El Ministerio de Trabajo ordenó comprar el edificio de Caracas contra el criterio del embajador

Magdalena Valerio, exministra de Trabajo y presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso.
La ex ministra de Trabajo Magdalena Valerio.
  • Manuel Cerdán y M.A. Ruiz Coll

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Gobierno de Pedro Sánchez impuso en 2019 en contra del criterio del embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, la decisión de comprar un edificio en Caracas por 5,5 millones de euros como nueva sede de la Fundación España Salud (FES).

El consejero de Trabajo de la Embajada, José Francisco Armas, dirigió el proceso para dotar de una nueva sede a la fundación FES, creada por el Gobierno de Zapatero en 2006 para ofrecer asistencia sanitaria y prestaciones sociales a los españoles residentes en Venezuela.

El propio Francisco Armas (designado para este cargo por la ministra Magdalena Valerio) anunció el 28 de junio de 2019 ante el consejo de administración de la FES que su equipo ya había seleccionado un inmueble de siete plantas, situado en Altamira, para comprarlo por 5,5 millones de euros.

El inmueble pertenecía a la Inmobiliaria Memojual SA, dirigida por el abogado y empresario venezolano Eduardo José Borberg Bermúdez, que gestiona distintos negocios en República Dominicana, Panamá y Florida (EEUU). El objetivo de la operación era unificar en un solo edificio todos los servicios médicos y administrativos de la fundación.

El dinero que desapareció en Panamá

En aquel mismo consejo de administración del 28 de junio de 2019, el comisario de la fundación FES, Santos Rojas, informó de que la entidad tenía problemas para acceder a los 4 millones de dólares que había depositado en una entidad financiera del paraíso fiscal de Panamá, Allbank Corp, que quebró dos meses después.

Santos comunicó al consejo que los gestores del Banco Occidental de Descuento (BOD), grupo matriz del Allbank, habían propuesto entregar a la Fundación FES un edificio en el centro de Caracas, como «dación en pago» para saldar esta deuda de cuatro millones de euros.

El embajador Jesús Silva, que ocupaba el cargo de presidente de la fundación, propuso aceptar la oferta, ya que permitiría a la entidad dotarse de una nueva sede, sin gastar más de 5 millones de euros de su presupuesto, que está destinado a ayudar a los residentes españoles sin recursos.

Sin embargo, el consejero de Trabajo Francisco Armas rechazó con pretextos la propuesta de dación en pago: afirmó que todos los edificios ofrecidos por el Banco Occidental de Descuento (BOD) «tenían un sobrecoste sobre los actuales valores de mercado y requerían actuaciones urbanísticas que son ajenas al objeto fundacional de la FES».

Para imponer su criterio, Francisco Armas esgrimió ante el consejo de administración un correo electrónico en el que el secretario general de Inmigración del Ministerio de Trabajo, Agustín Torres Herrero, daba en nombre de la ministra Magdalena Valerio su «total apoyo» a la decisión de comprar una nueva sede por 5,5 millones de euros y se ponía «a disposición del consejo para realizar las gestiones que estimen necesarias para agilizar los trámites de la adquisición». Así consta en las actas del consejo de administración de la FES a las que ha tenido acceso OKDIARIO.

Francisco Armas esgrimió ante el consejo de administración de la FES un email del número 2 de la ministra Magdalena Valerio para imponer la compra de una nueva sede por 5,5 millones.

Tras la salida de Magdalena Valerio del Gobierno, el PSOE ha recolocado ahora a Agustín Torres Herrero como director general de la Administración General del Estado en el Territorio, a las órdenes del ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.

La principal objeción que el embajador Jesús Silva hacía a esta operación inmobiliaria era que la Fundación debía destinar su patrimonio (más de 12 millones de euros en 2018) a su fin social: ofrecer asistencia médica y prestaciones sociales a los españoles residentes en Venezuela.

Sin embargo, finalmente impuso la decisión de comprar una nueva sede el consejero de Trabajo de la Embajada, Francisco Armas, respaldado desde Madrid por el equipo de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Para ello se estableció el pago del 25% del precio del inmueble al firmar la opción de compra, y el 75% al escriturar la operación.

Ya al reincorporarse a su cargo de la Embajada en Caracas, en 2018, Francisco Armas impulsó una modificación de los estatutos de la Fundación España Salud (FES) y sustituyó a varios cargos de su junta directiva, por considerar que eran demasiados afines al PP (ya que habían sido designados durante la etapa de Mariano Rajoy en el Gobierno).

Para garantizarse el control económico de la entidad, nombró nuevo tesorero de la FES al presidente del Centro Asturiano de Caracas, Manuel Antonio Díaz Poo, que estaba considerado un como hombre más próximo al PSOE.

La número 2 de Gabilondo

Tras la salida de Magdalena Valerio del Gobierno, el nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, mostró muchas más reticencias hacia la labor de Francisco Armas en la Embajada de España en la fundación FES. Armas tampoco contaba con el favor de la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, quien hoy es la número 2 de la candidatura de Ángel Gabilondo a la Comunidad de Madrid.

En la actualidad, el cargo de Francisco Armas como consejero de Trabajo en la Embajada de España en Caracas tiene una doble dependencia: del ministro José Luis Escrivá (PSOE) y de la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz (Podemos). Los dos ministerios han constituido una comisión paritaria de seis miembros (tres designados por el PSOE y tres por Podemos) en la que ambos partidos consensúan el nombramiento de los consejeros de Trabajo en las distintas embajadas en el exterior. Un cargo muy bien remunerado, de acuerdo con la normativa sobre funcionarios españoles destinados en el extranjero, que sirve para colocar a sus afines.

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