Un organismo de la Generalitat pide donativos para pagar la fianza de 5,8 millones de los golpistas del 1-O

El Institut d’Estudis Catalans (IEC), cuya principal fuente de financiación es la Generalitat de Quim Torra, ha realizado un envío masivo de correos electrónicos en los que pide donativos para pagar la fianza de 5,8 millones de euros que la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil Llima, ha impuesto a 17 imputados por participar en la organización del 1-O.

Los emails han sido enviados desde la cuenta oficial del IEC por uno de sus directivos, el doctor Lluís Garcia Sevilla, que es profesor emérito de Psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). García Sevilla es un defensor de la inmersión lingüística y autor de ensayos como «El invento de la españolidad: la construcción pseudocientífica de la españolidad». Aunque el Institut d’Estudis Catalans (IEC) actúa como una entidad privada, cerca del 90% de sus ingresos procede de la Generalitat, según sus cuentas oficiales.

La magistrada Alejandra Gil Llima ha dictado el auto de procesamiento contra 30 personas, acusadas de los delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación por participar en los preparativos del referéndum ilegal de independencia del 1-O. La juez ha impuesto una fianza solidaria de 5,8 millones de euros (equivalente al dinero público gastado en el referéndum ilegal) a 17 de los imputados, como autores de un delito de malversación.

Entre ellos se encuentran la interventora de la Generalitat Rosa Vidal (que engañó repetidamente al Ministerio de Hacienda para ocultar los gastos del 1-O), el ex secretario general de Presidencia Joaquim Nin, el director general de Patrimonio de la Generalitat Francesc Sutrías, el ex secretario de Difusión Antoni Molons; el ex secretario general del Diplocat, Albert Royo; el director de Estrategia e Innovación del CTTI Josué Sallent y el ex director general de Unipost, Pablo Reventós.

Junqueras pide dinero desde la cárcel

El correo electrónico enviado a cientos de destinatarios por el Institut d’Estudis Catalans (IEC) advierte que, si los 17 imputados no depositan la fianza de 5,8 millones antes del 10 de mayo, la juez les embargará todos sus bienes. Por ello, pide a los destinatarios que hagan nuevos donativos a la Caja de Solidaridad creada por los independentistas.

El mensaje explica que los dos responsables de fiscalizar la Caja de Solidaridad, los ex presidentes del Parlament Núria de Gispert y Ernest Benach, «no quieren desvelar la cifra recaudada» hasta ahora, porque «cuando se han publicado cifras se ha detectado que el Estado español responde imponiendo más sanciones y multas».

Pero deja entrever que la recaudación está lejos de la cantidad esperada, debido a «algunos factores: por un lado, el impacto mediático del juicio del Supremo eclipsa esta causa; y por otro, la campaña electoral atrae toda la atención». El mensaje también recuerda que Oriol Junqueras y Raül Romeva han aprovechado una vídeoconferencia desde la cárcel de Soto del Real para pedir donativos a la Caja de Solidaridad.

El Institut d’Estudis Catalans (IEC) que ha difundido este mensaje de forma masiva actúa como una entidad privada, pero está estrechamente vinculado a la Generalitat, que constituye su principal fuente de financiación. En el ejercicio 2018, el IEC manejó un presupuesto de 7,4 millones de euros, de los cuales 6,9 millones proceden de subvenciones públicas.

Tiene sede gratis y no paga impuestos

El 90% de estas ayudas han sido concedidas por distintos departamentos de la Generalitat. La Administración autonómica y el Ministerio de Fomento financian además con más de 3,6 millones de euros las obras de remodelación de la sede de la entidad, conocida como la Casa de Convalescència.

El inmueble es propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, que lo cede gratuitamente al Institut d’Estudis Catalans (IEC). El edificio está tasado en 21,9 millones de euros. Además, tanto el Ayuntamiento como la Diputación de Barcelona y la Agencia Tributaria eximen al IEC de pagar sus correspondientes tributos.

La Ley 8/1991, aprobada por el Parlament durante la Presidencia de Jordi Pujol, otorga al Institut d’Estudis Catalans la «autoridad lingüística» para fijar las normas de uso de la lengua catalana. La fianza de 5,8 millones que la juez Alejandra Gil ha impuesto a los 17 imputados del 1-O por malversación equivale al dinero público gastado por la Generalitat en la organización del referéndum ilegal.

De esta cifra, 1,2 millones corresponden al coste de la obra ordenada por Junqueras para el call center del referéndum, cerca de un millón de euros al coste de los envíos postales gestionados por Unipost, 300.000 euros a los «observadores internacionales» comprados con dinero público por el Diplocat, 277.000 euros al precio de la publicidad de la consulta emitida ilegalmente por TV3 y Catalunya Ràdio y 100.000 euros al coste de la aplicación desarrollada ilegalmente por T-Systems para gestionar el voto de los catalanes en el exterior.

La Generalitat no llegó a pagar algunas de estas facturas, debido a los controles establecidos por el Ministerio de Hacienda y los requerimientos del Tribunal Constitucional. Pero el mero hecho de que comprometiera estos gastos ilegales implica, según la jurisprudencia del Supremo, que se consumó el delito de malversación.