El Canal firmó un aval de 2,2 millones por Inassa 21 días antes de que se autorizara la compra por el doble de su precio

El Canal de Isabel II suscribió un aval de 2,2 millones de euros (1,8 millones de dólares) para formalizar la compra de la sociedad suramericana Inassa tres semanas antes de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM) que presidía Alberto Ruiz Gallardón aprobara la operación, y un mes y medio antes de que se firmara oficialmente el contrato, bajo el riesgo de su pérdida.

La adquisición de las acciones se fraguó a través de una offshore, la Sociedad de Aguas de América (SAA), que previamente había sido constituida en el paraíso fiscal de Panamá para garantizar la opacidad de la operación.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que, el 8 de noviembre de 2001, los gerentes de la empresa pública madrileña, antes de que su Consejo de Administración aprobara la compra, ya disponían de «una aval irrevocable y no transferible a favor de unas sociedades panameñas y uruguayas», que eran las propietarias de SAA, «en la que estaban ya garantizando esta operación».

Los investigadores se refieren a las instrumentales panameñas Financiera Internacional Real y a Soluciones Ambientales, ambas constituida en el mismo despacho de abogados de SAA -Obaldía y García de Paredes- y a la uruguaya Stanke Intvestment.
La sociedad panameña SAA, que nunca figuró en la aprobación de la CAM, fue disuelta en el registro de Panamá una vez que la operación fue consumada.

Estructura societaria en paraísos fiscales

El expediente de compra fue remitido por el Canal al Consejo de Gobierno de la CAM que, el 29 de noviembre, autorizó la operación con la firma de Juan Bravo -consejero de Hacienda- y Alberto Ruiz Gallardón- presidente autonómico. En la autorización se acordaba también el permiso para gestionar un crédito a largo plazo por un importe de 51,1 millones de dólares (58,1 millones de euros).

En dicho acuerdo seguía sin aparecer la fantasmagórica SAA constituida en un paraíso fiscal. Finalmente, la operación de compra se materializó el 13 de diciembre de 2001. Un mes después de la firma del aval de 2,2 millones, lo que exponía al Canal a la pérdida de esa cantidad si no se materializaba el acuerdo.

En el escrito de la Fiscalía a la Audiencia Nacional se confirma lo ya publicado por OKDIARIO: «La utilización de una compleja estructura societaria detrás de la cual se ocultó que la sociedad panameña SAA se creó con la finalidad de canalizar los intereses de las personas que se agrupaban tras la misma, cuya identidad se encubrió a través de sociedades panameñas y uruguayas».

Así mismo, para el Ministerio Público «estas personas actuaron durante todo el proceso como vendedores, compradores y gestores de la sociedad colombiana, situación claramente perjudicial para los intereses del Canal».

El Ministerio Fiscal responsabiliza de todo ese proceso falto de transparencia a las personas que «gestaron, planificaron y ejecutaron la operación», que no son otros que Arturo Canalda, el ya dimitido presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Juan Pablo López y José Antonio de Cachavera, según la acusación.

Un ex alto cargo del Canal manifestó a OKDIARIO que Cachavera fue el personaje clave en toda la operación. Ya en el informe de Cuatrecasas, elaborado en abril de 2009, presentaban a Cachavera como el jefe de Juan Pablo López Heras y como el responsable de la presentación del proyecto a la aprobación del Consejo de Administración del Canal, en el que no aparecía SAA.