El testigo de Nécora: «El PSOE me ofreció 200 millones de pesetas para apartar a Garzón del caso GAL»

El juez Baltasar Garzón, inhabilitado por prevaricar en el caso Gürtel, tutela actualmente la política del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de Justicia, gracias a su estrecha amistad con la ministra Lola Delgado. Pero sus relaciones con el PSOE no siempre han pasado por un momento tan dulce.

El testigo protegido del caso Nécora, Manuel Fernández Padín, asegura que en 1994 el abogado del Ministerio de Interior Jorge Argote le ofreció 200 millones de pesetas «en nombre del PSOE, del Gobierno socialista y de la Casa Real» para que denunciara al magistrado Baltasar Garzón, con el fin de apartarle de la Audiencia Nacional e impedir que siguiera investigando los crímenes de los GAL.

Siempre según su testimonio, Fernández Padín recibió esta oferta económica a través de un intermediario: el abogado Alberto González Atanes, quien había defendido a un miembro del clan de los Charlines, Jorge Outón Caamaño, en el macrojuicio del caso Nécora contra el narcotráfico gallego. Atanes citó en su despacho al testigo protegido, le puso un cheque en blanco sobre la mesa y le dijo: «Pon tú la cantidad».

Tras ser detenido cuando participaba en la descarga de un alijo de droga, Manuel Fernández Padín había actuado como testigo protegido en la operación Nécora. Pero durante el proceso observó numerosas irregularidades cometidas por el instructor de la causa, Baltasar Garzón.

«Me ofreció un billete para irme de España»

«El juez Garzón me hizo conducir a su despacho de la Audiencia Nacional desde la cárcel en dos ocasiones, para tomarme declaración sin la presencia de mi abogado, algo irregular pues yo estaba imputado y por tanto debía estar acompañado por mi letrado», explica a OKDIARIO el testigo protegido.

En una de estas ocasiones, «cuando estaba declarando apareció en el despacho de Garzón Ricardo Portabales [otro testigo protegido de la causa], entró como Pedro por su casa, sin llamar a la puerta, se sentó a mi lado y comenzó a dirigir mi declaración», relata Fernández Padín, «pretendía que yo declarara que le había visto  departiendo con Laureano Oubiña y Sito Miñanco. Algo que era falso, yo nunca les había visto juntos. Portabales era un simple camello, nunca trabajó para ninguno de los grandes capos de la droga».

En otra ocasión, explica Fernández Padín, «Garzón me presionó para que yo implicara a Manuel Charlín Pomares, el hijo de Manuel Charlín Gama. Yo me negué, porque nunca le había visto cometer ningún delito. Entonces Garzón me ofreció un ‘pacto de caballero’: que yo acusara a Charlín Pomares, pero mi declaración no quedaría escrita ni tendría que firmar nada. A cambio, me ofreció un billete de avión para que pudiera abandonar España junto a mi familia». De nuevo, el testigo protegido se negó a aceptar este amaño.

Para sorpresa de todos, Baltasar Garzón dio el salto a la política en las elecciones generales de junio de 1993: se presentó como número 2 del PSOE al Congreso de los Diputados por Madrid, tras Felipe González. El idilio se rompió propio. Garzón esperaba ser nombrado ministro de Justicia, pero tras usarle como reclamo electoral González le relegó al cargo de delegado del Plan Nacional contra la Droga.

«En nombre del PSOE y la Casa Real»

El juez estrella se sintió utilizado por el PSOE: sólo ocupó el cargo durante unos meses, hasta mayo de 1994. Entonces renunció a su escaño, regresó a la Audiencia Nacional y reabrió una de las causas más polémicas del caso GAL: la del secuestro de Segundo Marey. Tras tomar declaración a Amedo y Domínguez,  en diciembre de 1994 envió a prisión al ex director de Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, y ordenó detener a otros altos cargos del Ministerio de Interior implicados: Miguel Planchuelo, Julio Hierro y Francisco Álvarez.

Todas las alarmas se encendieron en el PSOE. Es entonces cuando el testigo protegido del caso Nécora, Manuel Fernández Padín, recibió la oferta de 200 millones de euros para quitar de en medio al juez Garzón y evitar que siguiera investigando los crímenes de los GAL.

«El abogado Alberto [González] Atanes, que había representado a Jorge Outón Caamaño en el caso Nécora, me citó en su despacho de la calle Zurbarán, número 5», explica a OKDIARIO Fernández Padín, «yo a este señor le había contado que había habido prevaricaciones y una pésima instrucción por parte de Baltasar Garzón. Cuando Garzón volvió a la Audiencia Nacional para reabrir el caso GAL, él se acordó de mí y habló con determinadas personas del PSOE y del Gobierno de Felipe González».

«Alberto Atanes me cuenta que es un grande de España, que viene en nombre del Gobierno, del PSOE y de la Casa Real, lo cual a mí ya me dio miedo, pero le escuché», añade el testigo protegido, «me explicó que lo que querían hacer era cargarse a Baltasar Garzón, expulsarle de la Audiencia Nacional para que no pudiera instruir el caso GAL, ese era el objetivo. Me dijo que ya tenían preparado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que, una vez yo presentara la denuncia, expulsarle de la Audiencia Nacional».

«Pon tú la cantidad en el cheque»

El testigo protegido no salía de su asombro, pero escuchó con atención. Según ha relatado a OKDIARIO, «presencié que encima de la carpeta que suelen tener los abogados en su despacho había un cheque en blanco. Me dijo: «Pon tu la cantidad’. Yo lo tomé un poco a broma y le dije: ‘Te voy a pedir, no sé si le dije 2.000 o 20.000 millones de pesetas’. Y él me dice: ‘¡Dónde vas, animal!’».

Al final, «entrando en su juego, le dije que 200 millones de pesetas. El me dijo que lo veía justo, que me lo traerían en una cartera en efectivo, no había problema con esa cantidad. Entonces me dijo que iba a conocer a una persona, que era la que llevaba este tema, y me hizo pasar a otro despacho. Allí me encontré al que era entonces abogado del Ministerio de Interior, Jorge Argote».

Argote había sido el abogado de Amedo y Domínguez, y más tarde también representó a los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo, imputados por el asesinato de los terroristas Lasa y Zabala (cuyos cadáveres fueron hallados en Alicante, enterrados en cal viva) en otra pieza de los GAL.

El juez Javier Gómez de Liaño llegó a imputar a Jorge Argote en dicha causa, por un delito de encubrimiento y obstrucción a la Justicia, aunque finalmente quedó absuelto. El abogado del Ministerio de Interior también sería imputado en la causa de los fondos reservados, por las sumas de dinero público que cobró para defender a los imputados del GAL.

Lo dejó escrito ante notario

De este modo, el testigo protegido del caso Nécora, Manuel Fernández Padín, se encontró sentado cara a cara con el abogado del Ministerio de Interior en el despacho del abogado Alberto González Atanes. «Argote me dijo que quería que le cogiera como abogado, para presentar una denuncia contra el juez Garzón por las irregularidades que había cometido en la instrucción del caso Nécora», explica el testigo protegido.

«Me dijo que la denuncia iba a prosperar y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encargaría de expulsar a Garzón de la Audiencia Nacional», añade, «cuando vi que iban en serio y el ofrecimiento era formal, cogí miedo por todo lo que representaban los GAL y por lo que me podía pasar en el futuro. Ricardo Portabales trabajó mucho tiempo para la Policía y me contó que había habido muertes y desapariciones, incluso de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Así que cogí miedo y le di largas».

Fernández Padín rechazó finalmente esta oferta planteada por el abogado del Ministerio de Interior de Felipe González, 200 millones de pesetas estampados en un cheque en blanco, que le hubiera permitido abandonar España y alejarse definitivamente de los clanes gallegos del narcotráfico que han amenazado su vida durante las últimas tres décadas.

No obstante, tras aquella conversación acudió a una notaría de Madrid para dejar constancia de todo lo ocurrido, con la advertencia de que si le ocurría algo el acta debía ser entregada a un conocido periodista. El abogado que actuó como intermediario de Argote, Alberto González Atanes, ha sido presidente del CD Ourense y el pasado mes de julio fue detenido por su presunta implicación en una red de inmigración ilegal.