Éste es el aval de 2,2 millones que firmó el Canal cuando no se había autorizado la compra de Inassa

OKDIARIO publica el aval «irrevocable y no transferible» de 2,2 millones de euros (1,8 millones de dólares) que suscribió el Canal de Isabel II para formalizar la compra de la sociedad Inassa a través del paraíso fiscal de Panamá tres semanas antes de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM) que presidía Alberto Ruiz Gallardón aprobara la operación.

EL aval sobre la adquisición de las acciones de la filial colombiana del Canal, que se fraguó a través de la offshore panameña Sociedad de Aguas de América (SAA) se firmó el 8 de noviembre de 2001, 21 días antes de la autorización del Consejo de Gobierno.

El escrito cita textualmente lo siguiente: «Por instrucciones de Canal de Isabel II («Los Ordenantes») Banco Español de Crédito, S.A. («El Banco») por la presente establece este aval irrevocable y no transferible n° AV1292-211-1255 a favor de Soluciones Ambientales, S.A., Stanke Investments, S.A. y Fianzas Internacionales Real, S,A. («Los Beneficiarios»), por un importe máximo de un millón ochocientos setenta y cinco mil dólares (USD$ 1.875.000,-) (El «Monto Original») con efecto a partir del 15 de Noviembre de 2001, fecha de adjudicación de la operación de venta del 100% de la Sociedad Aguas de América (La «Fecha Efectiva») y con vencimiento el 20 de Febrero de 2002, fecha en la cual caducará y quedará sin efecto ni validez».

«Este aval», añade, «está a disposición de los Beneficiarios contra letras pagaderas a la vista, giradas por estos contra el Banco, acompañadas de Certificado (El «Certificado») firmado para el efecto por persona/s con poderes suficientes para representar a los Beneficiarios (poderes que se acompañaran al Certificado y que deberán esta debidamente legitimados a fin de surtir efectos en España)».

También contempla el aval los supuestos por incumplimiento en la firma de la compra o en el pago: «Los Ordenantes, adjudicatarios del proceso de venta de la Sociedad Aguas de América según carta de adjudicación a presentar, han incumplido las obligaciones adquiridas bajo la Carta de Oferta suscrita el 14 de Noviembre de 2001 (La «Carta de Oferta») incumplimientos que constan de: Incumplimiento en firmar, a más tardar el 27 de Diciembre de 2001, el ‘Acuerdo de Compra Venta de Acciones’ y/ó incumplimiento en el pago a más tardar el 27 de Diciembre de 2001 de la cuota inicial del precio ofertado en la Carta de Oferta por la suma de diez millones de dólares estadounidenses (USD$ 10.000.000)».

El escrito indica que el pago «se efectuará dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de recepción del Certificado. Los pagos bajo el presente aval serán efectuados por el Banco mediante transferencia bancaria de fondos inmediatamente disponibles a la cuenta bancaria designada para el efecto por los Beneficiarios».

«Salvo estipulación en contrario, este aval esta sujeto a las Reglas y Usos Uniformes de los Créditos Documentarios Revisión de 1993, Publicación n° 500 CCI y cualquier discrepancia que surja del presente aval o de su ejecución, estará sujeta a la legislación Española. Madrid, a 8 de Noviembre de 2001» concluye el escrito.

La fiscal dejó sin palabras de Calvo

Tal y como publicó este diario, la fiscal anticorrupción del caso Lezo dejó sin palabras al expresidente del Canal de Isabel II, Pedro Calvo, tras preguntarle por el citado aval de 2,2 millones que firmó la empresa pública del agua.

En la declaración de Pedro Calvo como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón del pasado 10 de enero, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que el 8 de noviembre de 2001 los gerentes de la empresa pública madrileña, antes de que su Consejo de Administración aprobara la compra, ya disponían de “una aval irrevocable y no transferible a favor de unas sociedades panameñas y uruguayas”, que eran las propietarias de SAA, “en la que estaban ya garantizando esta operación”.

La fiscal preguntaba entonces cómo era posible que, sin las autorizaciones, ya dispusieran de “una aval irrevocable que conllevaba una pérdida de casi 1,9 millones de dólares si no se aprobaba”. Pedro Calvo se quedaba prácticamente sin palabras y respondía que “no tenía conocimiento de ese aval” y que “en estos momentos” no podía dar una explicación.