La fiscal deja sin palabras a Calvo por el aval de Inassa: «No puedo dar una explicación»

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Declaración del expresidente del Canal de Isabel II, Pedro Calvo, en el caso Lezo. 10-1-2018.

La fiscal anticorrupción del caso Lezo dejó sin palabras al expresidente del Canal de Isabel II, Pedro Calvo, tras preguntarle por el aval «firme e irrevocable» de 2,2 millones que firmó la empresa pública del agua tres semanas antes de que el Consejo de Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón autorizara la operación de compra de Inassa por 73 millones de dólares.

En su declaración como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, del pasado 10 de enero a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Calvo es preguntado por el aval suscrito por el Canal el 8 de noviembre de 2001 por la compra de la filial colombiana, cuya autorización no llegó hasta tres semanas después. Concretamente, el 29 de noviembre del mismo año.

Durante el interrogatorio, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que, el 8 de noviembre de 2001, los gerentes de la empresa pública madrileña, antes de que su Consejo de Administración aprobara la compra, ya disponían de «una aval irrevocable y no transferible a favor de unas sociedades panameñas y uruguayas», que eran las propietarias de SAA, «en la que estaban ya garantizando esta operación».

Según la representante del Ministerio Público, los dirigentes de la empresa pública de aguas «ya tenían prevista hasta la fecha en la que se iba a mandar la oferta, la fecha en la que los compradores iban a aceptar y la fecha en la que iban a cerrar este acuerdo».

La Fiscalía Anticorrupción censuraba a Calvo que la garantía suscrita por el Canal con Banesto alcanzaba 1.875.000 dólares (2,2 millones de euros) con efecto «a partir del 15 de noviembre de 2001 y con vencimiento el 20 de febrero de 2002». En esa fecha Extensia, la sociedad mixta constituida por el Canal para la compra de Inassa, de la que era propietaria en un 75%, rubricó finalmente la operación.

La fiscal preguntaba entonces a Calvo en presencia del magistrado Manuel García Castellón cómo era posible que, sin las autorizaciones, ya dispusieran de «una aval irrevocable que conllevaba una pérdida de casi 1,9 millones de dólares si no se aprobaba».

Pedro Calvo se quedaba prácticamente sin palabras y respondía que «no tenía conocimiento de ese aval» y que «en estos momentos» no podía dar una explicación.

La compra «fraudulenta» de la filial

El 22 de diciembre pasado, la misma fiscal en un escrito presentado en el Juzgado de la Audiencia Nacional acusaba a los gestores del Canal de una «sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador», es decir para la empresa pública de la Comunidad de Madrid.

La Fiscalía afirmaba así mismo que, previamente, a la autorización del Canal y del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para presentar una oferta de compra sobre Inassa, algunos de los cargos del Canal como Arturo Canalda -director gerente-, José Antonio de Cachavera – director Económico y de Desarrollo-, Juan Pablo López Heras -subdirector de Nuevos Negocios- ya estaban gestionando y negociando la adquisición de la colombiana mediante una sociedad off shore interpuesta de Panamá.

Según la información que obra en poder de la Fiscalía se puede demostrar que, desde el 8 de junio de 2001, los gestores del Canal ya negociaban con Inassa, como queda plasmado con la firma de un contrato de confidencialidad con Rothschild, la intermediaria que representaba a los propietarios colombianos.

La cifra estipulada para la compra de la compañía que suministraba el agua a la ciudad colombiana de Barranquilla no fue autorizada por el Consejo de Administración del Canal hasta el 14 de noviembre de 2001, que dio el visto bueno a la oferta económica de 73 millones de dólares (más de 83 millones de euros) para sólo el 75% de Inassa.

Una semana antes, ya se había suscrito un acuerdo de compraventa de acciones de la sociedad off shore panameña Sociedad de Aguas de América (SAA), constituida exclusivamente para la operación, a fin de garantizar la opacidad del movimiento de capitales.

 

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