APB por algunas de las cuestiones recogidas en el citado documento. El documento recoge como supuesta irregularidad y en dos párrafos «la demolición de dos edificios ubicados en la Plaza Jardines de San Telmo y en el Contramuelle Mollet, en el Puerto de Palma se efectuó mediante la aprobación y ejecución de un proyecto de demolición de instalaciones, sin efectuar los trámites exigibles para su desafección del dominio público portuario estatal y su enajenación, tal y como tiene previsto el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley de Puertos, ya que no se solicitó informe preceptivo de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar ni se comunicó la enajenación a la Dirección General de Patrimonio», a pesar de que según el escrito «eran unos bienes integrados en el dominio público portuario estatal de acuerdo con las definiciones del artículo 67 de dicho Texto Refundido».

El primer derribo tuvo lugar en marzo de 2018 y el segundo en julio del mismo año. En declaraciones públicas de Joan Gual de Torrella, entonces presidente de Autoridad Portuaria de Balears (APB) y principal imputado en la causa, esta obra era el inicio del «cambio radical» de toda la zona hasta Portopí. El plan incluía un aparcamiento subterráneo, la demolición de los dos edificios citados y las reformas del Club Náutico de Palma y Club de Mar.

Precisamente el empresario que aportó este informe al juzgado fue uno de los dos que optó a la concesión de un hotel en este espacio, que finalmente quedó vacío a pesar de ser adjudicado en primera instancia a la oferta de este empresario.

El segundo párrafo del informe aportado a la instrucción judicial continuaba diciendo que “con esta actuación, la Autoridad Portuaria de Baleares, sin compensación alguna, y en base a un informe de la abogada del Estado en Islas Baleares (Dolores Ripoll) que no motiva ni justifica la actuación con argumentos legales, ha perdido un patrimonio igual al valor del edificio en cuestión, además de las rentas anuales, en concepto de tasas, por su ocupación y utilización. Lo que podría suponer una malversación de fondos públicos”.

Dolores Ripoll es otra de las personas investigadas en el caso Puertos. El caso se inició tras la denuncia de la empresa Club Deportivo Básico 12 Millas ante la Fiscalía Anticorrupción por la adjudicación de la explotación del puerto deportivo ibicenco al Club Náutico de Ibiza (CNI).

La concesión fue recurrida ante los tribunales administrativos y llegó hasta el Tribunal Supremo, que acabó dando la razón al Club 12 millas. El Club Náutico de Ibiza es un negocio muy codiciado debido a la gran cantidad de atraques para yates de lujo durante todo el año.

Conversaciones

La posterior investigación de la Guardia Civil descubrió conversaciones entre el presidente de la APB entonces, Joan Gual de Torrella, y la presidenta balear Francina Armengol donde se comprueba que el primero informaba a la segunda sobre las gestiones para la concesión al CNI de Ibiza. En el caso del alcalde ibicenco Rafael Ruiz la juez cree que su participación en la adjudicación del puerto de Ibiza fue “más allá” de su mera participación en el consejo de Administración de la APB y por eso está imputado.

El 23 de julio de 2020 la Guardia Civil irrumpía en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Baleares y detenía a su presidente Gual de Torrella, al vicepresidente Miguel Puigserver; el director, Juan Carlos Plaza; y los directivos José Fernando Berenguer y Armando Parada. Todos quedaron en libertad con la condición de investigados, pero el presidente tuvo que dimitir y fue sustituido por Francesc Antich, antiguo presidente socialista de Baleares que luego tuvo que dejar el cargo por problemas de salud.

Berenguer estaría en posesión de esos famosos 20 folios entregados en diciembre de 2020 por el empresario que se ha convertido en testigo en la pieza principal, según su declaración ante la juez que ha podido conocer OKDIARIO y que señalaba a Fernando Berenguer, de la APB, como la persona que le habría dado ese documento. Berenguer, también imputado por la juez, era el Jefe de Explotación de la APB.

La declaración del empresario relativa al documento llegó cuando dijo poseer «una información de la APB donde se ven irregularidades que se cometían en cada uno de los expedientes» y que «se la dio Fernando Berenguer». Según el testigo de la pieza principal del caso Puertos, él habría ido a casa de Berenguer a recoger esos documentos y le habría dicho «oye dame eso que se lo voy a dar a la gente que me ayuda a mí». Después lo aportó al Juzgado. Durante su declaración estuvo presente también la fiscal Anticorrupción de Baleares.