La Fiscalía General de Ecuador ha abierto una investigación por un delito de malversación por el desvío de 4 millones de euros que fueron destinados para financiar presuntamente a Podemos a través de empresas interpuestas. En esta causa aparecen como investigados la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el diputado podemita Rafael Mayoral, que formaron parte de esta red que recibió contratos públicos adjudicados a dedo por Rafael Correa, ex presidente del Gobierno de Ecuador. En concreto, la gestoría Kinema recibió 1,6 millones de euros y la tapadera Mi País Consultores cobró 2,6 millones.

La Fiscalía ecuatoriana ha admitido a trámite la denuncia presentada por el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político en la Asamblea de Ecuador (su Parlamento), Fernando Villavicencio, según ha podido saber OKDIARIO. En un escrito firmado por la fiscal general Diana Salazar, este organismo comunica que se ha iniciado una investigación «en relación con la noticia criminis del presunto financiamiento de compañías relacionadas con funcionarios del partido político Podemos por un presunto delito de peculado (en España, malversación)».

El presidente de la Comisión de Fiscalización denunció que el Gobierno del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa adjudicó contratos públicos a dedo por valor de 1,6 millones de euros a Kinema, la cooperativa de Podemos. Unos pagos que se llevaron a cabo a través de la Embajada de Ecuador en España entre los años 2013 y 2016. Estos contratos tenían como objeto un asesoramiento jurídico en materia de derecho hipotecario. A cambio de altas sumas de dinero, la entidad vinculada al partido fundado por Pablo Iglesias asesoraba a los ecuatorianos residentes en España para evitar que fueran desahuciados.

Irene Montero también fue denunciada por formar parte presuntamente de esta red utilizada para financiar desde países latinoamericanos a Podemos. Por este motivo, ahora la ministra de Igualdad está siendo investigada. Hay que recordar que el ex embajador de Ecuador en España Pascual del Cioppo desveló –en una entrevista concedida al periodista ecuatoriano Carlos Vera– estas adjudicaciones irregulares y añadió que «el presidente de la compañía Kinema era Rafael Mayoral, diputado de Podemos desde el 2015, y en el otro (lado) actuaba una señora que es Irene Montero que es la esposa de Pablo Iglesias».

Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que Irene Montero formaba parte de esta red, ahora denunciada ante la Fiscalía, ofreciendo unos supuestos servicios de asistencia psicológica a ecuatorianos que iban a ser desahuciados. Hay que recordar que la ministra de Igualdad se licenció en Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2011.

Kinema

La denuncia recoge la documentación, desvelada en exclusiva el 13 de septiembre de 2021 por este periódico, que demuestra estos pagos realizados entre los años 2013 a 2016 a la cooperativa Kinema, fundada por Rafael Mayoral. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que estos fondos otorgados a la cooperativa Kinema fueron a parar en última instancia a las arcas de Podemos. Añaden: «El objetivo de Correa era financiar a través de empresas interpuestas, como es esta cooperativa, al partido que entonces lideraba Pablo Iglesias».

Los contratos firmados después de julio de 2015 son claves para investigar la financiación ilegal de Podemos en España, puesto que a partir de dicha fecha entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015 por la que se modifica el Código Penal e incorpora la tipificación de un nuevo delito de financiación ilegal de los partidos políticos que reciban fondos de «Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos que superen el importe de 100.000 euros».

Hace un año, Vox denunció ante la Fiscalía Anticorrupción los contratos otorgados a Kinema hasta el año 2013. Sin embargo, el Ministerio Público desestimó dicha denuncia al entender que en esa fecha el Código Penal no recogía la financiación ilegal de los partidos que recibieran fondos de países extranjeros. Pero ahora, las circunstancias son bien distintas: la cooperativa de Podemos recibió fondos para financiar presuntamente al partido durante los años 2015 y 2016. Estos contratos, que ya están siendo investigados en la Fiscalía de Ecuador por malversación, ahora sí pueden ser investigados en Anticorrupción por un presunto delito de financiación ilegal.

Tapadera de Podemos

La Fiscalía también investiga los pagos por valor de 2,9 millones de euros ordenados por Correa a una empresa interpuesta de Podemos llamada Mi País Consultores SL, con el pretexto de la realización de unos supuestos asesoramientos jurídicos sobre los desahucios. Un dinero que fue desviado del presupuesto de la Embajada de Ecuador en España entre los años 2016 y 2018 a través de un testaferro. Esta tapadera fue constituida tras el veto a Kinema, la cooperativa de Podemos, por sus elevadas tarifas durante cuatro años. La empresa heredera de la cooperativa de Podemos contaba con muchos de los trabajadores de Kinema. Un testigo de los acuerdos y la creación de la nueva compañía reveló a este periódico los detalles de la necesidad de la creación de la nueva empresa.

Una de las personas que fue testigo de esta contratación desveló a OKDIARIO que el diputado de Podemos en el Congreso Txema Guijarro intermedió ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del país andino para que contratara a un ciudadano ecuatoriano llamado Walter Napoleón Jaramillo Mena. Esta persona constituyó una sociedad en el barrio de Usera de Madrid cuatro días antes de que finalizaran los pagos a Kinema para que fuera contratada por la oficina diplomática y así poder seguir canalizando los pagos millonarios. Guijarro recurrió a Jaramillo, que se prestó a actuar de testaferro y a contratar a abogados de la cooperativa de Podemos en la empresa interpuesta. Estaba hecho: otra empresa cercana a Podemos –tras el veto a Kinema– pasaba a cobrar el dinero de Correa a cambio de asesoramiento legal.

Este periódico desveló en exclusiva los contratos que demuestran estos pagos millonarios. Una documentación que desapareció de las oficinas diplomáticas del país andino y que hasta el momento no había visto la luz. Desde las transferencias bancarias y las facturas emitidas por las consultoras de Podemos hasta las órdenes de pago firmadas por los embajadores de Ecuador en Madrid y las autorizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicado en Quito.