El nº 2 de González sobre la corrupción del Canal: «En época de Gallardón es donde realmente hubo»
El único consejero que no votó la compra de Inassa ante el juez: “El Canal parecía una república bananera”
Éste es el aval de 2,2 millones que firmó el Canal cuando no se había autorizado la compra de Inassa
El Canal firmó un aval de 2,2 millones por Inassa 21 días antes de que se autorizara la compra por el doble de su precio
La mano derecha de Ignacio González en el Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, durante una conversación sobre la corrupción investigada en la empresa pública del agua aseguró que «en la época de Gallardón es donde realmente hubo».
En una comunicación intervenida en el marco del caso Lezo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO el 15 de marzo de 2017, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Edmundo Rodríguez Sobrino realiza una llamada telefónica al abogado Manuel Gómez de la Bárcena.
Rodríguez Sobrino se refiere a la compra «fraudulenta» de la filial colombiana de Inassa de la que él mismo fue gerente. Esta operación se cerró por 73 millones de dólares y se efectuó a través de una sociedad del paraíso fiscal de Panamá. La compra la aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 29 de noviembre de 2001, y Alberto Ruiz Gallardón firmó la operación al ser el presidente regional.
Durante la conversación, entre Edmundo Rodríguez Sobrino y Manuel Gómez de la Bárcena, el exgerente de Inassa le comunica una citación judicial y hablan sobre una demanda interpuesta por la empresa Essentium, indicando que también afecta a la exdirectora financiera del Canal de Isabel II, María Fernanda Richmond, que también se encuentra citada en el mismo proceso.
En el transcurso de la llamada, ambos hacen mención a la publicación de una noticia por un medio de comunicación sobre la compra de Inassa en el año 2001 por parte del Canal y en la que también se hace referencia a la adquisición de la filial brasileña de Emissao que fue el detonante de la ‘Operación Lezo’.
En ese momento, Manuel Gómez de la Bárcena afirma: «Sí, bueno, ya se están remontando a la época de…». «Sí, de Gallardón» contesta Rodríguez Sobrino. El abogado añade: «a la época de Gallardón, que es donde realmente eh…, bueno pues se..». «Es donde realmente hubo, hubo» interrumpe el exgerente de Inassa.
«Donde realmente debió haber» replica el abogado. «O debió haber» matiza Rodríguez Sobrino. A continuación, el abogado afirma: «Porque ni tú ni yo estábamos». «Sí, tampoco lo sabemos» sostiene Rodríguez Sobrino. Finalmente, intercambian cuatro palabras: «Claro», «sí», «claro», «bueno».
Estas palabras de Edmundo Rodríguez Sobrino son recogidas en varios informes de la UCO como indicios de la presunta comisión de hechos delictivos en la compra de Inassa, actualmente bajo investigación.
Llamada telefónica intervenida por la UCO a la mano derecha de Ignacio González en el Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino.
Alberto Ruiz-Gallardón en la Asamblea de Madrid. (Foto: Efe)
El aval millonario de Inassa
Tal y como desveló este diario, el Canal de Isabel II suscribió un aval “irrevocable y no transferible” de 2,2 millones de euros (1,8 millones de dólares) para formalizar la compra de la sociedad Inassa a través del paraíso fiscal de Panamá tres semanas antes de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM) que presidía Alberto Ruiz Gallardón aprobara la operación.
EL aval sobre la adquisición de las acciones de la filial colombiana del Canal, que se fraguó a través de la offshore panameña Sociedad de Aguas de América (SAA) se firmó el 8 de noviembre de 2001, 21 días antes de la autorización del Consejo de Gobierno.
En la declaración del expresidente del Canal de Isabel II Pedro Calvo como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón del pasado 10 de enero, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que el 8 de noviembre de 2001 los gerentes de la empresa pública madrileña, antes de que su Consejo de Administración aprobara la compra, ya disponían de “una aval irrevocable y no transferible a favor de unas sociedades panameñas y uruguayas”, que eran las propietarias de SAA, “en la que estaban ya garantizando esta operación”.
La fiscal preguntaba entonces cómo era posible que, sin las autorizaciones, ya dispusieran de “una aval irrevocable que conllevaba una pérdida de casi 1,9 millones de dólares si no se aprobaba”. Pedro Calvo se quedaba prácticamente sin palabras y respondía que “no tenía conocimiento de ese aval” y que “en estos momentos” no podía dar una explicación.
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